ETA y su reforma del sistema

Por Joseba Arregi, presidente de la asociación cultural Aldaketa (EL PERIÓDICO, 08/01/08):

Si hiciéramos caso de la recomendación de la vicepresidenta del Gobierno, no dedicaríamos ninguna atención a lo que dice ETA. Pero todos, también el Gobierno, prestamos mucha atención a la propuesta de Anoeta y al subsiguiente comunicado de la banda anunciando la tregua. Seguiremos, pues, comentando los comunicados de ETA tratando de aprender algo y avanzar para mejor defender la democracia y el Estado de derecho.
En su último comunicado hay algo que llama la atención: dice que el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha perdido la oportunidad de reformar el Estado, y que está preparando un diálogo con ETA solo técnico --limitado a hablar de presos y de entrega de armas--. Diríase que ETA, en lugar de luchar contra el Estado español y contra el francés --y contra el sistema Estado como tal, pues es lo que escriben en sus panfletos teóricos--, de repente ha descubierto su vocación de defensora del sistema Estado de derecho a través de su reforma. Todos los reformadores han buscado siempre la mejora de la institución cuya reforma exi- gían para consolidarla y capacitarla para el futuro.

CLARO QUE muchos reformadores han sido expulsados de las instituciones que pretendían reformar, pues no todas las propuestas de reforma se han entendido como de consolidación y capacitación, sino como disolutorias de lo que se pretendía reformar. Así, el papa Gregorio fue un gran reformador de la Iglesia, como muchos fundadores de órdenes religiosas, como las mendicantes. Lutero, en cambio, fue excomulgado.
La línea divisoria entre propuestas de reforma que pueden redundar en la consolidación, por mejora, de la institución, y su desintegración no siempre es clara. En el caso de ETA, tenemos la suerte de saber que lo que busca no es la consolidación del Estado de derecho, sino su desintegración completa, sea para dar paso al Estado vasco, o a los denominados nuevos sujetos motores de la historia: las naciones sin Estado en el contexto de una alterglobalización sin estados.
Pero en otros muchos casos, las dudas son más que las certezas. En el caso de los distintos, pero muy semejantes, planes de Juan José Ibarretxe, el punto de partida es la reforma del Estatuto de Gernika, con las reformas de la Constitución necesarias, mientras que el de llegada es el derecho a decidir del pueblo vasco como sujeto colectivo claramente definido, el derecho de autodeterminación y, en definitiva, la independencia. Lo que sucede es que el camino se define como un camino de reforma del Estado, de reforma constitucional para que España se defina como un Estado plurinacional, suponiendo siempre, aunque no se diga de forma manifiesta, que cada nación posee un derecho irrenunciable a constituirse como Estado.
Es legítimo preguntarse entonces si las reformas, estatutaria y constitucional, que proclaman los planes del lendakari están dirigidas a consolidar el Estado mediante mejoras, o si, por contra, lo que buscan en definitiva es debilitarlo lo suficiente para poder irse de él con tranquilidad. Es decir: la desintegración del Estado en su configuración actual, no solo territorial, sino ciudadana.
Bien es cierto que determinadas reformas del Estado pueden salir al encuentro del camino hacia el punto de llegada de los planes de Ibarretxe y reforzar, mejorándolo, el Estado de derecho que es España, y que dicho encuentro puede, aunque no inevitablemente, pues también puede provocar lo contrario, calmar los deseos de algunos nacionalistas de llegar hasta el final del camino. O bien hacerles creer que si insisten suficientemente, más fácil llegarán a buen puerto.
Es de agradecer que, por distintas razones, los nacionalismos en España empiecen a ser más francos respecto a sus fines no tan últimos. Desde la declaración de Barcelona firmada por CiU, PNV y BNG --que planteaba desde el soberanismo un Estado confederal--, desde el pacto nacionalista de exclusión de Estella/Lizarra, hasta las últimas manifestaciones tanto de CDC como del PNV, cada día está más claro que cuando hablan de reforma del Estado no están pensando más que en un paso en el camino hacia su fin, definido cada vez con más claridad como la constitución de un Estado propio ejerciendo de forma positiva el derecho de autodeterminación, que solo se plantea para ejercerlo en ese sentido positivo.

EN ESTA situación, dos son los peligros que acechan a quienes están realmente interesados en la consolidación del Estado de derecho que es España: argumentar a partir de las intenciones cada vez más manifiestas de los nacionalismos periféricos para recelar de toda posible y necesaria reforma de la Constitución, del Estado de derecho, o entrar en la vía de reforma desde la consideración de cuál es el umbral de cesiones asumible para salir al encuentro de las aspiraciones nacionalistas.
Ni lo uno ni lo otro consolidan, mejorando, al Estado. Lo que hace falta es una política de Estado activa que busque la reforma de algunos elementos esenciales del mismo: fundamentalmente, la reforma del Senado para hacer de él la institución común de representación de la pluralidad territorial de España y sede de la multilateralidad institucionalizada como representación del conjunto.