Tribunal Supremo

Los procesos tramitados en la jurisdicción penal son más del doble que los de las demás jurisdicciones juntas. En todas se han aprobado normas procesales de nueva planta, mientras los procesos penales siguen una normativa del siglo XIX y se rigen por un modelo inquisitivo anacrónico, abandonado en la mayor parte del mundo, que provoca retrasos en la instrucción, sobrecarga el trabajo de los jueces y limita los derechos de los ciudadanos.

La errónea decisión de prescindir del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), elaborado con gran esfuerzo y depurada técnica durante la anterior legislatura, para iniciar desde cero un proyecto distinto de reforma integral, provocó el lamentable efecto de dejar indefinidamente sin resolver la imprescindible sustitución del modelo inquisitivo por el acusatorio.…  Seguir leyendo »

Hay momentos en que incluso quienes mostramos especial reticencia a aparecer en los medios de comunicación debemos romper el silencio autoimpuesto. Este es uno de ellos. Ante los comentarios publicados –muchos teledirigidos– sobre el reciente nombramiento del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo no es fácil mantenerse callado.

He sido magistrado durante más de 16 años de aquella Sala, a la que dejaré de pertenecer muy pocos días después de que Luis Díez-Picazo tome posesión de su Presidencia. Mis palabras no tienen, pues, arrières-pensées, por utilizar términos de una lengua que le es tan familiar. He compartido con él funciones jurisdiccionales y puedo dar testimonio de su excepcional valía humana y profesional, así como de las cualidades jurídicas que ostenta.…  Seguir leyendo »

Agradezco, una vez más, la hospitalidad de ABC por darme acogida en esta Tercera y brindarme la oportunidad de poder opinar sobre una cuestión de gran calado en el ámbito del gobierno judicial que está pasando en gran medida inadvertida. Me refiero al papel que el Tribunal Supremo está llamado a desempeñar, como institución central de nuestro sistema judicial, en el renovado Consejo General del Poder Judicial una vez que se apruebe la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, impulsada por el Gobierno de España, está a punto a aprobarse por las Cortes Generales.

Hace unos años y en esta misma sede me sentí obligado a romper mi modesta lanza en defensa del Alto Tribunal ante un atrabiliario proyecto que el anterior Gobierno pretendía llevar a cabo sobre el recurso de casación, en aras de supuestas mejoras técnicas y organizativas, y que, de no haberse frustrado, hubiera convertido al más señero de nuestros tribunales en una institución irrelevante.…  Seguir leyendo »

Se aproxima el juicio oral contra el juez Garzón y conviene recordar que el Gobierno español está pendiente de responder al requerimiento de la justicia argentina acerca de “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. Evidentemente, la respuesta es la persecución penal del juez Garzón por el Tribunal Supremo (TS) bajo el impulso de los herederos del franquismo, precisamente por haber practicado, como estaba legalmente obligado a hacer, unas diligencias preliminares para esclarecer aquel plan y algunas de sus consecuencias, como las desapariciones forzadas y el secuestro de niños.…  Seguir leyendo »

Hoy, en el Salón del Plenos del Tribunal Supremo tendrá lugar una vez más el solemne acto de apertura del Año Judicial, que se celebrará bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, manteniendo así una tradición más que centenaria de comenzar de esta manera simbólica el curso judicial y precisamente en la sede de un tribunal que dentro de dos años cumplirá sus dos siglos de existencia.

Fue en la Villa de la Real Isla de León (hoy San Fernando) y bajo la amenaza del ejército napoleónico, donde tuvo lugar un hecho enormemente trascendente para la historia de nuestra Nación: la constitución de las Cortes Generales y Extraordinarias, que dos años más tarde, ya en la ciudad de Cádiz, alumbraron la primera Constitución española, la de 19 de marzo de 1812, primer espejo en el que se reflejó la voluntad española de vivir en libertad frente al absolutismo del Antiguo Régimen y en la que, rompiendo con nuestra tradición histórica de Administración de Justicia basada en los antiguos Consejos territoriales, se declaró que habría en la Corte un tribunal que se llamaría «Supremo Tribunal de Justicia», proclamando así enfáticamente en su propia denominación la supremacía que este Tribunal estaba llamado a tener en nuestro país y que la Constitución española de 1978, heredera de esta tradición, también ha querido mantener en su artículo 123 al señalar que el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.…  Seguir leyendo »

La enorme grieta generada en la comunidad jurídica por el comportamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), con ocasión de la apertura del juicio oral contra Baltasar Garzón y el mantenimiento, en fase de instrucción, de dos causas más en su contra, tiene múltiples y variadas explicaciones. Por mi parte, esbozo una distinta del sentir mayoritario, pues no atribuyo lo que ocurre ni a la politización de la justicia ni a una división ideológica de los jueces entre conservadores o progresistas o terceras vías, incluso.

