Caso Procés

El delito de rebelión ha sufrido varias modificaciones en la reciente etapa democrática. Hasta la aprobación del llamado Código Penal de la Democracia por ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, se mantuvo la vigencia del Código Penal de 1973 (aprobado en las postrimerías del franquismo) que definía el delito de rebelión como un alzamiento público y en abierta hostilidad (expresión equivalente a agresión armada, según el significado del diccionario de la Real Academia de la Lengua), con una redacción idéntica a la contenida en todos los códigos penales de los siglos XIX y XX.

La ley orgánica 2/1981 de 4 de mayo introdujo algunas novedades relevantes: suprimió el requisito de la abierta hostilidad, definiendo como rebelión cualquier alzamiento público, incluso sin violencia y sin armas, realizado con el fin de derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio nacional (art.…  Seguir leyendo »

No me refiero al posible hartazgo de la ciudadanía ante el protagonismo que, obligado en términos jurídicos, ha ido ganando el poder judicial ante la deriva independentista catalana frontalmente contraria al orden constitucional vigente. Me refiero al seguro hartazgo de los jueces ante la escalada de improperios que, con ocasión de dicho protagonismo, se ha ido intensificando desde la arena política, cuya culminación ha venido de la mano del nuevo vicepresidente del Gobierno, al que no le ha faltado tiempo para declarar en una entrevista televisiva que “muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces”, lo cual constituye “una humillación para el Estado español”.…  Seguir leyendo »

“¿Queréis prevenir los delitos? Haced que la ilustración acompañe a la libertad”. — Cesare Beccaria

Un sabio filósofo nada circunspecto, como es Fernando Savater, ha escrito repetidas veces contra las gracietas de los diputados que a la hora de prometer o jurar lealtad a las leyes en su toma de posesión añaden enjundiosas apostillas, como condicionando el valor de su compromiso. Desde que Herri Batasuna instaurara la moda en la Transición, y en plena actividad criminal de ETA, prometiendo “por imperativo legal” su acatamiento al sistema han proliferado fórmulas diversas, bastante pedestres y nada imaginativas, en las que lo mismo se jura por España, pues no hay más que una, que por la madre que le parió a cada cual.…  Seguir leyendo »

Una reforma penal ad personam para excarcelar por la vía rápida a un reo de sedición condenado por el Tribunal Supremo. Guiños a la «dictadura tiránica» venezolana -palabras de Felipe González- a cuyo servicio zascandilea el expresidente Zapatero. Una reunión de un ministro, rozando la ilegalidad, en el aeropuerto con la número dos de un narcorrégimen que tiene prohibida la entrada en territorio europeo. Una visita anunciada «con mucho gusto» del presidente del Gobierno a un jerarca autonómico declarado en rebeldía contra su inhabilitación legal y atrincherado en el Parlamento. Un pacto con Bildu en Navarra y un voto en la Eurocámara contra la investigación de los crímenes de ETA no resueltos.…  Seguir leyendo »

La trampa saducea de Carmen Calvo

¿Está usted de acuerdo con reformar nuestro obsoleto Código Penal para adaptarlo armónicamente a la legislación europea, «acompasar acontecimientos democráticos a tipos penales» y evitarnos nuevas «humillaciones» como las que, como bien ha dicho mi compañero, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, se han producido cuando jueces de otros países han emitido resoluciones contrarias a las de los nuestros?

Un momento, un momento… No contesten a Carmen Calvo, hasta después de la publicidad. Tenemos en primer lugar un espacio, patrocinado como branded content por la Asociación de Estudios Bíblicos, sobre los saduceos. Se trataba de una secta o grupo político judío, del siglo primero antes de Cristo, integrado por quienes se declaraban descendientes del Sumo Sacerdote Sadoq –Zadok the priest en el Himno de la Coronación de Händel- que ungió como rey a Salomón.…  Seguir leyendo »

Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública su sentencia de 19 de diciembre de 2019, se produjeron reacciones extremas que convergían en señalar como grandes perdedores al magistrado Manuel Marchena y, con él, a la sala sentenciadora del juicio por el 1-O. Se dio por hecho que Oriol Junqueras saldría de prisión en pocos días, que su condena sería anulada y que los demás acusados y prófugos seguirían el mismo camino. Se habló de «ridículo», «revés» y «varapalo» para definir el estado en que quedaba la Sala Segunda del Tribunal Supremo tras la sentencia europea. Y, por supuesto, se habló del «error Marchena», en un ejercicio de personalización, tan hispano, que simplificaba mucho la calidad de las críticas y de los argumentos -además de obviar, para lo bueno y para lo malo, al resto del tribunal-, porque todo se reducía a demoler al personaje que sirve de chivo expiatorio.…  Seguir leyendo »

Una vez más, la legislación electoral vuelve a estar en el centro de la política. En realidad, nunca lo ha abandonado. Es la legislación que garantiza que la voluntad democrática (y política) de los ciudadanos, manifestada en votos, alumbre mayorías que gobiernan las instituciones democráticas, a través de los representantes elegidos. Está en el corazón, por lo tanto, de la democracia.

