Tribunal Constitucional

A la memoria de Pablo Pérez Tremps (1956-2021)

En un auto del 15 de diciembre de 2021, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió desestimar las (¡33!) recusaciones contra sus magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel interpuestas por dirigentes independentistas encartados por el procés, algunos de ellos condenados y otros —como Carles Puigdemont— todavía pendientes de su comparecencia ante la justicia española. Con ambos magistrados a bordo de una decisión adoptada por unanimidad de asistentes, el TC ha hecho lo necesario para salvaguardar su jurisdicción sobre los asuntos conexos a los sucesos de octubre de 2017: su actual composición ya se ha visto mermada por dos abstenciones previas (Cándido-Conde Pumpido y Antonio Narváez) y una baja por enfermedad (Alfredo Montoya), por lo que, de admitirse dos nuevas exclusiones, hubiese quedado sin el quórum exigido por su propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC, artículo 14).…  Seguir leyendo »

La ética de la responsabilidad de los intérpretes de la Constitución

La labor de los intérpretes de la Constitución está sometida a la observancia inequívoca, contrastada e incondicional de una serie de valores y principios de carácter material o sustantivo, que constituyen la base ideológica del Estado constitucional, y cuyo enunciado está vinculado a la definición de la Constitución que hicieron nuestros constituyentes como “Carta Magna de la dignidad, la concordia civil, la libertad y la justicia social”.

En el preámbulo de la Constitución y en su articulado se proclaman un núcleo de valores, que son expresión del thelos del Estado constitucional, que es el de establecer la justicia, la libertad y la seguridad, promover el bien común de cuantos integramos la nación y garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes conforme a un orden económico y social justo, que configuran el ideario colectivo que compartimos como miembros de la comunidad política surgida de un escenario de libertad al amparo de nuestra Ley Fundamental.…  Seguir leyendo »

¿Democracia no militante?

Leemos en la sentencia que condenó a los golpistas catalanes que «nuestro sistema (constitucional) no se identifica con aquellos otros que hacen de la democracia militante una de sus señas de identidad». Encontramos luego esta insólita declaración: «La Sala coincide, desde luego, en que la libertad ideológica no solo ampara, sino que también protege la reivindicación del derecho de autodeterminación». Por supuesto, sus señorías no se paran a explicar qué sea eso de «democracia no militante», ni tampoco qué significa «proteger» «el derecho de autodeterminación» hoy en Cataluña. Sirva este preámbulo para hablar de la Constitución, cuyo aniversario conmemoramos.…  Seguir leyendo »

Las reglas y la práctica

Aunque no era el único candidato problemático, la elección de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional es especialmente desmoralizadora. En primer lugar, por la desfachatez del Partido Popular proponiendo a un candidato con un perfil que no era idóneo para el cargo, máxime después de que este partido se haya permitido bloquear caprichosamente la renovación de numerosos organismos del Estado durante años. En el caso del Constitucional, la renovación de los cuatro miembros elegidos por el Congreso de los Diputados tendría que haberse producido en noviembre de 2019, lo que supone un retraso de dos años (sucedió algo muy parecido en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el PP bloqueó durante tres años las renovaciones para asegurarse una mayoría conservadora en la elaboración de la sentencia sobre el Estatuto catalán de 2006).…  Seguir leyendo »

La confianza de los ciudadanos en las instituciones es directamente proporcional a la calidad democrática de un país. Si las instituciones se deterioran y se degradan, difícilmente puede la clase política reclamar a los ciudadanos que crean en sus dirigentes o que confíen en el gobierno o en el legislador para solucionar los problemas de la sociedad.