Veo la actual crisis como consecuencia lógica de una sorda, lenta y eficaz recuperación por parte del Tribunal Supremo del poder que le arrebató la Constitución de 1978; al igual que lo que parece que va suceder con la sentencia constitucional del Estatut, estamos volviendo a posiciones jurídico-políticas previas al periodo constituyente.…  Seguir leyendo »

En un momento de grandes tribulaciones como este, en el que nadie parece estar a la altura de sus obligaciones y ni los magistrados del Constitucional ni el presidente del Congreso son capaces de asumir sus responsabilidades institucionales, date una vuelta por el Tribunal Supremo. Se lo recomendé el miércoles a un contertulio de Veo 7 y te lo propongo hoy a ti, lector demócrata apegado a los valores de la Transición, querido español con sentido del Estado, ahora que, más que preocuparte, te angustia todo lo que está pasando. Vete al Supremo o acompáñame al menos a visitarlo.

Nada más franquear la puerta a la que se accede desde la plaza de la Villa de París voy a presentarte a dos personas principales que sientan cátedra en el vestíbulo.…  Seguir leyendo »

Supongo que quienes me conocen estarán de acuerdo en que si en algo soy experto es en la lidia de insidiosos y calumniadores, festejo al que hace años asistí no desde el callejón sino en el ruedo; esto es, con el morlaco delante y embistiendo por derecho. No voy a hablar, porque ni hace al caso ni vale la pena desempolvar viejos pleitos, de lo acontecido en aquella feria y tampoco, por respeto a los muertos, he de reseñar el hierro de la ganadería. A lo que hoy quiero referirme es a la campaña de acoso y derribo en toda regla que desde hace un mes soporta el Tribunal Supremo; en particular, algunos de sus magistrados, cuyos nombres es innecesario dar.…  Seguir leyendo »

El día 27 de abril se publicaba en este periódico un artículo que, bajo el título El procedimiento en democracia, firmaban cinco magistrados, refiriéndose a la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el juez Garzón por sus investigaciones relativas a los crímenes de la Guerra Civil y de la posguerra franquista. Reconociendo que en tal escrito se manejan argumentos nuevos y atractivos sobre la cuestión, no se pueden compartir, sin embargo, algunas de las afirmaciones que se hacen o algunos de los resultados interpretativos que se alcanzan.

Para empezar, se refieren los firmantes a la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de 12 de diciembre de 2000, por la que se impide el recuento manual de votos que antes había sido ordenado por la justicia de Florida a la vista de que existían claros y razonables indicios de que unos 180.000 votos de aquel Estado no hubieran sido bien leídos por las máquinas.…  Seguir leyendo »

El acoso judicial a Baltasar Garzón -creo sinceramente que así puede ser definido lo que está sucediendo a este magistrado- ha suscitado, dentro y fuera de nuestra sociedad, perplejidad primero e indignación después. Uno y otro sentimiento se han manifestado en diversos ámbitos y su expresión alcanzó quizá singular resonancia en el acto celebrado el pasado día 13 en la Universidad Complutense. Lo que allí se dijo -y lo que no se dijo pero ha sido imaginado por algunos- ha provocado una avalancha de reacciones contrarias. Algunas de ellas se han situado en el campo del insulto soez o de la amenaza apenas velada, pues se ha llegado a insinuar que los nuevos cachorros del franquismo pueden volver a las andadas de sus mayores.…  Seguir leyendo »

El 12 de diciembre de 2000 se dictó la sentencia, probablemente, más trascendente de la historia, atendidas sus implicaciones. La Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la resolución del Tribunal Supremo de Florida que había ordenado el recuento manual de 11.000 votos emitidos en la elección presidencial. Con ello, se impidió comprobar las irregularidades del recuento automatizado denunciadas por el Partido Demócrata. La presunción de que el sistema de cómputo había dejado de contabilizar un buen número de sufragios que potencialmente hubieran beneficiado al candidato Gore no impidió que la balanza de la elección se inclinara del lado de Bush por 300 votos.…  Seguir leyendo »

El Tribunal Supremo, según la Constitución “órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”, se encuentra en un momento crítico, que puede describirse exhibiendo la orientación ideológica de los 15 magistrados de su Sala Penal, competentes en las causas especiales de aforados políticos o judiciales, pero que merece un análisis más hondo. La contabilidad ideológica, plástica y efectista, no basta para comprender el problema generado en el alto tribunal con casos política y judicialmente calientes sobre la mesa, al abrir varias causas contra el juez Baltasar Garzón, a partir de unas querellas que le acusan de prevaricación por intentar investigar los crímenes del franquismo.…  Seguir leyendo »

Por Francisco Chamorro Bernal, doctor en Derecho, es autor de La tutela judicial efectiva y El derecho de libre acceso a los tribunales (EL PAÍS, 10/03/08):

Cuando el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional una ley del Congreso de los Diputados (y lo ha hecho en muchas ocasiones), en ningún caso éste, que es el máximo órgano representativo de la soberanía popular, se ha considerado desautorizado.

Sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional se ha visto obligado a anular, por inconstitucionales, sentencias del Tribunal Supremo, éste ha reaccionado desabridamente, alegando que se invadían sus competencias.

