Europa social, la hora de la verdad

Escuchando a algunos líderes europeos se podría pensar que la crisis económica prácticamente ha terminado. Pero nada más lejos de la verdad, ya que millones de europeos siguen sufriendo penurias sin precedentes y profundos recortes en sus niveles de vida. Mientras que los responsables políticos hablen de la “dimensión social” de Europa solo de boquilla, sus políticas aumentarán aún más la presión de la despiadada austeridad. La gente normal todavía está pagando por la crisis –el precio de un aumento de las tensiones sociales, las crecientes desigualdades, la pobreza y el desempleo que tendrá un impacto en las oportunidades de vida de los jóvenes europeos durante muchos años– mientras que somos testigos de un alarmante aumento de la intolerancia y la xenofobia.

Esto está socavando irremediablemente el apoyo a la propia Unión Europea, como lo demuestra el crecimiento de los partidos nacionalistas, anti-UE en varios Estados miembros. Solo el 30% de los europeos todavía tiene una imagen positiva de la Unión Europea. Y sin embargo, los líderes han hecho poco o nada para reforzar la Europa social. Hace un año, la Confederación Europea de Sindicatos presentó su Contrato Social para Europa: una relación de las medidas necesarias para poner fin a esta espiral descendente y restaurar la confianza de las personas en la UE. En abril, la CES reitera su demanda con mayor urgencia. Las acciones van con mucho retraso. A pesar de que la CES acoge favorablemente la decisión del Consejo Europeo de publicar finalmente una hoja de ruta sobre la dimensión social de la unión económica y monetaria, insiste en que las nuevas medidas tienen que ir más allá de la UEM, a fin de aprovechar todas las políticas para la promoción del pleno empleo y el progreso social en toda Europa. Los líderes europeos se reunirán en una nueva cumbre los días 27 y 28 de junio, durante la cual tienen el propósito de elaborar una hoja de ruta para la Europa social. Si nos decepcionan otra vez, no habrá justificación posible.

Dimensión social de la UE debería significar mejores condiciones de vida y de trabajo, protección social, servicios públicos de calidad y diálogo social. Pero la realidad es que los líderes de la UE continúan su campaña para reducir el gasto público e impulsar la desregulación a ultranza, lo que pone en riesgo el empleo, las condiciones de trabajo y los servicios esenciales en muchos sectores. Al tratar de crear un mercado laboral transfronterizo libre, los gobiernos no han logrado establecer salvaguardias para los trabajadores, lo que lleva a la explotación generalizada y al dumping social en proporciones desastrosas. La gente, desesperada por trabajar, se mueve por toda Europa para rebajar las tasas de los salarios y las condiciones existentes, generando una reacción peligrosa.

El diálogo social también está bajo presión. Un informe de la Comisión Europea publicado en abril reconocía que el diálogo bien estructurado entre los empleadores y los trabajadores es indispensable para un progreso social consensuado. Y sin embargo, las políticas de austeridad y recortes del gasto han debilitado el papel de los interlocutores sociales, y el derecho sindical inalienable de la libertad a la negociación colectiva y a la fijación negociada de los salarios en el ámbito nacional y europeo.

En mayo, los líderes europeos se comprometieron a hacer frente a la hemorragia de un billón de euros al año de los ingresos fiscales no recaudados debido al fraude y a la evasión fiscal. La CES exigió un plan de acción fuerte y vinculante, y sin embargo, la cumbre de Bruselas no pudo llegar a ningún programa concreto. Sobre todo, si no se toman medidas para frenar el incesante aumento mensual del desempleo –una tasa superior al 12% en la zona euro en marzo y dos veces más alta entre los jóvenes, un 27,2% en España y el 57% entre los jóvenes– hay un riesgo real de colapso social. Los recientes disturbios en Estocolmo dieron una idea de las posibles repercusiones en la sociedad.

La CES pide la introducción de un salario mínimo en todos los Estados miembros de la UE, y un aumento sustancial de los salarios mínimos legales vigentes en los países donde los sindicatos consideren que es necesario. Por último, la UE debe invertir entre el 1 y el 2% del PIB en un Programa Europeo de Recuperación para restaurar el crecimiento sostenible y hacer frente al desempleo. Las demandas de la CES han sido recogidas por el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados condenaron el fracaso de la Comisión para presentar propuestas realistas para reforzar la Europa social, y pidieron un “cambio de rumbo” para fomentar el crecimiento, el empleo y la justicia social.

En toda Europa nuestras prioridades son el fin de los contraproducentes recortes en el gasto público, acabar con la competencia transfronteriza, la reducción de los salarios y las condiciones de trabajo y combatir la evasión fiscal; frente a esto es necesario la inversión para el crecimiento sostenible y el empleo, y el apoyo al diálogo social y a la negociación colectiva. Europa no puede permitirse más demoras. Por todo ello, el sindicalismo europeo se está movilizando desde el pasado 7 de junio en diferentes países europeos, tras el llamamiento a la acción que ha realizado la CES. En España, se hará el próximo domingo, 16 de junio, con manifestaciones en más de 40 ciudades.

Los trabajadores y trabajadoras españoles y la gran mayoría de la población no pueden seguir soportando por más tiempo las consecuencias de las políticas de austeridad y reformas estructurales, léase recortes sociales, que llevan imponiéndose en nuestro país, al igual que en casi Europa, desde hace más de tres años. Son políticas fracasadas sin paliativos, contrarias a las que se aplican en el resto de países desarrollados y emergentes, y políticas insoportablemente injustas que están destruyendo el Modelo Social Europeo. En España, además de elevar el número de parados por encima de los 6.2 millones, está produciendo unos niveles de pobreza y desigualdad social desconocidos en las últimas décadas.

A los jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán en la cumbre de los días 27 y 28 de junio les pedimos que rectifiquen dichas políticas y aprueben medidas enérgicas a favor del crecimiento económico y la creación de empleo. Y que cumplan lo que anuncian y aprueban. Es necesario que se ponga en marcha urgentemente un plan europeo de inversiones de choque, complementado con planes de empleo para jóvenes; que se asegure la financiación de los Estados y las empresas, con garantías solidarias de los Estados y del BCE; y que la reforma de la UE incorpore un fuerte pilar social en el que se inscriban los derechos sociales y laborales básicos.

Bernadette Ségol es secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Ignacio Fernández Toxo es presidente de la CES y secretario general de CC OO. Cándido Méndez  es secretario general de UGT. Julio Salazar es secretario general de USO.

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