Los tribunales constitucionales son una pieza clave de un Estado democrático y liberal de derecho. Son el árbitro que resuelve disputas entre poderes del Estado, el máximo intérprete de los derechos fundamentales y, en España, el garante del sistema territorial. Un Tribunal Constitucional deteriorado representa un gravísimo riesgo para una democracia.…  Seguir leyendo »

El Tribunal Constitucional, ante el riesgo de la irrelevancia

Hay varias formas de explicar lo que se está haciendo mal, en realidad muy mal, en el actual proceso de renovación del Tribunal Constitucional. Se puede hacer en términos politológicos (léase efectos perversos del bipartidismo). Se puede hacer en términos jurídicos (léase hipotético fraude constitucional). Se puede hacer, en fin, en términos de Teoría de la Constitución (léase consecuencias para el sistema constitucional de determinadas opciones de los actores políticos). Privilegiar ahora esta última perspectiva tiene evidentes ventajas en un contexto en el que hay unos nombres concretos puestos sobre la mesa, respecto de los cuales me importa desde el inicio subrayar que deben quedar enteramente a salvo de lo que sigue.…  Seguir leyendo »

La esencia del funcionamiento de nuestro Estado de derecho es el control, al menos teórico, que los distintos poderes institucionales ejercen entre sí.

El Legislativo aprueba normas y vela por la vigilancia al Gobierno. El Ejecutivo dirige la política y decide las grandes cuestiones de Estado. El Poder Judicial controla el respeto al ordenamiento jurídico, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

El Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, sino de naturaleza mixta y más cercano a lo político que a lo jurisdiccional (aunque esto es discutible). Lo prueba su competencia de legislador negativo que limpia y purga el conjunto normativo de aquellos preceptos que no superan el riguroso canon de principios y derechos que configura nuestra Constitución.…  Seguir leyendo »

El Tribunal Constitucional y su parva renovación

Ya hace unos días que hubo acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, aunque sea con candidatos con marcado perfil político y lejos de la paridad deseable. Continúa el trágala del PP ante un PSOE ávido de alcanzar acuerdos para desbloquear las altas instituciones. Y se prevé su elección por el Congreso de los Diputados para la semana próxima tras salir airosos del hearing que tuvo lugar en la Comisión Consultiva de Nombramientos para evaluar su idoneidad. A la vista de la polémica precedente, esta vez sus señorías han guardado las formas y no han descuidado preguntar a los nada atribulados postulantes por su afinidad política, como aconteció en 2010 en el Senado, que aprobó al candidato y a la postre presidente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, en 10 minutos y entre halagos, sin que a nadie se le ocurriese preguntarle por su dilatada militancia en el PP.…  Seguir leyendo »

La moral y la ley

El Tribunal Constitucional ha vuelto a dejar en evidencia al Gobierno (y, por añadidura, a la práctica totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso) por haber sometido a los españoles a un severo régimen de restricción de sus derechos fundamentales, sin ajustarse a la ley suprema, que es la Carta Magna. Ante este hecho cabría formularse varias preguntas. La primera: ¿cómo es posible que haya sucedido algo así? Dicho de otra manera, ¿por qué el Ejecutivo y la mayoría de los grupos parlamentarios no han tenido escrúpulos para evitar la aplicación de unos decretos que el Consejo de Estado y todos los juristas de España, no cegados por la ideología, considerábamos manifiestamente inconstitucionales?…  Seguir leyendo »

El Tribunal Constitucional se creó en España en 1978 para ser el supremo intérprete de la Constitución. No es, pues, una pieza menor, sino un órgano constitucional, que se sitúa en el vértice de la estructura del Estado constitucional. El Tribunal Constitucional influye intensamente en el perfeccionamiento continuo del Estado de derecho, garantiza el cumplimiento de la Constitución, protege los derechos fundamentales y vigila la división de poderes. Sus sentencias tienen fuerza de cosa juzgada y vinculan a todos los poderes públicos. Por ello, sus fallos, particularmente cuando corrigen al Parlamento o al Gobierno, provocan en los aludidos una gran tribulación.…  Seguir leyendo »

