Europa social contra eurofobia

Se ha dado la paradoja el 25 de mayo de que quienes con más entusiasmo han acudido a votar al Parlamento Europeo han sido los que desean su destrucción. Han sido los sectores y partidos populistas los que más han logrado movilizar a sus huestes. Los europeístas, convencidos o tibios, han cedido el protagonismo en los asuntos europeos a los antieuropeos. La involución nacionalista, a derecha e izquierda, ha sido rotunda. El golpe que el edificio, no muy sólido, de Europa ha recibido es doloroso y preocupante, y nos corresponde reaccionar sin dejar pasar un minuto.

En nuestra opinión, el aldabonazo del 25-M tiene dos razones de fondo: la enorme crisis aún no resuelta y el déficit de ciudadanía europea. La era de una Unión edificada desde las élites políticas y de Gobierno no da más de sí. La crisis económica ha tenido ese lado positivo. Ha puesto al desnudo el déficit de democracia de una Unión Europea que posee, sin embargo, el pedigrí democrático más profundo del mundo.

Tal debilidad política es seguramente una de las razones de la impotencia mostrada por la Unión y sus instituciones para afrontar una crisis devastadora que dura ya más de seis años y que ha transformado (a peor) los Estados y las sociedades del continente. Es una situación dramática, como acaban de ratificar los malos —o malísimos— datos de las elecciones europeas en Francia y Reino Unido, países clave para la Unión. De ellos sale un mensaje a todas luces eurófobo.

Hace poco decía el líder de la extrema derecha holandesa que los europeos no existen. No es cierto. Existen, desde luego, los europeos y quieren serlo. Lo que no existe es una Europa social con la que se puedan identificar. No existe un seguro de desempleo garantizado a ese nivel. Ni existe un salario mínimo europeo. Ni los ciudadanos se han sentido defendidos por Europa cuando los Estados han fallado en asegurarles un empleo digno al no estimular la economía y preferir una política de austeridad que ha probado reiteradamente su inutilidad.

Hay europeos, sí, pero no suficiente protección social, ni un programa europeo contra la pobreza, ni una política de inversiones (plan Marshall lo llaman los sindicatos) o de expansión monetaria que combata el feroz desempleo, auspiciada desde Bruselas y Fráncfort. No existe en la Unión el derecho de quienes viven en un país diferente al suyo a votar en las elecciones nacionales, ni el derecho de quienes trabajan en otro país a permanecer en él para buscar empleo si pierden el que tienen. Por eso, los ciudadanos europeos se sienten más “europeos” que “ciudadanos” con derechos.

No hay tampoco en la Unión una política tributaria armonizada, lo que origina la carrera desenfrenada y suicida de los Estados para bajar los impuestos directos a los más ricos y a las multinacionales, y para subir el IVA, el impuesto más injusto, como se pretende hacer en varios países y se recomienda desde la troika. Ni hay una prohibición radical de comerciar con los paraísos fiscales, porque existen aún algunos en la propia Unión de modo vergonzante, con tasas impositivas bajísimas que hacen competencia desleal (Luxemburgo, Austria, Irlanda y territorios dependientes de Reino Unido).

Todas esas carencias —denunciadas en el Informe 2014 de la Fundación Alternativas y la Fundación Friedrich Ebert, La ciudadanía europea en tiempo de crisis — se han producido, entre otras cosas, porque la Comisión y el Parlamento Europeo siempre han sido superados por la deriva intergubernamental —más intensa durante la crisis— en atribuciones y en poder político efectivo. Algo que los ciudadanos ven con claridad y que se ha vuelto a reflejar en la baja participación electoral.

En los últimos años se han desarrollado las movilizaciones sociales de dimensión europea más numerosas y potentes que se hayan conocido desde la II Guerra Mundial. Los ciudadanos no están inactivos ni resignados ante la degradación del Estado de bienestar, sanidad, educación, pensiones, asistencia social, empleo. Sin embargo, esa creciente y poderosa movilización supranacional se ha proyectado en las urnas, en buena medida, para decir que no confía en Europa y que es preferible apostar por lo malo conocido, o sea, por el Estado-nación. Un Estado, por otra parte, clamorosamente impotente para salir de la crisis, que ha sido la creadora de la indignación, desconcierto e inseguridad manifestadas el 25 de mayo en las urnas.

La izquierda socialista aun mayoritaria tiene, desde el último domingo de mayo, un escenario político endiablado. Porque las imprescindibles alternativas expansivas a la fracasada política de austeridad la acercan a otras formaciones progresistas, más a la izquierda, pero el antieuropeísmo galopante de algunos de los partidos ascendentes en el Parlamento de Estrasburgo tras las elecciones —en Europa y en España— les convierten en socios no fiables para un federalismo europeo que sigue siendo el camino del progreso.

En cualquier caso, lo que ha quedado claro es que la Europa del siglo XXI ya no podrá construirse solo de arriba abajo, como se hacía en el siglo pasado. La agenda de la Unión (y del Parlamento Europeo) en estos comienzos de siglo tiene un objetivo central: la Europa social y de los ciudadanos. Sin ella, no saldremos de una crisis que amenaza gravemente al proyecto europeo, el único que tiene los instrumentos y la perspectiva adecuada para enfrentarse a los graves problemas de fondo del capitalismo financiero globalizado.

Diego López Garrido es presidente del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas. También suscriben este artículo: Nicolás Sartorius, Carlos Carnero, Vicente Palacio, José Luis Escario, Manuel de la Rocha Vázquez, José Candela, Enrique Ayala, Carlos Closa, José Manuel Albares y Patxi Aldecoa, miembros del citado Consejo.

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