Euskera y política

Por Francisco José Llera Ramo, catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, autor de Los vascos y la política y director del Euskobarómetro (EL PAÍS, 08/03/03):

El cierre cautelar del diario Egunkaria y la detención y procesamiento de sus directivos por parte del juez Del Olmo han elevado algunos grados más la temperatura política de la, ya de por sí recalentada, sociedad vasca, sacando a la luz algunas de sus múltiples perversiones. En este caso, al permitir escenificar a la comunidad nacionalista una de sus irredentistas obsesiones históricas: la persecución política del euskera y de lo vasco por parte de los españoles, encarnados por su Estado opresor, encontrando así un motivo más para su construcción nacional negativa y retroalimentando su enfermizo belicismo antiespañol y su odio étnico. En efecto, desde que el integrismo reaccionario de Sabino Arana encontrara este banderín de enganche para, desde su agónica sacralización, crear la ideología étnica de lo vasco, el nacionalismo no ha parado de instrumentalizar políticamente este patrimonio común de vascos y españoles. Creo, sinceramente, que aquí está la clave de esta movida de los últimos días: el nacionalismo vasco, mayoritariamente etnicista, prefiere, de forma irresponsable y abusiva, la apropiación ideológica y política del euskera a aceptar su democratización.

Cualquier lengua es propiedad exclusiva de todos y cada uno de sus hablantes, que son quienes deciden utilizarla o no y, además, lo hacen a su manera. Pero, las lenguas son también un patrimonio de la comunidad, sea toda ella hablante o no. A Sabino Arana y a la tenacidad del nacionalismo vasco hay que asignarles un papel protagonista en los indiscutibles éxitos históricos en la conservación, modernización y normalización de este ancestral vehículo de comunicación. A la represión de la dictadura y a la mentalidad homogeneizadora de un rancio y fundamentalista nacionalismo español, que confundió hegemonía del castellano con monolingüismo, hay que atribuirles parte de la responsabilidad en la minorización de la riqueza lingüística regional, primero, y en la activación de este movimiento pendular, más tarde, al dotar de plausibilidad al encapsulamiento irredentista y sacralizador. Por su parte, a las sociedades española y vasca y a sus instituciones democráticas habrá que reconocerles la voluntad y el derecho a resolver esta dinámica infernal, al democratizar todas (o casi todas) las lenguas regionales. Con la Constitución y los Estatutos, el euskera y otras lenguas regionales, en una nación y un Estado plurilingües, ya son sólo patrimonio de sus hablantes bilingües y de toda la comunidad, que se ha reconocido a sí misma como oficialmente bilingüe o multilingüe, circunscribiendo su politización a lo que son las políticas lingüísticas. Éstas son las que pueden variar según su inspiración ideológica, pero nunca romper el equilibrio comunitario o el consenso lingüístico, necesarios para compensar muchos de los sacrificios y desgarros que, demasiadas veces, comportan. La discusión sobre el volumen y la justificación presupuestaria de estas políticas, su implicación mediática, administrativa o educativa o las desviaciones sobre el mercado laboral o la igualdad de oportunidades tienen su razón de ser en los costes sociales y los rendimientos políticos que pueden producir, sobre todo cuando éstos resultan claramente diferenciales, si no intencionalmente discriminatorios. Que expliquen, si no, los partidos autonomistas en el País Vasco el balance final y el precio social y político que están pagando por dos décadas de desarrollo de las políticas lingüísticas nacionalistas a partir de su, fundacional, política de consenso y sus concesiones iniciales. Pese a haber sido conjurados gran parte de los riesgos del conflicto lingüístico, sobre todo por tal política de concesiones, si no de dejación de responsabilidades, por parte de los autonomistas, el nacionalismo vasco se resiste a la democratización del euskera y por eso lo politiza étnicamente. Persiste en su obsesión patrimonial, en su sacralización irredentista y en su instrumentalización comunitarista, aun a costa de romper la sociedad vasca en comunidades enfrentadas. Aunque no es impensable que no sea, precisamente, para provocar tal ruptura, con la pretensión de confrontar dos legitimidades que hagan plausible la inevitabilidad de los actuales objetivos políticos del nacionalismo gobernante, embarcado en una dinámica de populismo autoritario, al que no le repugna recoger los beneficios políticos de los violentos, a pesar de la retórica de las jaculatorias condenatorias. En esto se basa, de forma permanente y estratégica, la activación del victimismo nacionalista, que ni siquiera tiene el pudor de detenerse ante la sangre caliente de sus auténticas víctimas.

