Estrasburgo o libertad política para todos

La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que avala la legitimidad democrática de la Ley de Partidos y, por tanto, la ilegalización en su momento de Batasuna y Herri Batasuna a nadie puede dejar indiferente. Es claro que en el debate está en juego la verdad de un sistema democrático. Es algo así como el cirujano con el bisturí en una operación a vida o muerte. Cualquier error puede ser fatal y el acierto puede devolver la vida al enfermo. Ésta es la cuestión. Están en juego algunas libertades políticas y civiles de muchos ciudadanos, gran parte de la izquierda abertzale, cuya limitación, de ser injusta, sería un mal irreparable; y está en juego la paz social que preserva un Estado y en la que se sostiene; repito esta idea, está en juego no sólo la seguridad de un Estado, sino la paz social y ¡la misma vida! que sus ciudadanos requieren y a las que tienen derecho.

Ya sé que este elemento me define, pero lo mantengo. Estoy leyendo y escuchando que se ha valorado más la seguridad de un Estado que la libertad de unos ciudadanos; y si así fuese, sería muy injusto. Como no soy un ingenuo, no niego este factor de un Estado que presiona y busca su seguridad. Pero reclamo que se reconozca lo que acabo de decir. Es la libertad política, y la vida, de unos ciudadanos que, amenazada e impedida por ETA, también hay que preservar. Es un choque en el ejercicio de las libertades ciudadanas de los vascos y que hay que resolver en términos democráticos, y por tanto, y en primer lugar, en términos no violentos. Si hay violencia de ETA, ya no hay política. Ésta es una cuestión ineludible. Y el que la elude se reserva el derecho de salirse de la política cuando le convenga, y eso es temible para los adversarios con otras ideas.

La parte más sustancial del problema, para mí, no es que Estrasburgo deja sin libertad política a muchos ciudadanos vascos, ¡que es una cosa muy seria!, sino que les dice que no se puede confiar el voto a grupos políticos «coordinados» con ETA. La conexión con ETA deben probarla los tribunales. El votante, y sobre todo el candidato tienen que dejar la ingenuidad en casa y saber que por encima de ellos, y sin su conocimiento y aprobación, puede darse esta coordinación. Si no lo saben, mal; si no lo quieren saber, peor; si lo saben y lo relativizan, qué puedo decir. Yo tengo la convicción moral de que se da. Los tribunales tienen que probarla (lo han hecho en varios supuestos) y llegar hasta donde confirmen las pruebas.

Retomo lo fundamental de mi argumento. No pienso que el Tribunal de Estraburgo sea el oráculo divino y sin presiones de ningún tipo, pero confío en que su resolución es la más ajustada a un sistema democrático razonablemente posible y justo. Todos los ciudadanos que se crean injustamente tratados por esta sentencia, para que la injusticia lo sea a nivel privado, tendrían que compartir esta afirmación: «No quiero que ningún ciudadano padezca violencia política alguna a manos de ETA, no quiero, menos aún, que nadie sea asesinado por sus ideas políticas. Me repugna y lo digo». Como esto es una cuestión de conciencia personal, que no se puede imponer, quienes se dedican a la política profesionalmente en el País Vasco debieran dar cuenta pública de esta condena expresa de la violencia de ETA. Hace tiempo que lo considero un mínimo moral para dar dignidad a la profesión de político. No veo cómo confiar en alguien que no lo haga. Hay más razones para desconfiar de algunos, pero ésta es vital.

Termino con lugares comunes en mis reflexiones. La democracia exige incuestionablemente la renuncia a la violencia; la democracia es un sistema de equilibrio justo entre todos los derechos de todos, y por eso, siempre limitado, pactado, progresivo y abierto a todo, incluida la autodeterminación; la democracia tiene una base moral en la vida y la libertad de todos, y hay que respetarlas, me guste mi Estado y mi nación, o los considere a uno, o a los dos, claramente extraños. Cuando el conjunto de fuerzas sociales y políticas de un lugar quiere algo, y lo quiere con mayorías bien nutridas, todo es posible. De esto se trata en la política democrática, aunque no se consiga siempre a la primera y ya.

Seguramente, el Tribunal de Estrasburgo ha sufrido muchas presiones del Estado; confieso que esperaba otra sentencia más matizada y hasta distinta; también la habría aceptado; pero añado que la izquierda abertzale que concurre en Batasuna no se hace cargo de hasta qué punto infinidad de ciudadanos vascos se sienten o se saben amenazados y perseguidos en su libertad, o en la de sus vecinos. No tienen ni idea, y esto les hace incomprensible que les nieguen unas siglas políticas concretas, ¡que no su opción nacional!, mientras los tribunales digan que son las de ETA.

José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete, profesor de Moral Social Cristiana.