El Tribunal Constitucional, a Cádiz

El Parlamento portugués acaba de dar el pistoletazo de salida para el traslado del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo Administrativo a la ciudad de Coimbra. La propuesta, presentada por la oposición de centroderecha en una Asamblea de la República de mayoría de izquierdas, parece haber sido acogida con agrado por los diferentes partidos y por actores políticos, económicos y sociales de un país, Portugal, caracterizado por su anquilosado y radical centralismo en Lisboa. Comenzar a desconcentrar la macrocefálica capital lusa se ve como un primer paso para vertebrar mejor la nación, aquejada de fuertes disparidades regionales y demográficas.…  Seguir leyendo »

Alguien se ve apretado por un incendio. Le ha sorprendido en un salón cuyos accesos han quedado impracticables porque el humo que asfixia sube por el hueco de la escalera y por ella avanza el fuego. Su salvación queda sujeta a que se rompa una vidriera fija y opaca que cierra un lateral, cuya fragilidad no es visible y que le permitiría saltar a un patio al que el incendio todavía no se ha extendido. Esa vidriera está pintada por Chagall. En ella danzan dispersos e ingenuos los personajes y los animales circenses de que tanto gustaba el artista ruso. Es una obra catalogada con máxima protección, intocable, salvo autorización de los mandos culturales, de concurrir circunstancias extraordinarias y a salvo siempre su sustancial integridad.…  Seguir leyendo »

Debo admitir que sorprendente, lo que se dice sorprendente, es la posibilidad de que el cumplimiento de alguna prescripción concreta de la Constitución pueda suscitar sorpresa, pero peor todavía sería acostumbrarse al incumplimiento. Nada mejor para convertir una situación en acostumbrada que una ley al respecto. Ciertamente, en teoría, toda ley está sometida a la Constitución; a colaborar a hacerlo posible llevo dedicándome, en la práctica, estos últimos años, pero para ello ha de cumplirse una condición: que -si no es el caso- alguien la recurra. Aquí surge la sorpresa. Puede haber vulneraciones groseras de la Constitución que no encuentren quien las recurra; porque a quienes pueden no les interesa o porque no les parezca elegante hacerlo en provecho propio.…  Seguir leyendo »

El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 proclama: “todo individuo tiene derecho a la vida”. El artículo 15 de la Constitución Española (CE) afirma: “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. Y el artículo 43 CE: añade: “1.- se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2.- Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública”.

El derecho a la vida y a la integridad física es el presupuesto para el cumplimiento de todos los demás derechos. De ahí que si algún derecho entrara en contradicción con él, éste prevalecerá sin ninguna duda.…  Seguir leyendo »

El estado de alarma, declarado de manera inconstitucional (STC 148/2021), ha dejado una huella perniciosa en el respeto a las instituciones, la división de poderes y el sistema de derechos fundamentales. Utilizando como pretexto las circunstancias cambiantes de la pandemia, se ha deteriorado nuestra cultura institucional de respeto a las libertades públicas y se ha puesto ‘el mundo del revés’.

Así se llamaba una canción de cuna inglesa del siglo XVIII, que dio origen a la marcha militar que sonó, con solemnidad de pífanos y tambores, en la rendición de las tropas británicas al general George Washington y al ejército francés en la batalla de Yorktown (Virginia, 1781).…  Seguir leyendo »

La declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma ha causado una monumental polémica, una discusión a la que no se sustraen los propios constitucionalistas. Lejos de contribuir a la imparcialidad, el trasfondo político tóxico en que se decide este asunto favorece, en mi opinión, el uso de argumentos capciosos. Parece importante señalar que no se trata de dilucidar si las restricciones adoptadas fueron materialmente desproporcionadas, ni si debieron adoptarse medidas aún más restrictivas. En rigor, la cuestión objeto de examen es si las medidas impuestas deberían haber recibido un ‘nomen iuris’ que, por definición, precisa de más garantías. Entiendo que las dos opciones interpretativas -la de la mayoría que ha apoyado la Sentencia y la de los votos particulares- cuentan con argumentos a su favor, y no debería sorprender que el Tribunal no haya resuelto por unanimidad:

a) Con total independencia de la consideración que merezca este Gobierno, no me parecen banales los argumentos a favor de validar el confinamiento que decretó en el mes de marzo.…  Seguir leyendo »

