ETA es ETA

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (La Vanguardia, 04/01/07):

El sábado pasado, en la nueva T4 del aeropuerto de Barajas, se consumó el fin de una ilusión. Porque, en efecto, ilusión había sido el denominado proceso de paz en el País Vasco que algunos siempre hemos denominado el mal llamado proceso de paz. ¿En qué consistía, en síntesis, ese proceso?

Según el Gobierno, el proceso consistía en dialogar con ETA, en una situación de ausencia de violencia y respetando la legalidad, con el fin de que ésta abandonara sus actividades violentas. Según ETA, el proceso consistía en negociar con el Gobierno, sin tener en cuenta la legalidad vigente, como vía para obtener sus dos objetivos irrenunciables, la autodeterminación y la territorialidad. Por tanto, unos querían que la otra parte se rindiera y aceptara el juego democrático; otros querían conseguir sus objetivos de siempre, esta vez no por medios violentos aunque sí ilegales.

¿Era posible conciliar tan distintos objetivos? A menos que todo fuera una escenificación que escondiera razones que desconocíamos – como bien podía suceder en un asunto de este carácter- la convergencia de ambas posiciones era imposible. En un Estado democrático de derecho no se puede llegar a un acuerdo sin cumplir con la legalidad y sin tener en cuenta la voluntad de los ciudadanos.

Afortunadamente, ni el Gobierno puede saltarse las leyes ni puede evitar que los jueces, fiscales y fuerzas de seguridad las cumplan y las hagan cumplir, como visiblemente ha estado pidiendo Batasuna y, por desgracia, con la boca pequeña, otras fuerzas políticas y sociales, así como determinados periodistas y articulistas. Por otro lado, tanto la autodeterminación como la territorialidad podrían sólo lograrse mediante una profunda y complicada reforma constitucional que requeriría el acuerdo ciudadano expresado en unas mayorías muy cualificadas que no es nada probable que pudieran ser obtenidas.

Por tanto, durante nueve meses, hemos sido víctimas de una ilusión política sin consistencia alguna. El Gobierno, en especial su presidente, con el adanismo que le caracteriza, se embarcó una vez más en una aventura sostenida sobre unas bases muy endebles, la principal de las cuales ha sido considerar que el terrorismo de ETA podría acabar si se aplicaran los conocidos métodos de resolución de conflictos, tomando como modelo el caso de Irlanda del Norte. Para ello, incluso se contrataron los servicios de empresas suizas especializadas en esta materia. Pero ETA es ETA y el IRA es el IRA: no nos confundamos.

Acabar con ETA tiene poco que ver con resolver un conflicto en el que dos o más partes, con intereses legítimos, puedan llegar a acuerdos mediante cesiones mutuas. La causa del terrorismo etarra no es ningún conflicto racionalmente aceptable y legítimamente defendible, sino el intento por una pequeña parte de la población vasca de imponer su voluntad al resto mediante la violencia física. No se trata, por tanto, de resolver conflicto alguno mediante un proceso de paz. Es más, palabras como conflicto y paz son, en sí mismas, engañosas, son palabras puestas en circulación por la misma ETA, es el lenguaje del enemigo. Las sociedades democráticas están plagadas de conflictos que se resuelven por los métodos legales establecidos, nunca mediante violencia, y se busca la paz sólo cuando hay guerra.

En el País Vasco, sin embargo, no hay guerra alguna, sino algo muy distinto. Como decíamos hace unas semanas (véase La Vanguardia del 26 de octubre pasado), “lo que allí sucede es que una banda terrorista amenaza, utiliza la violencia contra las personas y contra los bienes públicos y privados, infunde miedo al conjunto de la población y, cuando conviene, sin pensárselo dos veces, asesina. Todo ello con un objetivo explícito: que la voluntad de una pequeña parte de los ciudadanos – los que votan a Batasuna- se imponga sobre la voluntad del resto. Esto no es guerra, esto es delincuencia pura y dura con fines políticos y estos fines políticos son lo contrario de aquello que entendemos por democracia y que consiste, básicamente, en que los ciudadanos escojan libremente a sus representantes para que adopten decisiones de acuerdo con el principio de mayoría. Por tanto, los etarras – la banda armada en sentido estricto y su entorno civil- son delincuentes desde el punto de vista penal y son totalitarios desde el punto de vista político”.

La utilización de un lenguaje figurado ha sido, pues, otro de los errores del Gobierno que, seguro, ha sido percibido por ETA como un elemento de debilidad que le ha impulsado a confiar en que sus exigencias podían ser atendidas.

Por tanto, en la política gubernamental ha habido errores de planteamiento y errores de actuación. Seguro que ETA ha visto como Zapatero se jugaba mucho en el envite y ha decidido, como en otras ocasiones, ir a por todas. Como decíamos, ETA es ETA. Sólo se la combatirá de forma eficaz si se estudia atentamente su historia y su anterior modo de actuar. Aquí no valen modelos irlandeses, ni métodos de resolución de conflictos, ni supuestos procesos de paz cuando no hay guerra.

Lo que se necesita es volver a donde estábamos, al pacto antiterrorista del que nunca debiéramos habernos apartado. Con él, ETA llegó a su más alto grado de debilidad. El PP, por su parte, no debería intentar sacar ventajas políticas ante los evidentes errores del Gobierno y prestarse, sin más, a reanudar el pacto. Efectivamente, no es el momento de hacer oposición, sino de retornar a un gran pacto de Estado.