El parto de los montes
Se produjo lo que todos temíamos (o casi todos): un informe de la Abogacía del Estado, largamente esperado y en el que cifraban sus esperanzas quienes aspiran a gobernar España. Esperanzas vanas porque la opinión jurídica vertida en ese informe es solamente eso, una opinión, y será el Tribunal Supremo, al que no vincula la Abogacía del Estado, quien tome la decisión definitiva.
El 27 de este mes de diciembre, en un artículo colgado en la página web de la Fundación Faes, distinguíamos entre Abogacía del Estado y Abogado General del Estado. Éste es un cargo político, nombrado por el Gobierno con rango de subsecretario, y advertíamos de que el prestigio de la Abogacía del Estado, logrado después de 140 años de servicios al Estado, en todo tipo de regímenes políticos y de Gobiernos, estaba en riesgo, si se repetía la imposición política de criterios o valoraciones a la hora de desempeñar sus funciones de asesoramiento y de defensa del Estado en juicio, como había ocurrido en el proceso contra los líderes independentistas catalanes.… Seguir leyendo »