Estos roban, pero al menos hacen algo

La corrupción es intrínseca a la historia argentina. El escritor Félix Luna inició la andadura de su Breve historia de los argentinos reconociendo que la primera ocupación en el virreinato del Río de la Plata fue el contrabando. Se practicaba para damnificar fiscalmente a la Corona española y este perjuicio siempre estuvo justificado en aras de la independencia. Tras este premonitorio comienzo y a lo largo de 200 años de emancipación, la corrupción pública y privada no solo ha crecido hasta convertirse en un mal endémico, sino que la indignación contra el fraude ha menguado hasta rozar la plena tolerancia.

A pocos meses de una nueva elección presidencial, la octava desde la recuperación de la democracia en el país en 1983 y las primeras tras un periodo de 12 años en los que el poder lo ostentó el matrimonio Kirchner, la sensación en la capital argentina y en la provincia de Buenos Aires —distritos electorales clave del país— es que los votantes no aspiran a tener un Gobierno íntegro, sino uno que no robe demasiado. Tampoco buscarán uno que impulse una economía abierta y competitiva, sino uno que capee la crisis sin hacer grandes ajustes.

TOMÁS ONDARRA
TOMÁS ONDARRA

Grosso modo, por cada tres argentinos en edad de trabajar, uno está en el sector privado, el otro en el público y el tercero vive de las subvenciones. En esta situación, no es de extrañar el temor al cambio. Para colmo, el kirchnerismo no para de advertir que si en octubre les dan la espalda viene el lobo. Y la oposición, de momento, poco convence de lo contrario. El voto parece más dirigido a castigar al Ejecutivo que a favorecer un proyecto alternativo. Prueba de ello es que en un reciente sondeo de una consultora privada en el que participaron 20.000 argentinos, solo 5 de los 13 aspirantes a la presidencia figuran entre las 100 personalidades más honestas. Ninguno de ellos aparece entre los 10 primeros.

El debate sobre los procesos que salpican al Gobierno —como el caso Nisman, la ruta del dinero K, el presunto fraude fiscal de una empresa hotelera de la presidenta; o sobre la precaria situación de la seguridad ciudadana, la educación o la sanidad— se concentra en programas periodísticos sospechosos de antemano de parcialidad y manipulación, tanto en favor como en contra del Gobierno. La imposibilidad de adoptar un discurso moderado —prevalece el “estás conmigo o contra mí”— y la constante duda de que detrás de cada crítica hay intereses espurios son parte del legado kirchnerista que ha llevado a los argentinos al enfrentamiento permanente.

La sociedad argentina parece estar anestesiada por las facilidades del consumo. A pesar de la alta inflación, las escasas reservas, las restricciones al cambio de divisas y otros problemas, el Gobierno decidió encarar la recta final hacia los comicios con una inyección de unos 10.000 millones de euros a la economía, entre aumentos de salarios, jubilaciones, subvenciones y planes de compra en 12 cuotas, entre otros estímulos. Televisores y refrigeradores nuevos para un país con déficit energético y flamantes coches para recorrer carreteras vetustas, todo a cambio de un aumento interanual del déficit fiscal de casi el 1.000% solo en los primeros cinco meses de 2015, según la Asociación Argentina de Presupuesto.

Dar publicidad a un dato y citar su fuente tampoco está exento de sospechas. El sector privado y los organismos internacionales desconfían de las cifras macroeconómicas procedentes de los organismos oficiales y el Gobierno tacha de falsa cualquier estadística que provenga de las asociaciones privadas. Hace poco tiempo, la Universidad Católica Argentina (UCA) presentó su barómetro de la pobreza y concluyó que esta había crecido en 2014 frente al año anterior y que afectaba al 28,7% de la población. En cifras absolutas, cerca de 11 millones de personas, sobre el censo de 2010, están en la pobreza. “No me creo nada este informe”, dijo sin más explicaciones el jefe de Gabinete, y zanjó la cuestión.

Los discursos, las intervenciones y las declaraciones en caliente de los políticos dan sensación de deriva institucional. Los empresarios, salvo que estén muy identificados con algún bando, ni siquiera intervienen activamente en el debate sobre el futuro del país. Por miedo, desinterés o desconfianza, el sector privado, vital para el desarrollo, prefiere callar. La mayoría de los hombres de negocio más poderosos del país, como Paolo Rocca (Techint), Alfredo Coto (Grupo Coto), los hermanos Bulgheroni (Bridas), Jorge Brito (Grupo Macro), por mencionar algunos, han sido tachados de desestabilizadores del modelo económico por el Gobierno, calificativo que inmediatamente pone a la empresa en la mira de la agencia tributaria local, la AFIP.

La justicia, último recurso ante el desamparo, tampoco es un referente. Muchos de los jueces que hoy aparecen como paladines de la ley y el orden convivieron con el régimen kirchnerista en otros tiempos y no son creíbles ante la sociedad aunque la causa que defiendan sea justa. El sistema requiere una profunda transformación para que los magistrados y los fiscales no sean nombrados a dedo por el Gobierno y el ámbito judicial deje de ser un hervidero de enchufados políticos como los ministerios y las empresas públicas. El transfuguismo no solo es moneda corriente entre los políticos, los jueces también lo practican, aunque de forma menos obvia.

La falta de un diálogo moderado y razonable por todas las partes hace imposible abordar los grandes desafíos de Argentina a corto y medio plazo. La fórmula kirchnerista —tres partes de peronismo de los setenta, dos de populismo del siglo XXI, dos de capitalismo de amigos y media de marxismo de cafetería— no ha sido eficaz, tras 14 años de bonanza, para remediar tres grandes problemas que el país debe abordar para crecer: infraestructuras, sanidad y educación. Todas son cuestiones urgentes, pero la última es la que parece deteriorarse a marchas forzadas: de cada cuatro niños argentinos que empiezan la escuela primaria, dos terminan y solo uno de ellos es capaz de comprender un texto.

Votar al que menos roba puede ser un consuelo, pero nunca es el camino para un país que aspira a lograr un modelo de igualdad de oportunidades. La corrupción rápidamente avanza sobre todo y todos hasta que su erradicación se hace prácticamente imposible, porque amordaza a cualquier persona u organismo capaz de arrojar la primera piedra. Como dijo el filósofo español Fernando Savater, “los políticos son todo lo malos que los dejamos ser. Y serán peores si la sociedad no les pone límites. Hay que empezar a castigarlos de forma muy severa. Deben estar controlados, aunque sea, por el miedo: sea éste el de perder sus puestos, a las leyes, a la opinión pública o a su propia vergüenza”. En esto deberían pensar los argentinos cuando vayan a votar en octubre.

Fernando Gualdoni, periodista.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *