ETA ha asesinado a dos guardias civiles en Francia. El atentado no merece, a estas alturas, demasiado análisis. ETA es una organización criminal profesional y se dedica a asesinar. Lo hace cuando le interesa en función de sus propias dinámicas internas, el objetivo de las cuales es mantenerse asesinando para obligarnos a cambiar nuestro comportamiento colectivo por medio del terror. A estas alturas no debemos pretender que los etarras entiendan que el modelo colectivo de convivencia no van a cambiarlo con la violencia, porque el terrorismo para ETA ha pasado de ser un instrumento criminal para convertirse en un modo de vida, un modo de vida basado en la muerte de los demás, muerte civil o muerte biológica. Hemos llegado al final.
La política antiterrorista ha de estar basada en el desmantelamiento de ETA. Si ése no es su centro de gravedad, la política antiterrorista estará equivocada. Esa política puede articularse a través de varias estrategias, estrategias que han de acompasarse a las condiciones más favorables para el Estado en cada momento evolutivo concreto de la situación. Ha habido momentos a lo largo de nuestra democracia en donde la estrategia ha sido contactar con ETA y entablar conversaciones para encontrar una vía de desmantelamiento. En todas esas ocasiones de diálogo, ETA ha salido reforzada. Otra estrategia ha sido aplicar toda la presión del Estado sobre las distintas dimensiones que configuran a ETA, desde sus comandos asesinos pasando por sus siglas políticas, siguiendo por las empresas pantalla, sus finanzas o su comunicación. De esta estrategia, ETA habitualmente ha salido más o menos debilitada dependiendo de las coyunturas en cada uno de sus períodos históricos. En resumen, la estrategia de diálogo siempre ha fracasado y la estrategia de represión todavía no ha obtenido todos los frutos potenciales que podría conseguir.
La estrategia de la represión de ETA en política antiterrorista no ha funcionado nunca plenamente porque nunca se ha aplicado plenamente. Después de 1988 y sin llegar a cumplirse una década, la estrategia de la represión se enmarcaba en el paradigma político del Pacto de Ajuria Enea, pero su operacionalización era muy débil. Había acuerdo político, unidad de los partidos frente al terrorismo de ETA, las medidas policiales eran intensas y la cooperación con Francia mejoraba paulatinamente, pero la estrategia del Estado no era integral. Ajuria Enea no estuvo acompañada por una intervención decidida sobre el aparato político de ETA, ni sobre sus finanzas, empresas o sus comunicaciones. Por tanto, si contamos menos de una década después de firmarse Ajuria Enea, llegamos a la conclusión de que contábamos con unidad política, pero la falta de visión integrada de la acción del Estado, que no intervenía en paralelo sobre todos los frentes de ETA, se traducía en que la debilidad de una parte del entramado terrorista se compensaba con la fortaleza de otros de sus componentes.
Tras unos años de agonía de Ajuria Enea llegó otro pacto, el de Lizarra, en 1998. El acuerdo del nacionalismo vasco con ETA personificó la defunción de la unidad democrática contra el terrorismo. Sin embargo, casi como mecanismo de equilibrio, diversos poderes del Estado reordenaban la estrategia de represión dirigiéndola hacia una articulación más integrada y paralelamente distribuida contra casi todas las aristas de ETA. El fin de Ajuria Enea supuso el principio del mejor esquema operacional de la estrategia de represión de ETA en la historia, incluyendo planos de intervención legal allá donde antes había habido permisividad.
