¿Valdrá todo a la hora de hacerse publicidad y será lícito afanar presencia pública a cualquier precio? ¿Aún a costa del abuso de las instituciones más cualificadas? La tan permisiva cuando no abusiva sociedad española nos ofrece un par de ejemplos que incitan a reflexionar.
En la preciosa ciudad francesa de Estrasburgo tiene su sede una de las instituciones europeas más relevantes dada la alta función que está llamada a desempeñar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muy tempranamente el Consejo de Europa se movilizó para que cuanto antes los más importantes derechos fundamentales y libertades públicas que habían proclamado la Declaración Universal de Derechos Humanos, hecha por Naciones Unidas en París en 1948, pudieran encontrar instrumentos de garantía que resultaran eficaces. Es así como una vez promulgado el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, pondría en funcionamiento el citado Tribunal, que resultó en su origen auténticamente revolucionario: inimaginable entonces que los Estados aceptaran someterse a una jurisdicción internacional. Hoy creemos que todo ha caído del cielo y como si hubiera tenido que ser siempre así, pero fue un valioso salto en el vacío el que supieron asumir los Estados del Consejo de Europa. Hoy el Tribunal tiene la última palabra en materia de derechos humanos, vinculando a 47 Estados, con una población de cerca de ochocientos millones de personas.
Desde otra perspectiva, basta abrir los ojos para apreciar la desfachatez y oportunismo con que tantos entre nosotros tratan a los Tribunales buscando torticeros lucros personales. Establecidos los Tribunales para la digna y relevante misión de dirimir los conflictos y ejercer el monopolio de la violencia al sancionar los delitos, como opción destacada del Estado, una sociedad tolerante y permisiva ha dado por bueno que con desconocimiento de todas las contenciones y de las imprescindibles reglas de respeto, se haga uso de los Tribunales en búsqueda de injustificables intereses privados y sectarios. ¿Que se quiere presionar a un competidor, o amilanar a un enemigo? Ahí está el chantaje de la fórmula de la llamada «querella catalana», y no digamos las denuncias sin fundamento en el ámbito de la lucha política, que tanto han proliferado, y tantos ejemplos similares que se ponen en marcha impunemente, que causarán mucho daño y desprestigio, para luego quedar en nada, pero además sin que tan irresponsables actuaciones impliquen en general coste alguno para quienes las han puesto en marcha. Sorprende, pero en ese clima de tolerancia, hasta es posible observar cómo se ha llegado a proyectar tal comportamiento al Tribunal Europeo de Derecho Humanos, despreciando su altísima misión, haciéndole perder tiempo en vano, buscando el mero lucro personal y sectario. La actual realidad española ofrece dos ejemplos tan patentes como indignantes, curiosamente en el ámbito de la política, que vale la pena considerar. Y es que, en efecto, han proliferado políticos ávidos y hábiles en usar los instrumentos jurídicos para ganar presencia pública como sea.
El aspirante a candidato Otegui fue condenado penalmente tras el debido proceso con todas las garantías, y una de sus condenas fue la inhabilitación que le impedía formalmente presentarse a las elecciones como candidato. Cuando llegó la hora, al reclamar en vano, cada recurso perdido o mal planteado, sería hábilmente utilizado como reclamo publicitario para ganar presencia pública, sorprendiendo además la atención que se le dedicaría. Pero luego vendría la guinda, no sin tratar de descalificar el sistema interno de justicia: «¡Ya iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Estrasburgo nos dará la razón!». Manida y reiterada cantinela sin fundamento alguno, que me lleva incluso a recordar un ejemplo sobresaliente: años pasados, cuando en aplicación de la Ley de Partidos Políticos fue suspendida «Herri Batasuna», fueron suspendidas también las fórmulas sustitutorias con que se pretendía concurrir a las elecciones. Pusieron a caldo a las autoridades y Tribunales Españoles y, siempre, la fórmula recurrente: «Iremos a Europa y Estrasburgo nos dará la razón». Y Estrasburgo, en efecto, el 30 de junio de 2009 producía un contundente bloque jurisprudencial –que he estudiado con detenimiento en otro lugar–, que rechazaba radicalmente cualquiera de sus pretensiones, acreditando que España había actuado correctamente haciendo lo que debía hacer. Pero hay quien no quiere aprender porque no le conviene. Pero lo que cuenta son los hechos sin dejarse engañar por los argumentos necios: diré con energía que tengo la seguridad de que algo similar va a ocurrir con el nuevo caso e, incluso, apostaría, que ni siquiera será admitido por el Tribunal Europeo, que pasará olímpicamente del caso. Pero el truco es aparatoso y atrae. Paso ahora al supuesto de los recalcitrantes del Parlamento Catalán promoviendo decisiones ilegales, claramente contrarias al sistema jurídico, al orden constitucional y sin encaje en el Estatuto Catalán, por más que quieran revestirlas de un soporte democrático que no se ve por ninguna parte, a consecuencia de lo cual se han arriesgado a ser condenados. ¡Pues no, estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión!, dirán. ¡Y por supuesto que vamos a ir al Tribunal de Estrasburgo, que nos dará la razón! Tan bien informados y aconsejados, hacen como que no saben que la libertad de expresión tiene sus límites y sus espacios vedados, que a ellos no les legitima de ninguna manera en este caso. Es evidente que todo es pura fachada sin ningún fundamento. Nada pueden esperar del Tribunal Europeo. Pero Estrasburgo es un buen tema de publicidad, aunque esté claro que así no engañan a nadie sino a sí mismos.
Así se escribe la historia, pero las apariencias se las lleva el viento. Aunque no será ocioso recalcar con energía que el Tribunal de Estrasburgo merece todos los respetos, que es una falta de consideración hacerle perder el tiempo en vano, y que quienes aspiran a desempeñar cargos públicos deberían dar a todos ejemplo de civismo y del más delicado respeto a las instituciones.
Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, catedrático honorífico de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y miembro del Colegio Libre de Eméritos.