Europa y la dinamita

Para el secesionismo catalán, Europa solo ha sido coartada o barniz. Nueve años de procés dan suficiente perspectiva a esta afirmación. Desde que Artur Mas dijera aquello de que «una Cataluña soberana seguirá en el euro», en 2013, ha llovido mucho. Tanto como para desteñir por completo el europeísmo cosmético del discurso nacionalista. Primero fueron los pronunciamientos de la Comisión Europea, desmontando tesis aventuradas en los informes color fantasía del Govern. Bruselas dejaba claro que, cuando un territorio de un Estado miembro deja de formar parte de él, los tratados dejan de aplicarse al nuevo Estado. Los pronunciamientos de la Unión se sucedían uno tras otro en línea con lo resumido por Juncker en ocho palabras: «Una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión».

Europa no parecía muy dispuesta a liquidar sus fundamentos institucionales asumiendo, sin más, lo que algunos llamaban «ampliación interna». Entonces dejaron de mencionar Europa como telón de fondo para comenzar a invocarla como árbitro. Era cuando Puigdemont decía que «Europa no podía mirar hacia otro lado» (enero de 2017). Y le ponía deberes: «Europa intervendrá con diálogo político en un primer momento, y facilitando el encaje jurídico después». Puigdemont decía ser entonces «profundamente europeísta» y subrayaba la «clara vocación de pertenencia de Cataluña en el proyecto europeo (sic)».

Europa y la dinamitaNo hubo mediación, ni mucho menos. La Unión respaldó el ordenamiento constitucional español, es decir, su propio ordenamiento, y la intervención del Gobierno neutralizando una autoridad sediciosa.

En versión francesa, Waterloo es un escenario heroico en el que «la Guardia muere, pero no se rinde». En versión procesista, el refugio donde eludir responsabilidades y acotar el martirio: dos plantas de 550 metros cuadrados, tres baños, sauna, garaje para cuatro coches, terraza de cien metros cuadrados, y jardín privado de mil. Lo que Iglesias llama «joderse la vida» y compara con la situación del exilio republicano tras la Guerra Civil.

Desde Waterloo, Puigdemont prodiga declaraciones no ya euroescépticas, sino francamente eurófobas: «Europa da la espalda a Cataluña: la UE solo es valiente cuando habla de países sobre los que no tiene competencia» (noviembre de 2017). «La UE es una caricatura de lo que es Europa; sus dirigentes han corrompido los valores fundacionales de la Unión». «La UE es insensible al atropello de los derechos humanos, de los derechos democráticos de un territorio solo porque la derecha posfranquista española tiene interés en que sea así. Los catalanes deberían decidir si quieren pertenecer a esta UE y en qué condiciones»... Con estas credenciales, Puigdemont ocupa, de momento, un escaño en el Parlamento Europeo; escaño que ha querido degradar de tribuna a burladero. No extrañó a nadie, en su toma de posesión, el efusivo saludo de Farage antes de hacer mutis por el Brexit.

Bruselas ha seguido poniendo distancia con toda iniciativa que pretenda comprometer la integridad territorial de los Estados que conforman la Unión. El año pasado fue muy mal año para la autodeterminación en Europa. Ningún Estado miembro de la Unión contempla vías constitucionales para que una parte de su territorio pueda transitar, ejerciendo la autodeterminación interna, el camino hacia la secesión. Desde octubre del pasado año, además, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha revisado sus directrices sobre celebración de refrendos. En esta actualización deja claro que eventuales refrendos de secesión solo deberán tolerarse en los «casos en que la Constitución nacional lo permita».

La misma Comisión de Venecia que ya se pronunció en 2017, a petición de la Generalitat, sosteniendo que cualquier referéndum debe cumplir con la Constitución y la legislación aplicable, ahora, en su informe de 8 de octubre de 2020, dedica todo un capítulo a la celebración de referéndums y deja claro que «no se pueden celebrar si la Constitución no los prevé», como, por ejemplo, cuando el texto sometido a consulta es «materia de competencia exclusiva del Parlamento (nacional)». También dice que la ley que rija la celebración de una consulta «no puede ser adoptada ad hoc para un referéndum específico»: justo lo que hizo la mayoría secesionista del Parlamento catalán, al aprobar las leyes de desconexión convocando la performance delictiva del 1-O.

