Las elecciones vascas de julio consolidaron a Bildu como segunda fuerza política vasca. Las urnas no penalizaron a la coalición, cuya matriz es la antigua Batasuna, por su ausencia de autocrítica sobre su pasada complicidad con el terrorismo. Se benefició del desconocimiento de una mayoría de jóvenes de la historia reciente de Euskadi y de una campaña hábil, con nuevas caras que primaron reivindicaciones sociales y medioambientales sobre las identitarias, casi tan ocultas como su pasado, que enganchó con la juventud.
Semanas después, la serie Patria, abanderada en la revisión del terrorismo vasco, ha cuestionado la autosatisfacción de Bildu. El ataque a la serie de algunos dirigentes de la antigua Batasuna por su “visión parcial” del pasado ha revelado su temor de que el olvido, sobre todo en los jóvenes, revierta, por la vía de la imagen, en una recuperación de la memoria del terrorismo que cuestiona la tesis abertzale, justificativa de ETA: la existencia de un “viejo conflicto” o de “los dos bandos enfrentados”. En el noveno aniversario del cese del terrorismo estamos en el tiempo del relato.
Euskadi debe avanzar hacia la convivencia. No debe atrincherarse en el resentimiento ni instrumentalizar el pasado con mezquindad electoral. Pero antes de pasar página del terrorismo hay que leerla porque la convivencia debe construirse sólidamente. No puede repetirse lo sucedido con la Guerra Civil, que ochenta años después sigan miles de víctimas enterradas en cunetas o se cuestione a una figura democrática indiscutible como Indalecio Prieto como hace la derecha.
La izquierda abertzale dio un paso importante hacia la convivencia en 2011 cuando en sus nuevos estatutos rechazó el terrorismo etarra. Su decisión aceleró el final del terrorismo y su legalización con Bildu. Fue un final sin escisiones, asumido por la propia ETA, hoy hace nueve años. Siete años después, ETA se disolvía y una mayoría de sus 200 presos asume la legalidad penitenciaria y rechaza la violencia.
Pero Bildu ha detenido su evolución. Elude la revisión autocrítica del pasado. Que Pernando Barrena y Joseba Permach, que estimularon el final del terrorismo, arremetan contra Patria lo confirma. Pero su autocrítica resulta necesaria para la convivencia porque aliviaría a las familias de las víctimas asesinadas injustamente por ETA y, por pedagogía, para evitar que la historia se repita. La izquierda abertzale debe reconocer que alrededor del 93% de los asesinatos de ETA lo fueron muerto el dictador. Y que no hubo dos bandos como en Irlanda el Norte. La principal violencia en Euskadi en los 36 años entre la muerte de Franco y el fin del terrorismo fue la de ETA, respaldada por Batasuna.
En la Transición hubo otras violencias. Hubo guerra sucia en los diez años transcurridos desde la muerte de Franco al final de los GAL. Hubo abusos policiales, algunos muy graves, por unas fuerzas de seguridad inadaptadas a la democracia; torturas, incluso después. Pero no hubo otro bando con apoyo político. Mediados los ochenta se vivía en democracia y con autogobierno. ETA no tuvo justificación. Los jóvenes deben saberlo y lo cuentan documentales y series que cubren su desmemoria sobre ETA, motivada por un vacío educativo.
Las violencias cruzadas en la Transición en Euskadi solo explican parcialmente el vacío educativo. Los partidos democráticos vascos no alcanzaron un acuerdo sobre ETA hasta el Pacto de Ajuria Enea de 1988 que marcó la división entre demócratas y terroristas totalitarios. Pero dicho pacto al primar el acoso a Batasuna y ETA para que abandonara el terrorismo por un acuerdo de paz por presos marginó a las víctimas, que hasta 1999 no tuvieron una ley que reconociera sus derechos. Lo urgente —acabar con el terrorismo— marginó lo importante, las víctimas. Los Gobiernos del PSOE y del PP siguieron esa pauta casi hasta que ETA cesó.
Fue en los estertores del terrorismo etarra, con el Gobierno vasco de Patxi López (2009-2012), apoyado por el PP, tras el retroceso del mandato de Ibarretxe (1998-2009), cuando las víctimas del terrorismo empezaron a explicarse en las aulas. Pero el inmovilismo de Bildu sigue impidiendo un relato mínimo común. No acepta que el terrorismo etarra estuviera injustificado cuando el Parlamento vasco aprobó una Ley de Víctimas que condenó la guerra sucia y los abusos policiales. Ese inmovilismo no debe conllevar la prohibición de su participación en los parlamentos ni su ilegalización como pretenden las derechas instrumentalizando, una vez más, el terrorismo. El Pacto de Ajuria Enea de 1988 pretendió lo que hoy tenemos: una ETA desaparecida y una izquierda abertzale haciendo política en los parlamentos.
Bildu escamotea que desde el Pacto de Ajuria Enea la sociedad —incluido parte de su electorado— ha aumentado su exigencia de autocritica para garantizar la convivencia. Su inmovilismo obstaculiza, además, su homologación democrática —PNV y PSE renuncian gobernar con Bildu— y lo hace vulnerable. Como ha demostrado su inquietud por un relato veraz como Patria dos meses después de sus resultados de julio que, hay que decirlo todo, no lograron superar su techo electoral de hace ocho años.
Luis R. Aizpeolea