Hace unos días, se publicaron en todos los periódicos las quejas de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y también del Fiscal General del Estado (antiguo miembro de dicha sala) por considerar que la reciente sentencia del pasado día 20 de febrero, que anula la condena a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, excede de las competencias del Tribunal Constitucional.…  Seguir leyendo »

Por Manuel Ollé Sesé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (EL MUNDO, 04/07/07):

La Sala Segunda del Tribunal Supremo se enfrenta en los próximos días a dos resoluciones de notable trascendencia, no sólo para España sino también para gran parte de la comunidad internacional. Su lectura y su doctrina, a buen seguro, traspasarán nuestras fronteras. Tal vez sean las sentencias más importantes dictadas por el TS hasta la fecha en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional. Me estoy refiriendo a los conocidos como los casos Scilingo y Cavallo.

Los dos procesos están unidos por un reprochable denominador común: la Comisión de Crímenes contra la Humanidad en Argentina, una vez consumado el golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón, el 24 de marzo de 1976.…  Seguir leyendo »

Por Ramón Trillo Torres, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (EL PAÍS, 25/01/07):

Hace de esto muchos años, en el siglo VI, Justiniano, emperador de Bizancio, quiso dar fijeza al Derecho por el que se regían sus súbditos, por lo que le encomendó al cuestor Treboniano que recopilase la jurisprudencia romana, recopilación que ordenó que llevase el nombre de Digesto y respecto a la que conminó que “ningún jurisperito se atreviera en el futuro a añadirle comentario ni a echar a perder la ventaja de dicho volumen con su verbosidad, como ocurrió en pasados tiempos, cuando todo el Derecho quedó perturbado por la confusión de las opiniones contradictorias de los intérpretes”.…  Seguir leyendo »

Por Jose Luis Requero, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial (EL MUNDO, 03/03/06):

«Payaso», «fascistón», «inculto», «analfabeto». Estos son algunos de los insultos que dirigentes de ERC dedicaron hace semanas al presidente del Tribunal Supremo, es decir, a la cabeza y representante del tercer poder del Estado. Hace meses otro dirigente, esta vez del PSOE, le llamaba «mentiroso». Y es que el insulto al juez es moneda de curso ordinario. Así, la vicepresidenta primera nos calificó de gente «tenebrosa» y el pasado verano, ojo al dato, un alto cargo del Ministerio de Justicia decía de los jueces que dudaban de la constitucionalidad de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, que dictaban resoluciones «deleznables» y «antidemocráticas», que intentaban boicotear la ley y que le hacían el trabajo al PP.…  Seguir leyendo »

Por Bonifacio de la Cuadra (EL PAIS, 04/03/04):

La última edición, por ahora, del desencuentro entre los tribunales Constitucional y Supremo -especialmente desabrido cuando aparece en escena la Sala Civil de este último- ha planteado complicados aspectos de la interrelación entre ambos, así como ha reproducido antecedentes de reproches mutuos más próximos a un ajuste de cuentas que a la aplicación taxativa de las normas jurídicas. En cambio, ha quedado en un segundo plano de esta reyerta el papel de los ciudadanos, siendo así que es justamente la obligada protección jurisdiccional de sus derechos fundamentales lo que constituye la razón de ser de esos dos importantes tribunales.…  Seguir leyendo »

Por Pablo Saavedra Gallo, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (LA RAZON, 03/03/04):

Una vez más se ha reproducido la polémica sobre los «desencuentros» Tribunal Constitucional-Tribunal Supremo. En esta ocasión, el «detonante» es la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en la que declara incursos en responsabilidad civil a once magistrados del TC; sentencia seguida por un acuerdo del TC denunciando la invasión de su jurisdicción. Y también como es costumbre, la mayor parte del debate mediático se ha centrado en los aspectos externos de la cuestión: «eterna pugna TC-TS», «pulso corporativista»…

Lamentablemente, el grave problema es otro: origen y causa de esos «desencuentros».…  Seguir leyendo »

Por Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, Álvaro Rodríguez Bereijo y Pedro Cruz Villalón, ex presidentes del Tribunal Constitucional (EL PAIS, 26/02/04):

Cuando apenas han quedado atrás las celebraciones conmemorativas del 25º aniversario de la Constitución, una reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo viene a añadirse a la, por desgracia, larga serie de desencuentros entre algunas de sus más altas instancias de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, provocando una situación que consideramos está adquiriendo los caracteres de una crisis constitucional.

Resulta, en efecto, enormemente preocupante que dicha Sala de lo Civil, aunque sea sin unanimidad, en una resolución absolutamente sin precedentes, y bajo la forma de una condena por responsabilidad civil, haya entrado, en primer lugar, a examinar la mayor o menor corrección jurídica de la declaración de inviabilidad de una demanda de amparo cuando menos singular, haya concluido en un pronunciamiento de “ignorancia inexcusable” del Derecho y haya condenado, por fin, a todos y cada uno de los integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional que adoptó la referida resolución, a indemnizar al demandante de amparo.…  Seguir leyendo »