«España es el problema y Europa la solución». La severa sentencia de Ortega ya había sido refutada por Unamuno en un soberbio artículo publicado en La España moderna en diciembre de 1906. El pensador vasco situaba la europeización entre los «tópicos regeneradores» que venían repitiéndose desde el desastre finisecular. Y agregaba: «El término europeo expresa una idea vaga, muy vaga, excesivamente vaga, pero es mucho más vaga la idea que se expresa con el término moderno. Y si las juntamos, parece como que dos vaguedades deben concretarse y limitarse mutuamente, y que la expresión europeo moderno ha de ser más clara que cualquiera de los dos términos que la componen; pero acaso sea en el fondo más vaga que ellas».
Sirva este exordio para contextualizar lo que significa para la cuarta economía del euro la recepción de 140.000 millones de euros de los 750.000 contemplados en Next Generation, el fondo de recuperación de la Unión Europea tras el golpe brutal del coronavirus. Que este plan, desbloqueado recientemente, es una gran oportunidad para las zonas rurales es una evidencia tan palmaria como que llega en un escenario de inestabilidad, crispación y parálisis reformista. Hay que contener el optimismo. La Comisión Europea, que ya le dio un toque al Gobierno por considerar inflada la partida de ingresos en los Presupuestos para 2021, da por hecho que el dinero tardará mucho en llegar, en ejecutarse y en dar sus frutos. De ahí la importancia de sacarle el máximo partido. Primero, contando con las comunidades en el reparto del pastel, y no limitando su fiscalización a la comisión interministerial muñida entre PSOE y Podemos. Segundo, y mucho más importante, sabiendo en qué emplear este instrumento.
Quizá porque, como solía decir Manu Leguineche, la información internacional no le interesa a nadie en España, aún no hemos puesto el foco en qué, cómo y cuándo se van a gastar estas partidas. El primer reto, aunque parezca inverosímil, pasa por articular una estructura administrativa que permita canalizar con éxito los proyectos que decidan financiarse. Nuestro país acostumbra a dejarse en la gatera buena parte de las ayudas concedidas con cargos los fondos estructurales de la UE. A día de hoy, España aún tiene pendiente destinar la mitad de los 40.000 millones de euros que le corresponden de los Fondos Feder para el periodo que expira este año. Bruselas concede tres ejercicios de prórroga. Si nuestro país no los usa, se perderán. Y a ello que hay que sumar las iniciativas que se ejecuten en el marco del nuevo periodo de este mismo programa, que va a incorporar por primera vez una definición de despoblación. Este cambio normativo, en apariencia menor, permitirá que la financiación destinada a zonas con una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado llegue de verdad a las provincias y comarcas más despobladas, y no se quede por el camino.
La gestión de los fondos requiere entender antes que la vertebración de la nación pasa, precisamente, por atender las singularidades territoriales. Por un lado, sería de gran ayuda rebajar el tono apocalíptico que suele acompañar el debate público alrededor de la despoblación: España no es una excepción en Europa (hay también una Francia y una Inglaterra vacías) y ya no estamos en la época de las «carreteras polvorientas» y las «fonditas destartaladas» que consignó Azorín. Por otro, aunque convendría contar de una vez con una Estrategia Nacional para el Reto Demográfico, el diagnóstico es conocido. El periodista José María Martí Font explica en La España de las ciudades (ED Libros) que el desplazamiento de la población desde el campo fue tan rápido que, entre 1960 y 1975, Madrid y su área metropolitana pasaron de 2,3 millones a 4 millones de habitantes. Actualmente, cinco corredores urbanos superan el millón de habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga-Costa del Sol) y una decena registra entre medio millón y un millón. Resultado: más de la mitad de la superficie española puede considerarse, por usar una expresión delibeana, biológicamente muerta.
«La agricultura, misérrima, sirve nada más para vivir», anotó Gaziel en su viaje a Castilla en 1962. Ya no. La mecanización del campo genera riqueza, pero no puestos de trabajo. Y la diversificación de la estructura económica en los municipios de menos de 10.000 habitantes ha hecho que el sector primario haya pasado, en cuatro décadas, de representar el 75% del empleo rural a un 26%. Next Generation, en el marco del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, propone combatir la crisis climática fomentando cambios estructurales en las zonas rurales. Se potenciarán las industrias que impulsen el sector digital, la ecología y la cohesión social y territorial. Estas directrices encajan como un guante en las exigencias de la autodenominada España vaciada. También en sus oportunidades: los yacimientos de empleo vinculados a las energías renovables, la explotación de los recursos forestales, la industria agroalimentaria o el potencial del teletrabajo. No son quimeras en abstracto. Se trata de objetivos supeditados a la garantía de igualdad en el acceso a los servicios públicos, meta que aún queda lejos. España es el país con la red de fibra óptica más extensa de Europa, pero seis millones de ciudadanos de zonas rurales no disponen de conexión de ultra banda ancha, sufren una cobertura móvil deficiente y están siendo orillados en el despliegue del 5G. Y garantizar la conectividad es tan importante para el campo como amarrar las subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC).
Teruel Existe ha trasladado a La Moncloa las limitaciones que supone la «escasa masa crítica» en el campo a la hora de esperar la propuesta de proyectos. Es una advertencia razonable. Las administraciones, empezando por el Gobierno, no pueden eludir el deber de liderar las actuaciones. Por último, sería conveniente establecer enclaves prioritarios: capitales de provincia, ciudades medianas y pequeñas, cabeceras de comarca. No sirve de nada derrochar una millonada en levantar frontones en aldeas donde no vive nadie. Sí es factible ayudar a los emprendedores y a las empresas de proximidad en aquellos municipios cuya escala aún permite mantener un mínimo tejido productivo.
Carlos Martínez, alcalde de Soria, acostumbra a decir que los problemas de movilidad y polución de Madrid se arreglan en la meseta. La concentración de rentas altas y de actividad económica en las grandes capitales detrae recursos a las siete regiones (Aragón, Asturias, Galicia, Cantabria, La Rioja y las dos Castillas) con una población escasa, dispersa y envejecida. Y, dado que ahora las infraestructuras permiten vivir en Segovia o en Toledo y trabajar en Madrid, habría que aprovechar el mal llamado maná europeo para corregir el disparate que supone que el 90% de los españoles se apelotone en el 30% del territorio. Es una distribución demográfica insostenible que gangrena a todo el país, no solo a las zonas despobladas.
Raúl Conde es periodista y autor de Los Pueblos Negros (Editorial Mediterráneo).