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 14 de julio pasado sobre el primer estado de alarma esgrime que las restricciones a la movilidad impuestas durante la primera ola de la pandemia transgredieron la limitación de los derechos fundamentales y constituyeron una suspensión de los mismos, lo que hubiera tenido mejor encaje en el estado de excepción antes que en el estado de alarma.

El TC llega a este pronunciamiento sin excesivos razonamientos, sin embargo, lo que sin duda será una fuente de incertidumbre y de nuevos litigios. En efecto, una vez leída con detenimiento la sentencia, lo primero que llama la atención es que la teoría de la suspensión de derechos, por contraposición a la limitación o a la afectación de los mismos legitimada por el estado de alarma se aplica de forma un tanto discrecional.…  Seguir leyendo »

Crónica de una sentencia imprescindible

Sucedió antes de que fuera firmada: la siempre interesada filtración del proyecto de sentencia agitó primero a la doctrina, casi siempre gubernamental, que con argumentos técnicos mantuvo resuelto apoyo al decreto que confinó a la población en su domicilio durante largo tiempo. Luego, cuando se publicó la nota de prensa, sin leer la sentencia, los políticos en el Ejecutivo masacraron al tribunal sin haberla conocido (incluso faltaban votos particulares por emitir).

Los argumentos académicos más utilizados en contra de la exigencia de que las reducciones en el ejercicio de los derechos fundamentales, esencialmente en la libertad de circulación, exigen estado de excepción sin que baste el de alarma, serían: el estado de alarma permite ponderar constitucionalmente las limitaciones, con juicio de proporcionalidad que no se daría en el estado de excepción; en éste, la privación completa del derecho supone abatir las garantías, mientras que en el de alarma se mantienen; el estado de excepción es caducable en 30 días, contando como máximo con una prórroga igual; la situación de excepción tiene que formalizarse y no puede siquiera juzgarse la declaración de alarma frente a la excepción por razones materiales.…  Seguir leyendo »

El Tribunal Constitucional cumplió con la sentencia sobre el estado de alarma

Aunque con retraso, criticable por la excepcional importancia del asunto, el Tribunal Constitucional al final cumplió con su deber de hacer prevalecer la Constitución. La sentencia dictada sobre el estado de alarma, sin ser perfecta, ninguna lo es, ha sido, a mi juicio, acertada, porque pone de manifiesto un modo fiel de ejercer la función de supremo intérprete y defensor jurídico de la Constitución que el Tribunal tiene atribuida. Porque la sentencia no es, como algunos han dicho, erróneamente, una sentencia “de la mayoría” de los magistrados, sino del propio Tribunal, de la misma manera que las leyes no son “de la mayoría” de los diputados o senadores, sino de las Cortes Generales, aunque, por tratarse de órganos colegiados, sus decisiones se adopten, obviamente, por mayoría.…  Seguir leyendo »

Una controvertida decisión

El Tribunal Constitucional ha publicado su sentencia por la que estima parcialmente, por seis votos a cinco, el recurso de inconstitucionalidad, presentado por más de 50 diputados de Vox, contra la primera declaración del estado de alarma y sus prórrogas. Una sentencia controvertida. La discuten no sólo numerosos expertos independientes, sino cinco votos disidentes, suscritos por magistrados muy heterogéneos en sus sensibilidades, incluido el propio presidente. Recordemos que el TC lleva más de dos años prorrogado indebidamente, sin ser renovado, y que tampoco se ha sustituido a un magistrado que presentó su renuncia. No es la mejor situación para afrontar un asunto que se ha hecho polémico.…  Seguir leyendo »