España acoge hoy una reunión de países mediterráneos para debatir la ayuda internacional a Libia. Una iniciativa muy oportuna porque, a medida que la situación empeora, aumenta el peligro de contagio a los países vecinos, y Francia lleva tiempo pidiendo una intervención.
España es un anfitrión apropiado. No tiene un pasado colonial ni vínculos demasiado estrechos con el viejo régimen; el diplomático Bernardino León es actualmente enviado especial de la ONU para Libia, después de haber ocupado ese puesto en la UE; España preside este año el grupo 5+5 de países del Mediterráneo occidental, que son de los que más sufren las consecuencias. Además, puede contrarrestar la percepción de que ha perdido peso en la política internacional en los últimos años y ejercer el papel de gran mediador europeo en el mundo árabe, una de sus prioridades estratégicas, aunque eso exige destinar más recursos a la diplomacia, la defensa y la cooperación al desarrollo y un compromiso sostenido que no se quede en reuniones.
Europa no puede ignorar la grave crisis de Libia, tan olvidada en el debate público.
La influencia de España y Europa en la situación libia no es inmensa, pero tampoco despreciable. A los personajes más destacados les importa mucho el acceso a Europa (viajes, propiedades, mercados financieros), y la amenaza de sanciones individuales de la ONU puede servir para que acepten un acuerdo.
Las potencias regionales tienen un papel importante, como han mostrado las recientes incursiones aéreas atribuidas a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El nuevo jefe de Estado Mayor libio ha hecho sus primeras visitas a Egipto y los Emiratos y ha demostrado que puede ser una fuerza neutral. Libia es un escenario más de una guerra regional y precisamente por eso necesita mediadores honrados.
Y no hay que olvidar que la cuestión energética influye en los dos sentidos: los libios necesitan el dinero de las exportaciones de energía tanto como nosotros sus recursos. Paradójicamente, la producción de petróleo está aumentando mientras se intensifican los combates, pero eso no va a durar.
Bernardino León, el Consejo de Seguridad de la ONU y la UE han pedido que se inicie un diálogo político, y hacen bien. Pero hay que ser conscientes de lo que eso implica, que es un parlamento neutral. También es necesario tomar otras decisiones: que todos los partidos abandonen la estrategia de la victoria absoluta; la abolición de la ley de aislamiento político, que excluye de la vida pública a todos los que tuvieron el menor indicio de cooperación con el antiguo régimen; un ejército neutral que acabe llevando al desmantelamiento de las milicias; que continúe el proceso de redacción de la Constitución, con ayuda internacional cuando sea preciso. En su momento habrá elecciones presidenciales y parlamentarias, pero bajo la tutela de un Gobierno de unidad nacional con el fin de garantizar la seguridad de las mesas electorales y el respeto a los resultados.
Los Estados miembros de la UE y la Comisión, empezando por la nueva Alta Representante, tendrán que tomar decisiones dolorosas y asumir ciertos compromisos. León reconoció en su día al Gobierno de Tobruk, como era lógico. Pero hoy el Gobierno ya no controla la mayor parte del país, y no podría lograrlo sin una ofensiva militar que puede ser tan sangrienta como ineficaz. Las milicias de Zintán que le apoyan han decidido retirarse de Trípoli y dejar que actúe la política. Pero que mantengan o no esa actitud dependerá de que la política sea eficaz.
El Gobierno de Trípoli controla más territorio, en teoría, pero su falta de legitimidad nacional e internacional es indudable. Por eso, la única solución es que el Parlamento de Tobruk sea más integrador, y para ello tiene que irse de la ciudad. Ya se han ido muchos de sus miembros, que afirman que su situación no es ni constitucional (debería estar en Bengasi) ni neutral, porque está en pleno territorio dominado por Heftar.
Después de la reunión de Madrid, la comunidad internacional tendrá que tomar dos decisiones fundamentales. La primera, dar apoyo político y de seguridad para que el parlamento se reúna en un lugar neutral y puedan asistir todos sus miembros; o, por lo menos, no tengan excusa para no acudir. La segunda, declarar categóricamente que la apertura de un diálogo nacional real entre todos los libios es un requisito previo para cualquier intervención armada internacional con el fin de estabilizar el país, no su alternativa.
Si no se toman estas decisiones, corremos el riesgo de presenciar una escalada en toda regla y más infortunios para los libios. El país puede acabar dividido entre una pequeña franja controlada por el Gobierno de Tobruk, otra zona mayor en manos del gobierno de Trípoli y las milicias de Misrata, y Bengasi como campo de batalla permanente entre Ansar al Sharia, el ejército oficial y otros grupos armados. Eso significaría el fin de la presencia internacional (en todas sus modalidades) y un deterioro de las condiciones de seguridad que haría insoportable la vida para los libios y recrudecería el tráfico de personas y la llegada de milicianos y criminales.
Mattia Toaldo es investigador en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR). Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.