Cada vez es más habitual en la información sobre la justicia y los jueces ver junto al nombre de un magistrado una determinada etiqueta que le identifica con una ideología: progresista/conservador, izquierdas/derechas. El etiquetaje es un modo de presentar un determinado 'producto'. Responde a una voluntad de informar pero también de simplificar la información. Etiquetar no es, por sí sola, una actividad perniciosa, aunque la información puede ser incompleta o equívoca.
Cuando se etiqueta a los jueces se superponen planos distintos ya que se confunde la función constitucional de los jueces -juzgar y ejecutar lo juzgado- con la función del Consejo General del Poder Judicial, que no es un órgano jurisdiccional sino constitucional, que tiene atribuida una función política: la del gobierno de los jueces.
Los jueces, en su quehacer cotidiano, en su función jurisdiccional, dictan cientos de miles de resoluciones todos los años, resuelven miles de casos en términos razonables que no generan ninguna polémica ni comentario. Desgraciadamente un porcentaje muy reducido de esas resoluciones tiene impacto mediático. Resoluciones atípicas, novedosas o dictadas en procedimientos que han tenido un debate social o político previo o paralelo. Los jueces deben convivir y aceptar esa realidad: el control mediático de su función, el que sirve para conformar la opinión del ciudadano, se basa en un número muy reducido de asuntos con gran impacto.
No es cierto que los ciudadanos tengan una mala opinión de su Administración de justicia, o por lo menos esa opinión no difiere mucho de la evaluación que se da a otras instituciones del Estado. Los españoles son muy exigentes con sus instituciones y con los servicios que dichas instituciones les ofrecen. La justicia española no desentona en el contexto de la justicia de otros países de la Unión Europea y además está sirviendo como referente en su organización, funcionamiento y controles a otros países del Este de Europa y de América en vías de normalizar sus instituciones democráticas.
Si se examina el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas de enero de 2007 se puede comprobar cómo la Administración de justicia no está entre los principales problemas que preocupen a los ciudadanos (preocupa a un 1,6% de los encuestados). Sin embargo, las principales inquietudes -terrorismo, paro, vivienda, inmigración, violencia de género- suponen un porcentaje importante de la actividad judicial en el enjuiciamiento y tutela de los derechos.
Si se acepta que la tarea del juez no es sencilla, ni fácil su papel de garante de derechos de toda índole, sería necesario disponer de un órgano de gobierno de los jueces fuerte y prestigiado, capaz de garantizar la independencia de la judicatura y de dar respuesta a las principales cuestiones que afectan al funcionamiento de la justicia. Desgraciadamente el CGPJ no ha sido capaz de fortalecer la imagen y la actuación de los jueces, seguramente porque no ha encontrado un papel verdaderamente político y se ha contentado con ser un simple eco o contrapoder del Gobierno, según los casos. Tanto en uno como en otro lado del péndulo se ha desenfocado su verdadera función.
La principal función del Consejo, a la que debe aplicar el mayor esfuerzo, es la de garantizar la independencia de los jueces: que nadie perturbe la función de juzgar y que esa función se realice con escrupuloso respeto al principio de legalidad constitucional. En esa función no siempre se coincide con las preferencias o exigencias de la opinión pública, ni se responde a calendarios o climas políticos o sociales. La Constitución es un instrumento vertebrador de la sociedad, que no sirve a intereses conyunturales. Una solución correcta y razonable, en clave constitucional, puede no coincidir con los intereses, apetencias u objetivos de un partido político o con expectativas generadas ante determinada situación social: la justicia no puede ser la cabeza de lanza de la crispación ni el remedio para sosegar los ánimos.
El Consejo tiene otras tareas fundamentales para su credibilidad vinculadas a la necesidad de disponer de una carrera judicial seleccionada y formada siguiendo criterios de excelencia, garantizando un conocimiento crítico y reflexivo del ordenamiento jurídico, pero también con los pies en la tierra. Esta tarea pasa por introducir criterios racionalizadores de la fase de oposición y consolidar la Escuela Judicial como el verdadero ámbito para la selección de los jueces.
También es necesario afinar un sistema de detección de los problemas de los juzgados y tribunales más ágil, que haga realmente útil la estadística judicial para obtener una radiografía real que sirva como primer escalón para diseñar una planta judicial adaptada a las necesidades de una sociedad altamente tecnificada, con una estructura económica globalizada, identificando qué conflictos exigen una solución próxima, cercana, y cuales precisan respuestas no necesariamente locales. Esas nuevas oficinas y un nuevo modelo de distribución de los juzgados en el territorio son asignatura pendiente.
Es necesario un proyecto de política judicial serio, que defina y diseñe la actividad del Consejo durante su mandato. Politizar el organismo en ese cometido permitirá mejorar la imagen de la justicia y dotará de sentido constitucional a la institución. Ayudaría que el Parlamento ajustara sus calendarios a agendas no partidistas y a mejorar, en definitiva, la garantía de independencia de los tribunales y la respuesta rápida y eficaz a las demandas de tutela judicial de los ciudadanos. Un Consejo renovado y con respaldo del Parlamento podría lograrlo.
José María Fernández Seijo, magistrado.