Desde el día 29 de junio de 2006, en que el señor Zapatero anunció el «diálogo» Gobierno-ETA, no han faltado en España graves sucesos. Pero el mensaje del presidente -una pieza histórica- no debe caer en el olvido. Al contrario: es muy importante entender bien lo que dijo exactamente el señor Zapatero y tenerlo presente a partir de ahora.
Por encima de contradicciones y vaguedades, el mensaje revela algo muy claro: el presidente del Gobierno reconoce al País Vasco como entidad social y política propia y distinta de España, con derecho propio de autodeterminación. Es un axioma del señor Zapatero y, por tanto, no ha habido ni habrá diálogo alguno con las fuerzas políticas no nacionalistas; y, lo que es más importante, no ha habido ni va a haber consulta a los ciudadanos del Estado español. Lo que podría ser conclusión -una de las varias posibles conclusiones- ha sido convertido en premisa indiscutible.
Si se desea entender la idea y el plan del señor Zapatero, es necesario darse cuenta de que, girando en torno a la paz (malentendida), el mensaje mezcla tres asuntos diferentes:
1º) El fin de la violencia etarra y de ETA misma.
2º) El futuro político del País Vasco.
3º) La cuestión de la autodeterminación ilimitada.
Son asuntos posiblemente relacionados, pero no necesariamente implicados y, sin duda, no idénticos. Porque se puede estar dispuesto a tragar varios sapos con tal de que ETA desaparezca, pero no estar dispuesto a que esa desaparición determine el futuro político de Euzkadi. Y se puede dialogar y alcanzar acuerdos sobre el futuro político del País Vasco sin aceptar una autodeterminación nacional o ilimitada. El mensaje del señor Zapatero, al anunciar que entabla «un diálogo con ETA» y relacionar expresamente ese diálogo con los demás asuntos, hace patente que los concibe como inseparables y acepta, como posible, la autodeterminación nacional.
Hay un momento clave en el mensaje del día 29 de junio de 2006. Es el momento en que, después de bastantes párrafos, el señor Zapatero dice: «Quiero ahora dirigirme a la sociedad vasca». Y poco después afirma: «La sociedad española conoce el alcance de la tarea que tenemos por delante». Aparte de la clara contraposición, el señor presidente presenta como un hecho lo que es contrario a la verdad. Porque algunos quizá estén seguros de lo que «tenemos por delante», pero «la sociedad española», en su conjunto, carece de ese conocimiento del futuro. El señor Zapatero, que cree saber «lo que tenemos por delante», se ha abstenido y se abstendrá de explicarlo con mediana claridad a la «sociedad española».
Zapatero afirma, al dirigirse a la «sociedad vasca», que el Gobierno «respetará las decisiones de los ciudadanos vascos» (¿qué es esto, así dicho, sino autodeterminación?). Añade que «el futuro de Euzkadi exige un gran acuerdo de convivencia (...) entre las distintas formaciones políticas de Euzkadi» y, finalmente, declara algo muy importante, pero casi inadvertido, a saber: que, siempre en el seno de «la sociedad vasca», «los partidos políticos, los agentes sociales y económicos, sindicales, deben adoptar acuerdos para ese pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportuno (sic) y, por supuesto, a través de los métodos democráticos para trasladar dichos acuerdos a los distintos ámbitos institucionales».
Estamos ante una idea enteramente nueva del papel de las instituciones y, en suma, del Estado. Como si no existiera la Constitución vigente. No son las instituciones el foro de deliberación y decisión. Lo que corresponde a las instituciones es recibir lo que se les traslade. Y como lo que se les trasladará será «un gran acuerdo de convivencia política», en los «ámbitos institucionales» se procederá a homologarlo, sin más. Coherentemente, el mensaje sobre «el inicio del diálogo con ETA» no tenía por qué hacerse ante la institución parlamentaria. A esta institución ya se acudirá para la homologación.
Visualicemos, como ahora se dice, todo lo anterior.
A) El «Gobierno de España» y ETA dialogan.
B) A la vez, también dialogan, como les parezca (en varias «mesas», por ejemplo), los agentes políticos y sociales de la sociedad vasca.
C) Lo que salga de ahí será considerado «decisiones de los ciudadanos vascos», y, en su momento, el «Gobierno de España» se encargará de que en los «ámbitos institucionales» se homologuen aquellas decisiones.
Al ciudadano español (el que tiene pasaporte del «Reino de España») que no se pueda considerar «ciudadano vasco» le corresponde el papel de simple espectador de cómo, con la tutela del «Gobierno de España», otros dialogan y llegan a acuerdos. El espectador puede aplaudir o protestar. Pero ¿quién se atreverá a protestar si lo que «tenemos por delante» es la paz?
Intencionadamente, se ha confundido todo. Se pretende que no apoyar el diálogo Gobierno-ETA con el planteamiento del señor Zapatero es lo mismo que no querer un futuro de paz para el País Vasco y España. Y se presenta querer la paz para el País Vasco y para España como idéntico a apoyar un futuro de Euzkadi decidido por unas «mesas» emanadas de la «sociedad vasca», mientras subsiste ETA.
Pero no todos han sido confundidos. Hay ciudadanos españoles, tan demócratas y amantes de la paz como el que más, de derechas, de centro y de izquierdas, que discrepan rotundamente del plan de Zapatero. Porque supone atribuir un éxito aplastante al nacionalismo más radical, sin urnas de por medio y mediando en todo el «proceso» una banda terrorista en «stand by». Algo que empapa de ilegitimidad e indignidad todo ese cacareado «proceso».
Sería posible una España sin Euzkadi, con un Euzkadi independiente. Con dolor, yo podría aceptar ese hecho consumado. En cambio, me resultaría intolerable un Euzkadi independiente, históricamente impulsado por ETA y, además, privilegiadamente relacionado con España. «No con mi voto» es insuficiente aviso. Habría que decir también: «No con mis impuestos».
Andrés de la Oliva Santos. Catedrático de derecho procesal de la Universidad Complutense.