Eutanasia y la cultura del descarte

En enero se cumplieron veinte años del suicidio asistido de Ramón Sampedro. En aquel momento se produjo un intenso debate acerca de la posibilidad de regular la eutanasia y el suicidio asistido, algo que desde entonces siempre ha estado latente. Ahora vuelve al primer plano de la agenda política y mediática, avivado por una aritmética parlamentaria compleja que parece favorecer cambios legislativos.

Además, cada cierto tiempo aparecen casos que conmueven a la sociedad y se utilizan para reivindicar el derecho a decidir y elegir autónomamente cómo y cuándo morir. De hecho, la autonomía es un valor que, aunque llegó tarde al mundo de la salud, se ha convertido en su santo y seña. Hasta se habla de «autonomotasia». Se puede decir incluso que la autonomía en versión liberal-individualista impregna casi todo lo que tiene que ver con la salud y la enfermedad, extendiendo así al ámbito de la muerte aquella conocida sentencia libertaria de J. S Mill: «Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su mente, el individuo es soberano». Es decir: ni el Estado ni nadie pueden imponer vivir contra la libertad del titular. Con la autonomía viene a escena la calidad de vida, difícil de valorar por las distintas dimensiones objetivas y subjetivas que toca, pero que hace que algunas personas prefieran morir que vivir en unas condiciones tenidas como inaceptables e insoportables. La capacidad técnica para poder actuar sobre la vida ha visto nacer también el reclamo de las personas para decidir cuándo y cómo morir.

Eutanasia y la cultura del descarteA mi juicio, es importantísimo que el planteamiento de los problemas del final de la vida trascienda el choque ideológico, sencillamente porque tras cada una de las situaciones existen personas en estado de vulnerabilidad y necesitadas de auxilio, y es a cada una de ellas a la que es preciso dar una respuesta adecuada. Justo lo que los enfrentamientos entre penalización y legalización no favorecen en absoluto. Si cada situación concreta con sus conflictos de valores y problemas pide poner en el centro a la persona afectada, la posible legalización de prácticas que producen la eliminación de personas especialmente vulnerables lanza cuestiones radicales al ser de nuestra sociedad. Como escribió Daniel Callahan, uno de los padres de la bioética: «Una vez que una sociedad permite que una persona quite la vida a otra, basándose en sus mutuos criterios privados de lo que es una vida digna, no puede existir una forma segura para contener el virus mortal así introducido. Irá a donde quiera».

Es absolutamente deseable y obligado hacer todo lo posible para mejorar las condiciones vitales de las personas en la fase final de su vida o en situaciones crónicas de sufrimiento, pero la senda «autonomista» que lleva a la despenalización no va a ser la solución. Descubro varios criterios que cualquier legislador debería tener en cuenta:

a) Defender la dignidad de la persona con una política coherente de la vida: este ha de ser el criterio general de toda actuación política y, por supuesto, clínica. Tenemos que defender la dignidad de cada persona en la situación en que se encuentre y por las razones que sea, ofreciéndole todos los medios para que pueda realizar su vida plenamente dentro de sus circunstancias. Se defiende y protege la dignidad en el marco del bien común y no desvinculando el debate sobre la eutanasia de otros debates como la vivienda, el cuidado, las pensiones, etc. Es una fatal incoherencia política abordar el derecho a morir sin abordar previamente los problemas básicos de las personas enfermas, de su cuidado y de las medidas necesarias para que puedan vivir dignamente. Porque lo más fácil quizá sea facilitar el descarte de las personas recurriendo en muchos casos a criterios emotivistas que acaban creando «cultura».

b) Acompañar y cuidar: la medicina ha mejorado su capacidad diagnóstica y también sus posibilidades terapéuticas, pero hay cosas que trascienden el ámbito médico. Escribió Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas que «tal como la enfermedad es la mayor de las miserias, así la mayor miseria de la enfermedad es la soledad…». Detrás de muchas peticiones de muerte existe un deseo de «vivir de otra manera», de ser atendido y comprendido… Por eso deberíamos potenciar las «unidades de cuidados paliativos» (espacios «hospital-hogar»), donde los enfermos puedan disfrutar de una buena atención médica en un ambiente cálido y familiar. El objetivo es vivir el final de una manera personal, como un verdadero evento humano, y ello requiere un nuevo modo de entender el acompañamiento centrándolo en las necesidades y relaciones del enfermo.

c) Justicia y proporcionalidad: el derecho a la vida exige el deber de protegerla en todas sus fases. Esto forma parte de la justicia, al menos en un doble sentido: el deber de evitar abusos y presiones, algo que no es ajeno a la problemática de la eutanasia, cuya despenalización acaba influyendo en la percepción que el propio enfermo se hace de la carga que supone para la sociedad y para los que le rodean. Y el deber de utilizar responsablemente los recursos escasos que tenemos. En las discusiones del final de la vida es imprescindible recurrir a criterios científico-técnicos, pero hacen faltan factores humanizadores que permitan a los enfermos vivir de la mejor manera el tiempo que les queda y morir en paz cuando llegue su momento.

d) Controlar el dolor y aliviar el sufrimiento: uno de los mayores problemas que suscita el final de la vida es el de los padecimientos de grandes dolores físicos y de un enorme sufrimiento global (no sólo en pacientes en estado terminal, sino también en personas con enfermedades crónicas y degenerativas). Son situaciones tremendamente ambiguas y paradójicas en las que las personas se enfrentan cara a cara con el rostro más duro de la existencia. Debemos invertir ciertamente en medios técnicos capaces de mitigar el dolor, sin olvidar los medios que nos permitan afrontar eficazmente el sufrimiento. Las leyes ya lo posibilitan.

Ya sé que aun teniendo en cuenta los criterios expuestos y otros que cabría añadir, no se logrará eliminar todas las peticiones de muerte. Desde un profundo respeto hacia quien así decida, creo que el bien personal y social llama a trabajar por que las peticiones de muerte sean algo marginal y excepcional: salidas sobrecogedoras ante situaciones que no hemos sabido resolver de otra manera. A partir de ellas sería temerario cambiar las leyes.

Seguramente la eutanasia y el suicidio asistido sean las medidas más fáciles y económicamente más viables desde el punto de vista sanitario y de buena sintonía con un ethos individualista, pero también son las humanamente más peligrosas y las que mejor demuestran la impotencia de una sociedad para cuidar a sus enfermos. Así se expresaba Javier Gafo, SJ, tras tratar con Ramón Sampedro sin poder ayudarle a cambiar su determinación: «Lo realmente difícil, lo auténticamente humano, es “saber vivir con un problema” que no tiene solución; es saber asumir que existen situaciones para las que no hay soluciones terapéuticas, pero que exigen de nosotros actitudes mucho menos sofisticadas y costosas: estar cerca, poder mirar a los ojos del enfermo y apretar su mano… Esto es saber vivir y convivir con un problema que no tiene solución médica, pero que exige de nosotros una respuesta preñada de humanidad».

Julio L. Martínez, rector de la Unievrsidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *