La primera falsedad en el llamado problema vasco es equipararlo al irlandés. No solo no son equivalentes, sino opuestos. El País Vasco no fue ocupado, aplastado, explotado y masacrado por España, como lo fue Irlanda por parte de Inglaterra, ni los vascos carecieron de los derechos civiles más elementales ni fueron considerados ciudadanos de segunda clase —había pensiones en Londres con el cartel «No se admiten perros ni irlandeses»—, sino al revés, el mero hecho de ser vascos les hacía nobles, mientras extendían su poder e influencia en el resto de España. Fueron ministros de sus gobiernos, ocuparon altos cargos del Estado y participaron de manera destacada en prácticamente todas las empresas interiores y exteriores del mismo a lo largo de toda su historia, bajo todos los regímenes políticos. Si alguna vez vieron restringida su libertad y recortados sus derechos, fue conjuntamente con el resto de los españoles. Pero su estatuto social, así como su prestigio entre el resto de la población, ha sido siempre alto. Y si ha disminuido últimamente, no ha sido por lo que haya hecho el resto de los españoles, sino por las prácticas delictivas, por no decir criminales, a que se ha dedicado un segmento de ellos. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta al considerar el problema vasco, y lo que no han tenido esos «mediadores internacionales» que se han metido de rondón, aprovechando la debilidad de nuestras instituciones, nuestra poca experiencia democrática y, todo hay que decirlo, ese complejo que todavía tenemos ante los extranjeros, aunque sean de tan poca talla y de tan dudoso equipaje como ese quinteto o sexteto, no lo sabe ya uno bien.
La segunda falsedad que hay que denunciar es lo de «ETA ha sido derrotada», que nos vienen repitiendo a coro cuantos esperan sacar provecho de ello, desde el propio entorno de ETA a los que buscan ventaja electoral, presentándose como los que han traído la paz al País Vasco.
¿Es cierto? Pues no tanto. Que ETA atraviesa su peor momento, sin duda. Que su retaguardia social se da cuenta de que empieza a ser un lastre más que una ayuda, también. Que la crisis política obliga a dar prioridad a la economía, incuestionable. Pero no menos es cierto que ETA, lo que se dice ETA, sigue suelta, en Francia y en España, pues mientras haya un etarra con una pistola y un comando con explosivos, ETA no estará derrotada. A ETA no la representan los etarras en la cárcel. Esos ya están amortizados. La representan los operativos, los que tienen las armas, que se creen autorizados no solo a violar la palabra dada o la tregua anunciada, sino también a seguir asesinando y extorsionando cuando lo crean oportuno para alcanzar sus fines, como han demostrado no una vez, sino varias. O sea, que de poco servirá que en los próximos días ETA anuncie un abandono definitivo de la violencia. Ella se considera por encima de esas cosas.
Del mismo modo que en 1978 nos enteramos de que ETA había declarado una ofensiva terrorista no al franquismo, sino a España —siendo uno de los mayores errores de la izquierda el no querer admitirlo—, hoy sabemos que esa ofensiva continúa e incluso se ha ampliado al frente político, donde ha conseguido notables avances aprovechando los resquicios legales, la ingenuidad de algunos responsables y la ceguera política de otros. No habiendo renunciado a su último objetivo: un Euskadi solo vasco. Lo que significa incluir entre sus enemigos a cuantos vascos se sienten de algún modo españoles, que son muchos. Esto es lo que la banda tiene que abandonar, y hasta que no lo abandone, ni ETA estará derrotada ni habrá paz en el País Vasco. ETA no tiene el privilegio de decidir quién puede vivir, en el doble sentido de habitar y continuar con vida, en Euskadi ni quiénes son vascos, como se arroga y ha llevado a la práctica con meticulosidad terrorífica, sin que hayamos oído de ella otra cosa al respecto que mensajes equívocos y eslóganes propagandísticos. Otra cosa sería que se mostrara dispuesta a entregar las armas (¿para qué las necesita si va a dejar la «lucha armada»?), dijese dónde están sus zulos y denunciase a aquellos de sus miembros dispuestos a continuar matando. Pero de ello no hay el menor indicio. Mientras no lo haga, hay que suponer que sigue convencida de que su lucha por la «libertad de Euskadi» continúa.
Una segunda objeción viene de las condiciones que exigen los presos para romper con ETA. Piden la amnistía, un imposible legal, al rechazarla la Constitución, y una transgresión ética, al significar que su «lucha armada» había sido legítima. De hecho, exigen que renunciemos a las leyes que nos hemos dado, a los derechos más elementales, como es el de defendernos, y les entreguemos Euskadi con sus habitantes a cambio de que hagan algo a lo que están obligados: ajustarse a las normas democráticas. Lo primero que tendrían que hacer esos presos para obtener clemencia sería dejar de proclamarse «prisioneros políticos». No lo son. Son delincuentes comunes, asesinos muchos de ellos, con alevosía en la mayoría de los casos, al atacar a traición a sus víctimas, mujeres y niños incluidos. Su reclamación debilita su pretendido rechazo de la violencia y asunción de la democracia.
El que alguno de ellos haya dicho «me doy cuenta de que haber puesto la libertad de mi pueblo por encima de toda otra consideración era un error» se queda corto por doble motivo: porque su pueblo tiene la libertad desde que la democracia llegó a Euskadi como al resto de España, y porque el derecho a la vida está por encima de todas las consideraciones políticas. Por otra parte, el ordenamiento jurídico-procesal no es un confesionario donde se enumeran los pecados y se recibe la absolución a cambio de unos padrenuestros. Las penas hay que cumplirlas, no por venganza, sino por justicia, y si no se cumplen se quita a la justicia su otra mano: la que sostiene la espada. Es verdad que un Estado de Derecho incluye la magnanimidad, pero eso vendría después de que llegase la verdadera paz, y no una «paz sin vencedores ni vencidos», como piden. Algo que repugna moralmente, al equiparar víctimas y verdugos. No puede haber paz sin justicia.
Es más: sería una victoria de los verdugos. De la que no estamos tan lejos. Jaleamos cada etarra detenido, olvidando el éxito de Bildu en las pasadas elecciones municipales y el que se prevé en las próximas generales. Sin haber condenado a ETA. Sin renunciar a su soberanismo. Alardeando de su desafío al Estado y a cuantos representa. Todo, por intentar convencerles de que deben comportarse como demócratas. Cuando han demostrado que lo único que quieren es gozar de las ventajas de la democracia, ignorando sus deberes.
Es lo que nos obliga a estar doblemente alerta. El Gobierno Zapatero-Rubalcaba se encuentra ante la perspectiva de una derrota de dimensiones apocalípticas. Una tras otra, sus esperanzas de recuperar el terreno perdido se han ido desmoronando, e incluso su candidato no está resultando tan efectivo como se suponía. A estas alturas, lo único que puede reactivar su campaña es «lograr la paz en Euskadi», y si en lo alto de la ola estaban dispuestos a hacer a ETA concesiones que, como el nuevo Estatuto catalán, se salían del marco constitucional, no quiero decirles las que estarán dispuestos a ofrecerle hoy. De ahí que toda vigilancia sea poca. Pues si no hay atajos para la recuperación económica, menos aún los hay para la paz. A no ser que cumplan la sentencia de Tácito: Miseram servitutem falso pacem vocant. Llaman falsamente paz a una miserable esclavitud.
Por José María Carrascal.