Y añade la Comisión: «Los textos sometidos a referéndum deben cumplir con todas las leyes de rango superior (principio de la jerarquía de las normas). No deben ser contrarios al derecho internacional, a los principios estatutarios del Consejo de Europa (democracia, derechos humanos y Estado de derecho) ni a las condiciones de pertenencia al Consejo de Europa. Los Estados pueden añadir otras limitaciones». Dedicado a los que subordinan la Ley y el Estado de derecho a algo que se empeñan en llamar «democracia».

El otoño europeo siguió aventando la hojarasca del supuesto derecho a decidir. El 26 de noviembre se rechazaba en el Parlamento una enmienda presentada por la eurodiputada de ERC Diana Riba pidiendo a las instituciones europeas y a los Estados miembros respetar el derecho «universal» a la autodeterminación. La enmienda se quería incluir en el informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea. El texto fue tumbado por 487 votos en contra, 170 a favor y 37 abstenciones. Únicos apoyos en la Cámara: las minorías de extrema izquierda y extrema derecha.

De remate, el Parlamento Europeo aprobaba este enero una reforma del mecanismo de la euroorden contemplando que a los reclamados por delitos de sedición y por atentar contra el orden púbico o la integridad constitucional de un Estado miembro se les debe aplicar automáticamente la orden de entrega sin necesidad de ulterior comprobación sobre doble incriminación. El informe en el que se recogía, entre otras, esta reforma, elaborado por el eurodiputado Javier Zarzalejos, era aprobado por amplia mayoría. En suma, el Parlamento Europeo lanza un mensaje inequívoco: la protección del orden constitucional de los Estados miembros es innegociable. Y, por primera vez en su historia, rechaza explícitamente la autodeterminación como derecho universal.

Es sabido que Woodrow Wilson puso en circulación el concepto en 1918, en sus célebres catorce puntos, como programa para una Europa pacificada tras la Gran Guerra. Se recuerda menos la opinión de Robert Lansing, su secretario de Estado: «La expresión está simplemente cargada de dinamita. Alimentará esperanzas que nunca podrán hacerse realidad (…) ¡Qué desastre que llegase siquiera a pronunciarse la frase! ¡El sufrimiento que provocará!». Ese mismo 1918, el viento de la retórica wilsoniana llegó hasta Cataluña para inflamar las campañas de la Lliga.

En 1939, el vaticinio de Lansing se estaba cumpliendo al pie de la letra. Hitler invocaba la autodeterminación para incorporar el territorio de los Sudetes al Reich, rompiendo Checoslovaquia. Desde su retiro adriático, comentando esa deriva que en pocos meses destruiría Europa, Francesc Cambó escribe las entradas de sus Meditaciones de los días 9 y 10 de julio (Cómo se puede añorar Austria siendo catalanista y Cómo fracasa en la práctica el principio de autodeterminación), en las que se lee: «No recuerdo haber predicado nunca el principio cada nación un Estado que exponía y defendía mi maestro Prat de la Riba en su obra capital La Nacionalitat Catalana. Este principio, irreprochable en teoría, perfecto en una tesis académica, es insostenible en su forma radical y primaria, como doctrina política». Y lamentaba la desestabilización general provocada por la invocación del principio de las nacionalidades.

La dinamita de la autodeterminación ya había prendido en el Sarre, facilitado el Anschluss, actuado en los Sudetes y pronto su mecha volvería a encenderse en Danzig para hacer estallar primero el continente y luego el mundo. Cambó, catalanista de vuelta de muchas cosas, aprendió en pocos años algo que, desde hace demasiados, el catalanismo más tronado, de ida a ninguna parte, ignora temerariamente: no se juega con dinamita. Europa no lo ha olvidado.

Vicente de la Quintana Díez es consultor político y asesor en el Parlamento Europeo.

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