A pesar de representar solo 10% del valor total de las empresas que cotizaron en Nueva York hacia fin de 2021, las criptomonedas estuvieron al tope de las noticias financieras en la mayoría de los medios el año pasado, impulsadas en gran parte por las cotizaciones récord a las que llegaron. El interés fue mundial y América Latina no quedó afuera. Más bien todo lo contrario.
En esta región del mundo tenemos a El Salvador, el primer país que adoptó una criptomoneda (el Bitcoin) como moneda de curso legal. Además, América Latina aloja a dos de los países que integran el top 10 de mayor adopción de estos activos en el planeta: Venezuela y Argentina. Con estos datos, es imposible preguntarse qué desafíos imponen las criptomonedas a las sociedades latinoamericanas. ¿De qué manera se “narran” en esta región del mundo los nuevos fenómenos asociados al mundo crypto?
Existen, al menos, tres sujetos desafiados por esta agenda: los Estados, el sistema financiero y los sectores progresistas. Los tres tienen en común la necesidad de revisar sus propios límites. En el caso de los Estados, los enfrenta a la necesidad de analizar qué regulaciones conviene (o no) poner sobre estos activos, ya que en los países de América Latina la evasión fiscal y el lavado de activos tienen una trágica cara social de desigualdad y pobreza. El sistema financiero también es desafiado, porque la exponencial inserción de las criptomonedas les disputa la centralidad y el poder en la administración de las transacciones de dinero. Y a los sectores progresistas, porque su tendencia a calificar de “moralmente mala” la especulación financiera limita su capacidad de pensar por qué las criptomonedas tienen entre las ciudadanías latinoamericanos un nivel de aceptación tan alto.
Entender la lógica del funcionamiento de las criptomonedas es complejo. En principio, porque rompe una idea que tenemos completamente naturalizada y es que el dinero es emitido únicamente por una institución que tiene el monopolio absoluto en cuestiones monetarias (por lo general, el banco central de cada país). Al contrario del dinero “fiduciario” (ese es el nombre “técnico” del dinero que conocemos), las criptomonedas son emitidas de manera descentralizada y toda la cadena de intercambios monetarios es custodiada por una red de computadoras que validan cada operación para que cada una de estas transacciones sea única y no pueda duplicarse. El blockchain, la tecnología sobre la cual se edifican las criptomonedas, permite estructurar los datos en “bloques” encriptados que garantizan su seguridad.
Es esta característica descentralizada la que pone en jaque a las instituciones tradicionales, como el Estado y el sistema financiero en general. En un mundo cada vez más integrado, sobre todo por la centralidad que las plataformas digitales de interacción social tienen en la vida actual, las transacciones monetarias centralizadas no satisfacen una necesidad genuina de intercambio en un espacio virtual que trasciende las fronteras geográficas. Para América Latina siempre ha existido esta relación monetaria entre países, ya que el envío de remesas es una parte importante del movimiento de divisas de esta región del mundo. Pero el surgimiento de nuevas soluciones tecnológicas abren la puerta a nuevas maneras de solucionar viejos problemas, sobre todo si permiten eliminar los intermediarios (y con ello los costos y complejos procesos burocráticos).
La contracara de este tipo de tecnología es la nula trazabilidad. En América Latina, la evasión fiscal representa 6.7% del Producto Bruto Interno regional y suma un total de 325,000 millones de dólares. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), esto atenta contra el desarrollo latinoamericano ya que le quita recursos a los Estados para implementar políticas públicas que favorezcan el crecimiento, la inclusión social y la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Las criptomonedas tienen un alto grado de componente especulativo. Son una inversión que, a pesar de su gran riesgo, pueden ser también altamente rentables. Pero no hay que dejar de lado cómo las criptomonedas también ofrecen soluciones especiales a problemas particulares de la economía latinoamericana. Los dos países de la región que están al tope de la utilización de las monedas digitales, Venezuela y Argentina, también coinciden en el ranking de los países con más inflación en el mundo.
Cabe preguntarse cómo la política responde a estas prácticas sociales. Parecería que los únicos que toman esta agenda son los sectores ultraliberales promercado. Las fuerzas progresistas, por el contrario, oscilan entre dos actitudes: condenar la utilización por favorecer la especulación financiera o directamente no reparar siquiera que existen. En ninguno de los dos casos se llega a entender la dimensión del fenómeno. Y cuando la política no habla de los intereses genuinos de la sociedad, deja de representarla.
Claro que no todos los ciudadanos de América Latina utilizan este tipo de activos. La brecha digital deja sin acceso a internet a 32% de la población regional, que en números absolutos significan 244 millones de personas sin conectividad. Pero es un error pensar que la narrativa sobre las criptomonedas no les llega, porque este tipo de activos es utilizado por supuestos gurúes financieros que ofrecen inversiones mágicas y, en realidad, son esquemas o estafas piramidales. En Argentina, en las últimas semanas, hay varias causas judiciales que investigan a empresas por montar supuestas estafas bajo el discurso de la inversión en criptoactivos.
El debate sobre qué actitud se puede tomar frente al surgimiento de las nuevas tecnologías es intrínseco a la tecnología. Siempre hubo gente más “apocalíptica” (o pesimista) respecto de los efectos que el uso de esas tecnologías podrían tener en la sociedad, y otros más “integrados” (u optimistas) con ellas. Quizás sería momento de pensar en una tercera vía, que permita entender la demanda social y, con una mirada que favorezca a las grandes mayorías, potenciar los aspectos positivos de estos cambios.
Estefanía Pozzo es una periodista argentina especializada en temas económicos y financieros.