No es el juez, que cierra de forma cautelar Egunkaria, ni siquiera el Gobierno de la nación o los partidos autonomistas, todos ellos metidos en el totum revolutum comunitarista, los que politizan y persiguen al euskera y a los vascos, sino que son los líderes y el movimiento etnicista del nacionalismo vasco los que vienen instrumentalizando políticamente y aprovechándose ventajistamente de su desarrollo. Esta escenificación rupturista y deslegitimadora de nuestro modelo de convivencia lingüística muestra una profunda perversión ideológica y política del nacionalismo vasco, al tiempo que trata de ocultar otras perversiones morales más graves. ¿Cuántos casos de arribismo, aprovechamiento, exclusión, incompetencia desleal, extorsión, control social, temor y, claro está, mercado negro se podrían denunciar por tal instrumentalización política, favorecida por la buena fe y la voluntad de pasar esta página histórica por parte de la sociedad vasca? Las víctimas de tal perversión patrimonial no son sólo castellanohablantes, sino también muchos euskaldunes, algunos de ellos profesionales del euskera; en definitiva, el euskera mismo y la sociedad vasca y su modelo de convivencia plural y cívica.

Resultan comprensibles, y además son legítimas, las dudas sobre la entidad de las pruebas esgrimidas en la actuación judicial o, incluso, sobre la proporcionalidad de sus medidas, sobre todo en cuanto que afectan al cierre de un medio de comunicación, a la libertad de expresión e información o a personas, de cuya integridad personal o profesional cuesta trabajo dudar o cuya situación física o psíquica provoca compasión y hasta cierto escándalo. Pero es más escandaloso que la ira y la retórica de toda esta movida no se cebe con los auténticos enemigos del euskera, de lo vasco y de los valores de la democracia, es decir, con los que lo usan para fines ilegítimos. Al fin y al cabo, los primeros en denunciarlo fueron algunos líderes nacionalistas, pero, claro, eran otros tiempos. Una vez más, la enfermedad política del oportunismo. Puede haber ingenuos y buenazos, como en todos los sitios, pero en Euskadi, donde casi todos nos conocemos, y en relación con las cosas e instituciones que tocan los violentos, no cabe ni el engaño ni la ingenuidad, y mucho menos el escándalo farisaico. No parece que se haya cerrado cautelarmente Egunkaria por las cosas que dice o por cómo informa, de lo que muchos tendríamos mucho que decir y protestar. Al fin y al cabo, no lo hace peor, yo diría que en algunos casos incluso mejor, que Gara, Deia, ETB o Radio Euskadi. Por lo que sabemos y a falta de que los tribunales emitan sentencia, ha sido por la presunta penetración e instrumentalización orgánica, societaria y personal de las redes mafiosas del terrorismo. ¿No es esto más grave que todo lo demás? ¿No es escandaloso que el nacionalismo trate de tapar esta realidad de todos conocida con otras retóricas de victimismo oportunista? A estas alturas es sobradamente conocido que la red terrorista y sus mallas subculturales tienen tocada buena parte de nuestro tejido institucional y social, por no hablar de nuestra textura moral, mientras que el nacionalismo gobernante se dedica, irresponsablemente, a obstaculizar sistemáticamente su desentrañamiento y a encabezar movidas como la presente. ¿Por qué será?

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