Contratos públicos

A raíz del escándalo por la compra de mascarillas por el Ayuntamiento de Madrid a través de su empresa de servicios funerarios a presuntos conseguidores (para algunos más bien estafadores) procedentes de lo que antes se llamaba jet set, podemos hacernos algunas preguntas muy básicas sobre el funcionamiento de nuestras instituciones en general y de la contratación pública en particular. Porque, a juzgar por las noticias en prensa, parece más que probable que surjan otros escándalos parecidos que afecten a otras Administraciones y a otros partidos políticos.

Lo primero que hay que recordar es que al principio de la pandemia hubo que contratar a toda velocidad, y con escasos controles, todo lo que se considera imprescindible para combatir la covid: desde respiradores hasta mascarillas, pasando por EPIS o test.…  Seguir leyendo »

Capitalismo políticamente garantizado

La afortunada expresión de Max Weber que encabeza estas líneas —una alternativa a la de capitalismo clientelar— sería aplicable a buena parte del sistema económico español. En este marco institucional, el Estado, o quienes ejercen el poder político de hecho, protege a un determinado número de empresas utilizando distintas vías: asume el riesgo de las empresas, promulga regulaciones que les benefician, hace la vista gorda ante incumplimientos de normas o ante abusos, las favorecen en concursos y adjudicaciones, etcétera. Las consecuencias de estas prácticas sobre la eficiencia productiva, sobre la calidad del emprendimiento y sobre la distribución de la renta son bastante obvias.…  Seguir leyendo »

Tras las declaraciones del ministro de Fomento Iñigo de la Serna del pasado 12 de diciembre, los medios de comunicación se han vuelto a hacer eco de la crisis de las sociedades concesionarias de autopistas. No es éste un problema nuevo aunque resulte de rabiosa actualidad.

Una incorrecta y poco racional planificación de las grandes obras públicas, una descoordinación entre los distintos niveles de gobierno (caso de la Autopista Toledo AP-41), una dudosa justificación de algunas (caso de las radiales, por ejemplo), una errónea planificación económico-financiera de los proyectos e incluso, en ocasiones, una inadecuada valoración de los costes derivados de la expropiación han abocado a las sociedades concesionarias a su declaración en concurso.…  Seguir leyendo »

Las investigaciones sobre las obras del AVE Madrid-Barcelona han destapado el volumen de los sobrecostes que la Administración paga por la obra pública en España. Al parecer, el Ministerio de Fomento ha abonado hasta 10.000 millones de euros en los últimos seis años. Y ello es así porque en los concursos públicos el peso de la propuesta económica continúa siendo un factor demasiado importante a la hora de evaluar las distintas opciones. Lo cual hace que las empresas lleguen a formular ofertas que, caso de verificarse su ejecución, las constriñe a trabajar a precio de coste. Claro está que esto no acontecería si no fuera porque se acepta la práctica habitual de que aquellas, a través de modificados y otros añadidos, acaban consiguiendo ampliaciones que les permite obtener finalmente los beneficios esperados.…  Seguir leyendo »