Estrategia de Seguridad Nacional

Por mucho tiempo, la sustancia de la vida humana ha sido el peligro. Por ello, la voluntad de seguridad ha sido posiblemente una de las ambiciones que más han contribuido a moldear la evolución de las instituciones sociales y políticas. Coincidiendo con pensadores como Maquiavelo, Jean Bodin o Thomas Hobbes, los primeros Estados surgidos en Europa a principios del siglo XVI convirtieron la protección de sus súbditos en su obligación natural, principio cuya validez no ha sido revocada por ninguno de los cambios institucionales que habrían de llegar. Antes bien, incluso bajo los actuales ordenamientos liberales y democráticos, cuyo buen funcionamiento dependen de un sistema de controles y contrapesos al poder estatal, la responsabilidad de preservar la seguridad sigue recayendo esencialmente sobre los hombros del Estado. Reafirmando esa carga el 26 de julio de 1947 el presidente Harry S. Truman firmaba la primera Acta de Seguridad Nacional, concebida como principio orientador de la futura política exterior estadounidense.

Estigmatizada por su vínculo con ciertas maniobras oscuras de la Guerra Fría, relegada después por la multiplicación de nuevas definiciones de la seguridad propuestas tras la caída del Muro de Berlín, el concepto de «Seguridad Nacional», bien que adaptado a los tiempos recientes, ha vuelto a reintegrarse a las directrices estratégicas de no pocos países de nuestro ámbito. Siguiendo esa tendencia, y apoyándose en la “Estrategia Española de Seguridad” promovida en 2011, el 31 de mayo de 2013 el Consejo de Ministros aprobaba la primera «Estrategia de Seguridad Nacional».

Aunque la última Estrategia prorroga la anterior, cabe saludar su aprobación con el consenso del PSOE, condición crucial para cualquier política de Estado. También debe valorarse la inclusión del término «nacional», ausente en el documento de 2011, acaso por algún complejo inconfesable. Otra omisión inexplicable queda igualmente resuelta al aportarse una definición de seguridad nacional, descrita como la «acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos».

La última Estrategia vuelve a conceder máxima relevancia a las «dimensiones internacionales de la seguridad», según queda expresado en el capítulo dedicado al entorno geoestratégico mundial (que acertadamente otorgan prioridad a Europa, Mediterráneo y América Latina) y el que describe unos riesgos y amenazas prácticamente compartidos con nuestros socios y aliados. Así ocurre con los conflictos armados, el terrorismo, la criminalidad organizada, la inseguridad financiera y económica, la vulnerabilidad energética, la proliferación de armas de destrucción masiva, las ciberamenazas, los flujos migratorios irregulares y las emergencias y catástrofes, ya precisados en 2011, pero también con la vulnerabilidad del espacio marítimo y de infraestructuras críticas y de servicios esenciales y el espionaje, incorporadas en 2013. Empero, cada amenaza o riesgo se incorpora sin recibir gradación frente a los demás cuando evidentemente algunos son más inmediatos, específicos y graves que otros y cuando no todos atentan directamente contra la integridad física de los ciudadanos o la integridad territorial de España. Asimismo, hubiera sido aconsejable un mayor detenimiento en peligros y problemas no compartidos. El problema de ETA se da por acabado. Así parece realmente. Pero ¿es prudente asegurarlo en un documento de tales características?… Además, más allá de la amenaza yihadista, bien ponderada en su gravedad, no se considera expresamente el riesgo de otros posibles terrorismos; por ejemplo, nacionalistas o de extrema izquierda. Tampoco se subraya suficientemente la superior exposición de España a riesgos y amenazas procedentes de África y del Mediterráneo Occidental. Con todo, el diagnóstico sobre el entorno de seguridad y las fuentes de inseguridad regional y global es muy completo y plenamente coherente con una adecuada visión integral y transversal de la seguridad. También se constatan avances en la descripción de los ámbitos de actuación, objetivos y líneas de acción a desarrollar para dar respuesta a las amenazas y riesgos previamente indicados.

Una crítica generalizada a la Estrategia Española de Seguridad apuntó a su falta de concreción sobre el modelo institucional encargado de su implementación. La nueva Estrategia mantiene la propuesta de un Consejo de Seguridad Nacional, aprobada en un Real Decreto el mismo 31 de mayo. Se detalla la composición del Consejo, anticipándose además una serie de comités especializados de apoyo pendientes de especificación. Por consiguiente, la indefinición aún es considerable, si bien se ha tenido el acierto de comprometer un plazo límite (seis meses) para elaborar un anteproyecto de Ley Orgánica sobre la arquitectura del nuevo Sistema de Seguridad Nacional. Dada la importancia del proyecto, cabría solicitar a gobierno y oposición que se apresten a colaborar para seguir avanzando en su desarrollo antes de que la legislatura llegue a su fin. España y los españoles saldrían ganando.

Luis de la Corte Ibáñez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

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