Europa, con más de un millón de casos de personas contagiadas por el coronavirus, ocupa portadas mundiales por una pandemia que, reconozcámoslo, nunca pensamos que llegaría a nuestras puertas. Pero ese viejo continente, que otrora presumió de fundar sobre los Derechos Humanos su sistema político y social, no solo peligra por un virus.
Más allá del coronavirus, deberíamos estar hablando de todas las amenazas al ejercicio de los derechos humanos en la región, como por ejemplo, involución del derecho a la libertad de expresión prácticamente en todos los países, con graves situaciones en Croacia, Bosnia Herzegovina o Serbia, donde los ataques por parte de miembros del Gobierno, incluido el Presidente, amenazaban a los periodistas incluso con procedimientos legales contra ellos.
También nos preocupan las amenazas al derecho de reunión pacífica que desde Amnistía Internacional hemos comprobado en muchos de los países como Austria, Polonia, Hungría, República Checa o Rumanía. O los abusos policiales en las manifestaciones en otros estados como Rusia, Francia o Austria en el contexto de protestas contra las medidas de austeridad, la corrupción o en favor de justicia social.
En Francia, por ejemplo la intervención policial contra los chalecos amarillos que protestaban demandando mayor justicia social y económica se saldó con miles de heridos, tanto policiales como de manifestantes. Al menos 25 personas perdieron un ojo por la utilización de pelotas de goma. El número de personas afectadas fue tal que hasta el presidente reconoció que era necesario revisar el uso de la fuerza en el control de manifestaciones. En España, en el marco de las protestas contra la sentencia del procés, que de manera mayoritaria fueron pacíficas, también tuvimos que lamentar el uso excesivo de la fuerza. Al menos cuatro personas presentaban graves lesiones oculares con pérdida de un ojo como consecuencia también de la utilización de pelotas de goma.
Más allá de las protestas, también analizamos en nuestro informe anual de 2019 la estigmatización y persecución de ciertos grupos y minorías étnicas. Por ejemplo, en Rumanía, las personas romaníes siguen sufriendo discriminación y segregación en el acceso a educación, vivienda o empleo, siendo un blanco fácil para el maltrato institucional y el uso excesivo de la fuerza policial.
También, más allá de la pandemia, deberíamos estar reflexionando sobre los obstáculos en el acceso a la Justicia para muchas mujeres que sufren violencia sexual, incluida la violación, prácticamente en todos los países europeos. En Dinamarca las mujeres dijeron basta a la falta de respuesta contundente por parte de las autoridades hacia los agresores, lo que conlleva serias consecuencias para las sobrevivientes. En España, el caso de La Manada visibilizó que la violencia sexual contra las mujeres y niñas es una grave violación de Derechos Humanos que necesita de un verdadero compromiso por parte de las autoridades.
Igualmente, las escalofriantes cifras de mujeres asesinadas a manos de sus parejas y ex parejas deberían recordarnos todo lo que queda por hacer para que la lucha efectiva contra la violencia de género en todas sus formas sea una realidad. Y también deberíamos estar hablando de las amenazas que siguen sufriendo personas LGTBI en el reconocimiento de sus derechos, que se han traducido en graves retrocesos e incluso ataques y agresiones contra personas de este colectivo en varios países europeos. En Polonia, hasta 64 ayuntamientos adoptaron resoluciones en las que declaraban su oposición a la "ideología LGBT".
En este repaso no deberíamos olvidarnos de la tristemente llamada "fortaleza Europa", que también mira hacia otro lado, cuando no ignora o desprecia los derechos de las personas migrantes y refugiadas, obligadas a huir de sus países en graves crisis, guerras o conflictos. En 2019, más de 120.000 personas llegaron a las costas europeas de manera irregular, a las que tendríamos que sumar todas aquellas otras que fallecieron en el intento o que quedaron a merced de la gestión migratoria acordada entre Europa y terceros países como Libia con cuestionables y preocupantes récords de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, el foco tendría que estar también puesto en la persecución de defensores de Derechos Humanos en Francia, Italia o España, cuando su mayor delito fue intentar actuar con humanidad y solidaridad.
Sin embargo, hoy podría parecer que todo esto nunca pasó. Para gran parte de la población cuesta imaginar, charlar o pensar en algo diferente a la covid-19, esa enfermedad que inunda las 24 horas del día de información. Una gran mayoría solo puede pensar en estos momentos en cómo ha sido posible que este virus silencioso haya sido capaz de alterar gravemente nuestras vidas, nuestra movilidad, nuestras rutinas e intimidad, nuestra manera de ganarnos la vida. De mostrarnos nuestra fragilidad ante la enfermedad. Pero hay otro silencio que se puede expandir más allá del virus, si no lo sacamos a la palestra, y es cómo muchos de nuestros derechos están siendo mermados poco a poco cuando no podemos manifestarnos o expresarnos con libertad, cuando las mujeres no pueden moverse sin miedo a ser agredidas sexualmente, o cuando las personas LGTBI no pueden vivir o manifestarse sin temor a ser perseguidas.
Mientras que la covid-19 nos enfrenta a lo que muchos consideran una realidad inimaginable, ahora más que nunca se ve la necesidad de que la respuesta y las estrategias de lucha ante el mismo estén centradas en el respeto a los Derechos Humanos.
Porque si algo nos ha enseñado el coronavirus es la importancia de proteger el derecho a la salud, el impacto nefasto que las medidas de austeridad y los recortes tienen en la vida de todas las personas. Sin un sistema sanitario fuerte, universal y capaz de proteger ampliamente a toda la población, todas y cada una de las personas están desprotegidas. Sin un sistema social fuerte y solidario capaz de defender al más vulnerable, todas las demás personas estarán expuestas a las amenazas de la crisis sociales y económicas. Sin unas normas democráticas, claras y transparentes que guíen la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, todas las personas estaremos expuestas a posibles abusos e indefensión. Sin un sistema judicial fuerte e independiente estaremos a merced de posibles abusos de poder.
Afortunadamente, todo indica que esta crisis sanitaria será pasajera y, poco a poco, habrá espacio para reflexionar sobre todo aquello que hoy pensamos que no forma parte de nuestra realidad. Y entonces sí que no habrá escapatoria, tendremos que pensar en qué Europa queremos: aquella que limita derechos, ignora a las personas migrantes y refugiadas, se rinde ante los discursos de odio y la desinformación; o la que recupera nuevamente sus valores y lucha por que los Derechos Humanos estén en el centro de sus políticas.
Y es que Europa se ha mirado demasiado en el espejo, creyéndose invencible. Es necesario que mire más allá de su propio reflejo cuarteado para salir reforzada de esta crisis.
Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional.