Europa: dos vías de agua

Las diferencias de que se acusa a las instituciones europeas son, en su mayoría, incumplimientos y trapacerías de los estados nacionales, pero estos venden mejor su mercancía y saben señalar con mayor eficacia al 'monstruo de Bruselas'. La política de inmigración es el ejemplo de manual: nadie hace caso a las propuestas de la Comisión pero, en el decir de las gentes, 'Europa no hace sus deberes con los refugiados'. Los ejemplos podrían multiplicarse echando mano de la política energética, de transportes o de la agenda digital...

Esta realidad es inequívoca. En esta misma línea, consistente en hacer cada cual la guerra por su cuenta, se están abriendo dos nuevas vías de agua con consecuencias imprevisibles pero ya intuimos que graves: una es la proliferación de referendos aquí y acullá siendo el último la simpática iniciativa del gobierno húngaro de convocar uno sobre la citada política de inmigración. La otra es la tramitación de los tratados comerciales con Canadá y los Estados Unidos (conocidos por sus siglas CETA y TTIP).

Europa dos vías de aguaComo ha denunciado hace unos días Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, en las páginas del Frankfurter Allgemeine Zeitung, el origen de muchas tribulaciones europeas hay que buscarlo en las actitudes propaladas por ese batallón de simplificadores que inundan cenáculos y círculos políticos, en general, políticos chirles que para todo encuentran un chivo expiatorio pero nunca explican sus soluciones.

El referéndum, parece mentira tener que insistir en ello, es desde siempre el instrumento preferido de los dictadores y a los jóvenes españoles conviene recordarles que, entre las llamadas Leyes fundamentales del Franquismo, gris sucedáneo de una Constitución, se hallaba la que regulaba el referéndum porque convocar a los españoles por esta vía entretenía mucho al 'Caudillo'. No hay mejor forma de tergiversarlo todo que hacer una pregunta directa al pueblo sobre una cuestión ardua. Nosotros nos quedamos, más comedidamente, con las experiencias -de éxito- que se han desarrollado en Alemania, sobre todo después de la unificación, consistentes en ampliar las formas de democracia directa en el ámbito municipal y también en relación con muchas políticas regionales, asuntos acerca de los cuales los ciudadanos pueden disponer de todos los datos necesarios para emitir un juicio sin necesidad de seguir un curso especializado. Ya los autores de los 'papeles federalistas', fundadores del constitucionalismo norteamericano, dejaron constancia de sus reticencias frente a la democracia directa y la historia les ha dado la razón porque las causas más reaccionarias han vencido en EEUU muchas veces gracias a los referendos que permiten a los grupos de presión y a organizaciones estrambóticas circular con una libertad que no es usual en los pasillos de los parlamentos y asambleas. En definitiva, toda la prevención es poca ante el gobernante que recurre al referéndum para dar el gato de un gatuperio político por la liebre de la democracia sabiamente gobernada.

Especialmente esto es cierto en el ámbito de la Unión Europea, donde sólo gobernantes mal intencionados y populistas recurren a la consulta popular para socavar o condicionar políticas que han de ser adoptadas por las instituciones comunitarias, sea el izquierdista griego o el derechista húngaro u holandés. Para luego hacer por cierto lo que buenamente les parezca. Construir Europa es reforzar los procedimientos y adopción de decisiones conflictivas de forma conjunta, tras arduas negociaciones, no alborotar el cortijo y hacer rancho aparte.

La otra vía de agua citada es la aprobación de los tratados comerciales: de momento con Canadá y, después, vendrá el de EEUU, si no descarrila antes. En el caso de Canadá es la propia Comisión Europea la que ha sembrado el camino de cáscaras de plátano. La calificación del tratado como 'acuerdo mixto' implica la necesidad de su aprobación por los parlamentos nacionales: 'Su plena entrada en vigor estará sujeta a la ratificación por parte de la UE, mediante una decisión del Consejo con la aprobación del Parlamento Europeo, y por todos los estados miembros de conformidad con los procedimientos nacionales de ratificación pertinentes' [documento de 5 de julio de 2016].

La primera pregunta inquietante es: ¿sólo los parlamentos nacionales están llamados a esta tarea o también los regionales? Decimos esto porque de momento en Alemania ya se oyen voces exigiendo que, además del Bundestag, se pronuncie el Bundesrat, es decir la representación de los gobiernos de los Länder. En Bélgica, por su parte, tienen la misma consideración los parlamentos regionales que las cámaras federales y así podríamos seguir con otros ejemplos extraídos del derecho constitucional de los estados.

Todo esto suena al 'garbuglio' que invoca Bartolo en Las Bodas mozartianas: '... con un equívoco, con un sinónimo ya se encontrará cualquier enredo ...'. Porque bien podría la Comisión haber defendido el carácter exclusivo de las competencias afectadas por el Tratado (unión aduanera, funcionamiento del mercado interior, política comercial común) y haber evitado así el paseo por los estados nacionales.

Haber optado por la vía señalada permite augurar un futuro más que incierto a este Tratado que tantos beneficios ha de producir a juicio de la misma Comisión que cita, entre ellos, los de permitir a las empresas europeas concurrir a los contratos públicos canadienses o reducir los derechos de aduana con efectos positivos para consumidores y empresarios, en fin, facilitar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales (ingenieros, economistas, arquitectos ...). Todo ello, insistimos, según la lisonjera enumeración que realiza la propia Comisión.

Con los obstáculos que ella misma ha aparejado es probable que tales ventajas no se lleguen a aplicar jamás o se apliquen, de forma asimétrica, en unos estados y no en otros si es que todo ello es posible desde el punto de vista técnico.

En cualquier caso lo que se advierte es que la Comisión, centro neurálgico de las instituciones europeas, acepta convertirse en una simple mediadora entre los estados de la Unión y otros países extranjeros renunciando al papel esencial y conformador que le asignan los Tratados. Llevando así el principio de subsiariedad a sus máximas y más arriesgadas consecuencias ¿no se da cuenta la Comisión que está socavando de manera irremediable su autoridad? ¿no queda además el Parlamento Europeo en un lugar poco brillante, como un parlamento más y no como el depositario de la voluntad popular europea, lugar donde ha de quedar ajustado el interés general europeo?

Cuando creíamos que eran sólo los populismos de derecha e izquierda los que están desdibujando el edificio europeo nos encontramos, de forma inesperada, a la mismísima Comisión Europea colaborando en esta tarea tan poco lucida.

Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes, catedráticos de Derecho Administrativo, son autores de Cartas a un euroescéptico (Marcial Pons, 2014).

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