¿Europa?

De vez en cuando, vale la pena recordar alguna obviedad. Como esta: Europa no es la Unión Europea y todavía menos la Comisión Europea, su órgano ejecutivo formado a partir de los representantes de cada Estado miembro. La parte no define al todo.

O como esta otra: los dos grandes problemas políticos del Estado español hoy son, por una parte, problemas de calidad democrática, que tienen que ver con la separación de poderes, la corrupción política y financiera, la partitocracia y la impermeabilidad entre partidos y sociedad, y, sobre todo, los cauces para vehicular la participación ciudadana en el gobierno y la decisión de la cosa pública (en este aspecto, desde la perspectiva catalana, es evidente que los debates en torno a la consulta son un problema de calidad democrática del sistema: la comparación con la democracia europea más antigua y sólida, la británica, es sangrante). Por otra parte, los problemas migratorios, que afectan a los acontecimientos recientes de Ceuta y Melilla, a los siniestros centros de internamiento de extranjeros o a las detenciones policiales arbitrarias y a las deportaciones exprés masivas.

Todos estos aspectos están interconectados. La calidad democrática de un sistema político es inseparable de su posicionamiento respecto a las políticas migratorias, y viceversa. Y tanto la valoración de la calidad democrática como la que pueda hacerse respecto de las políticas migratorias es inseparable de su dimensión europea.

En lo que respecta al primer problema, el de la calidad democrática, el análisis comparativo más superficial puede concluir que la dimensión, el alcance y la magnitud del problema que tiene el Estado español ofrece pocos paralelismos con cualquiera de los otros países europeos de la UE. En lo que se refiere al otro problema, el de la cuestión migratoria, es fácil diagnosticar una situación paradójica: por una parte, voces altamente cualificadas en Europa están asistiendo, con estupefacción e incomprensión absolutas, a algunos acontecimientos, como los muertos en Ceuta, que, en cualquier otro país serían motivo de escándalo político. El pasado jueves, un intelectual europeo de tanto prestigio como Sami Naïr no tenía inconveniente, en el Centre Cultural El Born, en denunciarlo con términos tan inapelables como estos: “No hay argumento que permita disparar contra gente desarmada e indefensa. Es inaceptable”. Por otra parte, desde el Ministerio del Interior, se han echado pelotas fuera desde el inicio, reiterando que el problema no es español, sino que es europeo, sugiriendo así, con ello, que el Gobierno de España no hace sino aplicar una normativa europea. Y, con todo, la práctica de disparar contra inmigrantes que se acercan a los límites fronterizos no tiene parangón en la UE. Además, no es impertinente recordar, como hizo también Naïr, que estamos asistiendo a una renacionalización de las políticas migratorias y que no vale cargarle los muertos a la UE.

A la hora de elaborar una cartografía ideológica, aunque sea simple y provisional, de las diferentes posiciones ante la cuestión migratoria, no es difícil reconocer una versión dura, representada por la ultraderecha europea. Véase, por ejemplo, por citar casos recientes, el de Geert Wilderts, líder holandés del Partido de la Libertad, quien en un acto, preguntó a su auditorio “cuántos marroquíes queréis en Holanda, ¿más o menos?” y, ante el clamor de la respuesta, “¡Menos, menos, menos!”, escupió sonriendo: “Nos cuidaremos de ello”. O una Marine Le Pen, eufórica por los resultados electorales, que regaló este consejo, como si le hiciera falta, al Gobierno español: “Lo de Melilla se soluciona quitándoles la sanidad, la escolarización y las ayudas sociales”. La versión blanda de esta posición es la del “aquí no cabemos todos”, suscrita por la práctica mayoría de los partidos conservadores (y algunos socialdemócratas) de la Unión Europea.

Lo más inquietante, sin embargo, es el muy reciente trasvase de la posición blanda a la posición dura, como ha podido escucharse, la semana pasada, en declaraciones oficiales del Gobierno de Angela Merkel sobre la conveniencia de limitar el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales y la necesidad de restringir los permisos de residencia si no se consigue empleo en seis meses, o en los comentarios de Joaquín Almunia recordando que un Estado de la UE puede enviar a su país de origen a un inmigrante, a pesar de haberlo acogido, si no obtiene trabajo ni medios de vida para garantizarse la subsistencia.

Europa está hoy secuestrada, desde la Comisión Europea de los estados, por sus peores enemigos: aquellos que a la hora de escoger entre una tradición noble de acogida y hospitalidad, que se remonta al respeto sagrado del extranjero tal como surgió en la Grecia clásica, o una tradición indigna que se ha expresado secularmente en el odio, la alergia y la aversión frente al llegado de fuera de las fronteras, optan por esta segunda posibilidad. En nombre de la tradición de la dignidad hablaron, en el siglo XX, Edmund Husserl, Léon Blum, Robert Schuman, Tomáš Masaryk, Jan Patocka o, más recientemente, Emmanuel Lévinas o Jacques Derrida, quien con más lucidez ha teorizado en los últimos tiempos sobre el derecho de asilo y el deber de hospitalidad. Buena parte de los mandatarios europeos están renegando de esta tradición que es médula espinal de Europa y abrazan una tradición indigna que representa lo más infame de su pasado, de su presente y sin duda de su futuro. Y no puede ser.

Xavier Antich

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