No se puede cerrar los ojos ante el que ciertas decisiones de la Administración electoral tienen una repercusión política redoblada que escapa de su función prístina. Es el caso de si Junqueras, Torra, Puigdemont y Comín son o continúan siendo diputados.…  Seguir leyendo »

Inmunidad y presunción de inocencia

La sentencia del pasado 19 de diciembre del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) responde a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (TS) con una doctrina llena de confusión.

1. La violación del Derecho de la UE por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La primera confusión proviene de que la sentencia no aplica el artículo 9 del Protocolo 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea, que dispone que tales inmunidades son las “reconocidas a los miembros del Parlamento de su país”; en nuestro caso en la Constitución (CE) que establece que la inmunidad de diputados y senadores consiste en que “no podrán ser inculpados, ni procesados, sin la previa autorización de la Cámara respectiva” (art.…  Seguir leyendo »

I. CRÍTICA A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (STJUE) DE 19-12-2019.

El Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Europea (en lo que sigue: Protocolo nº 7), dispone en su art. 9:

«Mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus miembros gozarán:

a) En su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

b) en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial.

Gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de éste.…  Seguir leyendo »

Tras el traslado dado a las partes por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de diciembre de 2019 en el Asunto (C-502/19), éstas ya han presentado sus alegaciones.

La Fiscalía de la Sala Segunda solicitó la ejecución inmediata de la pena de inhabilitación (que estaba suspendida mientras se tramitó la cuestión prejudicial) y la comunicación, a la mayor brevedad posible, al Parlamento Europeo, de la situación procesal del citado Junqueras condenado a 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación absoluta, remitiéndose al efecto la sentencia del TS, a fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de europarlamentario.…  Seguir leyendo »

El parto de los montes

Se produjo lo que todos temíamos (o casi todos): un informe de la Abogacía del Estado, largamente esperado y en el que cifraban sus esperanzas quienes aspiran a gobernar España. Esperanzas vanas porque la opinión jurídica vertida en ese informe es solamente eso, una opinión, y será el Tribunal Supremo, al que no vincula la Abogacía del Estado, quien tome la decisión definitiva.

El 27 de este mes de diciembre, en un artículo colgado en la página web de la Fundación Faes, distinguíamos entre Abogacía del Estado y Abogado General del Estado. Éste es un cargo político, nombrado por el Gobierno con rango de subsecretario, y advertíamos de que el prestigio de la Abogacía del Estado, logrado después de 140 años de servicios al Estado, en todo tipo de regímenes políticos y de Gobiernos, estaba en riesgo, si se repetía la imposición política de criterios o valoraciones a la hora de desempeñar sus funciones de asesoramiento y de defensa del Estado en juicio, como había ocurrido en el proceso contra los líderes independentistas catalanes.…  Seguir leyendo »

No es imposible que Fráudez se haya enredado en sus propias mentiras y se haya armado un lío colosal. El trolero eficaz debe hacer excepciones y decir la verdad de vez en cuando. Pero el presidente y candidato parece perseguir la máxima coherencia en el engaño, y enseguida se busca la contra a sí mismo cuando se digna afirmar algo, lo que sucede con frecuencia decreciente a pesar de la irritante manía periodística de hacerle preguntas. A fin de zanjar tan molesta costumbre, este año no ha hecho balance tras el último Consejo de Ministros. Y a fin de llevarse la contraria, no vayan a pillarlo en una verdad, dicho Consejo ha dejado a dos velas a los pensionistas que esperaban una subida del 0’9% anunciada como una especie de aguinaldo.…  Seguir leyendo »

Decía Von Kirchmann —con el indisimulado propósito de destruir la supuesta naturaleza científica del derecho— que una sola palabra del legislador arrasa bibliotecas enteras de doctrina jurídica. Algo parecido podríamos hoy decir —pero sustituyendo al legislador por el juez— después de la sorpresiva e innovadora sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 19 de diciembre pasado.

Esta sentencia exige “sólo” el voto del electorado para que un candidato al Parlamento Europeo se convierta en eurodiputado con plenitud de potestades y adquiera inmediatamente la correspondiente inmunidad. Sin más requisitos.

Es muy lógico, y entra en la esencia del principio democrático, que la única condición para que alguien se convierta en representante del pueblo europeo sea que éste lo vote.…  Seguir leyendo »

Si excluimos los levantamientos puramente militares, en nuestra historia del último siglo destacan por su indudable trascendencia pública tres procedimientos judiciales por delito de rebelión. Su comparación resulta, creo, de interés.

