¿Evaluar a los empleados?

Por Miquel Salvador, Jean Monnet Fellow en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales del Instituto Universitario Europeo Italia (LA VANGUARDIA, 02/04/06):

Esta semana saltó la noticia de las declaraciones del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, afirmando que todos los empleados públicos serán sometidos a evaluaciones periódicas, con efectos sobre los contenidos de su puesto y sobre su retribución.

La evaluación de recursos humanos no es un tema nuevo ni ajeno al sector público: se han desarrollado iniciativas en organismos de la Administración General del Estado y en administraciones como la Generalitat de Catalunya o la Xunta de Galicia; la Diputación de Barcelona está evaluando a su personal desde hace más de diez años; en Barcelona Serveis Municipals ha realizado pruebas piloto de evaluación 360 º donde cada empleado es evaluado por su entorno organizativo y no sólo por su superior; la Universitat Politècnica de Catalunya desarrolló su propio sistema de evaluación para el personal de administración y servicios. Estas iniciativas desarrollaban aplicaciones propias combinando un enfoque de control (de la actividad desarrollada) con un enfoque orientado al desarrollo (a partir de la identificación de potenciales), e integrando datos objetivos referidos a los resultados. Para su implantación desarrollaron procesos de negociación colectiva, acompañados de campañas de formación y de información para generar una cultura de evaluación que facilitase un cambio en las reglas del juego de la gestión de recursos humanos. Porque aunque algunas de estas experiencias ya no están vigentes, sí representaron intentos destacados de superar un modelo de administración de personal basado en el control horario y retribuciones lineales derivadas de una idea de igualdad entendida como homogeneidad.

Estas iniciativas suelen generar suspicacias, sobre todo en los sindicatos. Pero más allá de la acertada demanda sobre su uso objetivo, una oposición a cualquier cambio en este ámbito acabaría por reforzar las rigideces que dificultan el desarrollo de una función pública acorde a los retos que deben afrontar nuestras administraciones.

Y para que ello sea posible ya es hora de que se empiece a evaluar a los empleados públicos, obviamente con criterios rigurosos y transparentes, pero también superando el miedo a cuestionar elementos como la uniformidad de salarios independientemente del trabajo realizado, o una mal entendida sobreprotección de muchos puestos dentro del empleo público. Los temores a que se alteren algunos de estos principios deberían considerar en qué términos se han interpretado y con qué consecuencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Sin duda, la introducción de la evaluación puede contribuir a desarrollar una verdadera gestión de recursos humanos en la función pública y a prestigiar un empleo público más profesionalizado.