Así, la Audiencia Nacional iniciaba la instrucción de causas contra las finanzas de ETA, se actuaba contra las empresas pantalla del terrorismo, se continuaba desarticulando comandos y, finalmente, tanto por vía administrativa como por la judicial se ilegalizaba el aparato del terrorismo dedicado a infiltrar las instituciones políticas. Continuaban quedándose fuera de la acción del Estado algunas parcelas del movimiento terrorista vasco que han penetrado la sociedad de Euskadi, como la sindical o distintas fórmulas antisociales disfrazadas de voluntariado, pero el Estado redujo a ETA a su mínima expresión. Incluso, la desunión política trató de paliarse con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que añadió solidez a las medidas antiterroristas aun dejando fuera a fuerzas políticas que no compartían la estrategia contra ETA, algunas como el PNV deudoras de Lizarra. El resultado de esta etapa fue un debilitamiento neto, apreciable y objetivable del grupo terrorista.
A partir del 2004, el presidente del Gobierno reorienta la estrategia antiterrorista de nuevo hacia el diálogo para el desmantelamiento de ETA. Contaba (luego hemos comprobado que erróneamente) con que la desnutrición de la banda, fruto de la estrategia anterior, posicionaba al Estado en ventaja negociadora. La conclusión de esa intentona del Estado ya la conocemos, con el consiguiente reforzamiento de ETA y una nueva penetración de su facción política en las instituciones.
El análisis de la secuencia de tantos años nos desvela que dos son los parámetros sustanciales para un esquema efectivo frente a ETA. El primero es que la desunión de los partidos políticos enflaquece la acción del Estado contra el terrorismo y fortalece a ETA. Lo segundo, que la estrategia del diálogo en la política de desmantelamiento de ETA nunca ha funcionado. Por tanto, la experiencia nos dicta que la combinación más eficiente para desactivar, con el tiempo que sea necesario, a ETA es articular el esquema más amplio, paralelo e integral de acciones individuales pero coordinadas de los poderes del Estado sobre todos y cada uno de los frentes del conglomerado de ETA, montado este esquema sobre un acuerdo amplio de los partidos políticos frente al terrorismo. Es decir, actuar contra ETA en cada una de las dimensiones de las que la propia banda terrorista se ha dotado para ejercer la violencia. Esto parece de sentido común, pero nunca se ha aplicado en su globalidad e integridad. Si a algún político le preocupa el recuento de votos, puede relajarse en ese sentido: la ciudadanía apoyaría esa estrategia integral sin cortapisas. De la misma manera, la última y paupérrima concentración de Madrid ha revelado que la población está harta de imposturas frente al terrorismo, que no cree en acuerdos de mentira, en pastiches publicitarios preelectorales.
Zapatero tiene la oportunidad de reorientar definitivamente su estrategia frente a ETA en política antiterrorista siguiendo la modificación que ya había comenzado a poner en práctica desde el naufragio de la anterior estrategia de diálogo. Ahora, dos guardias civiles han entregado sus vidas proporcionándole al Gobierno, en el marco de la tragedia, la palanca para operar en toda su extensión el giro estratégico apropiado que ya parecía estarse maniobrando, aunque con cierto apocamiento, desde el timón de La Moncloa. Es el instante preciso para regresar a la estrategia integral de represión de ETA que el propio Zapatero configuró en su propuesta de Pacto por las Libertades. Los primeros pasos los emprendió el Ministerio de Interior tras el atentado de Barajas y los ha continuado la judicatura. Ahora toca desarmar políticamente a ETA ilegalizando a ANV, cuyos fines y propósitos son tan evidentes que no será complicado reunir pruebas al respecto. Si la Guardia Civil desarticulara la cúpula de ETA en Francia se simbolizaría de forma ideal el asentamiento de una estrategia que ya es momento de que nuestros políticos comiencen a aplicar en toda su extensión. Después deberían venir medidas imaginativas que hasta ahora no se han ensayado para exprimir al máximo las posibilidades legales del Estado y reducir la presencia de cualquier partícula de abertzalismo etarra en nuestra sociedad. Como se demostró con la ilegalización de HB, estas capacidades del Estado, cuando se funciona como Estado, son mayores de las que se habían implementado hasta entonces. Todavía queda mucho potencial.
Andrés Montero Gómez