1. En 1917, en España, el Estado nacido en la Restauración sufría una crisis generalizada que condujo a la dictadura y a la guerra civil: insumisión militar de las Juntas de Defensa; división de los partidos que dificultaba la formación de gobiernos estables; radicalización de la cuestión catalana con la Asamblea de Parlamentarios y posterior retirada de los diputados catalanes del Congreso; por último, el 13 de agosto, una huelga general revolucionaria, fracasada pero con violencia y muertos en algunos lugares.…  Seguir leyendo »

La sentencia dictada el pasado 19 de diciembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviendo la consulta formulada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acerca del momento en que un eurodiputado adquiere la inmunidad, y de cómo compatibilizar una medida cautelar de prisión por delito grave con la posibilidad de acudir a las sesiones del Parlamento europeo, ha disparado unas expectativas entre los partidos separatistas y sus terminales jurídicas y mediáticas sobre las posibilidades de una libertad inmediata de Junqueras y Puigdemont que, en mi opinión, no se corresponden ni con el contenido de la propia resolución, ni con la normativa europea y española que debe aplicarse a partir de ahora.…  Seguir leyendo »

Para desenredar en justicia un ovillo jurídico hay que seguir cuidadosamente los hilos conceptuales que lo forman. No es pequeño el que ha formado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras con la sentencia del Tribunal Supremo del procés. Su hilo principal es el que nos ayuda a etiquetar aquella resolución: la inmunidad. Ojo con este proteo que sirve para distintas categorías jurídicas. Al igual que en la vida, en la justicia penal se puede ser inmune a cosas distintas. Al menos, a tres. En primer lugar, las leyes penales pueden prescribir que excepcionalmente ciertas personas no tengan responsabilidad penal por determinadas conductas delictivas.…  Seguir leyendo »

Como es sabido, tras el encargo del Rey, Pedro Sánchez está negociando que la mayoría del Congreso de los Diputados le otorgue la confianza. Sobre las negociaciones en curso se ciernen, sin embargo, oscuros nubarrones que amenazan con ennegrecer nuestro futuro político, que tienen desasosegada a una buena parte de la ciudadanía. Y es que no deja de ser preocupante que Pedro Sánchez busque el apoyo de ERC, que, sirviéndose de las estructuras políticas de la Constitución, como es una comunidad autónoma, cometió la ilegalidad de participar en la declaración unilateral de independencia de la que pasó de autodenominarse la «non nata» república independiente de Cataluña.…  Seguir leyendo »

Arrimadas o el último salvavidas

Profundicemos en la tesis de nuestro rugido del viernes. No se trata de equiparar a Junqueras y Puigdemont con ‘El Chicle’ y ‘El Prenda’. Pero sí de poner de relieve que la culpa de la situación en la que el Tribunal de Luxemburgo ha colocado a la democracia española es de nuestra absurda legislación electoral.

Imaginemos que un detenido como presunto autor de graves delitos sexuales, sometido a la cautela de la prisión preventiva, para que no pueda reincidir ni fugarse, alardea de su inocencia desde la cárcel, se declara víctima de una denuncia falsa promovida por el feminismo radical, logra ser proclamado candidato por un partido en plena cruzada contra la criminalización del género masculino y resulta electo, con el apoyo de un segmento de la población capaz de sentir empatía con su causa.…  Seguir leyendo »

La última sentencia sobre Junqueras es un regalo para los demagogos. Suscita tantas cuestiones jurídicas y políticas que pide libro. Libro gordo. El tribunal europeo se aparta del criterio mantenido hasta ahora por las instituciones en un detalle donde, sin duda, está el diablo: ¿Cómo se adquiere la condición de eurodiputado? Pues, de ahora en adelante, por la mera proclamación de los resultados electorales. O sea, que jurar el cargo en Madrid, recoger el acta o presentarla en Bruselas es indiferente.

Nótese que el tribunal luxemburgués se ha pronunciado a solicitud del Tribunal Supremo. Cuestión prejudicial se llama esa petición. Bien, resuelta está, y parecerá discutible que el Supremo dictara sentencia sobre Junqueras sin esperar a la resolución de lo que él mismo había planteado.…  Seguir leyendo »

Le 26 mai, 751 eurodéputés ont été élus. Grâce au traité de Lisbonne, entré en vigueur il y a tout juste dix ans, ces eurodéputés représentent les 513 millions de citoyens européens et non pas les ressortissants d’un Etat membre spécifique. En effet, ce traité stipule que « le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union ». Comment expliquer, alors, que seulement 748 des 751 eurodéputés élus siègent au Parlement européen depuis sa constitution le 2 juillet ?

La réponse se trouve dans la tentative d’un Etat membre de porter atteinte à la souveraineté du Parlement européen et à des représentants des citoyens européens.…  Seguir leyendo »