Este sábado, 18 de septiembre, porque nadie con competencias en la materia lo ha impedido -salvo decisión de última hora-, se va a celebrar en Mondragón (Guipúzcoa) un acto de homenaje, organizado por la izquierda abertzale, a uno de los mayores asesinos de nuestra historia: el etarra Henri Parot, responsable directo del asesinato de 39 personas y condenado a penas acumuladas de casi 4.800 años de cárcel.
Uno más de los múltiples actos que en los últimos años se han celebrado como reconocimiento a quienes protagonizaron o participaron en el asesinato de 855 personas, provocaron miles de heridos y de desplazados, e intentaron doblegar a la sociedad española durante más de cinco décadas a costa de sangre inocente. Un culto al terrorista etarra, a la sinrazón, un desprecio absoluto a la convivencia, una humillación a las víctimas, que en países democráticos sólo se organizan aquí, en España, más concretamente en el País Vasco y Navarra.
El Diccionario de la RAE define el término homenaje como "acto o serie de actos que se celebran en honor de alguien o de algo", o "sumisión, veneración, respeto hacia alguien o de algo". Cualquiera de las dos acepciones, referida a un pistolero sanguinario y asesino de ETA resulta por completo incongruente, de imposible comprensión para quienes hemos sufrido la violencia terrorista en primera persona, pero también para cualquier ciudadano de bien.
Y es que una sociedad sana no puede consentir que quien no alberga más mérito que el de haber aterrorizado a la ciudadanía y chantajeado al propio Estado sembrando el terror y el dolor, pueda ser objeto de ninguna muestra pública de reconocimiento. Antes al contrario, el ordenamiento jurídico debe blindarse para que quienes han traspasado la línea de la legalidad no puedan encontrar ningún mecanismo que les permita enmascarar ni legitimar sus crímenes.
El conjunto del colectivo que representa a las víctimas del terrorismo lleva años clamando contra estos actos que constituyen una humillación a las víctimas del terrorismo, que sufren una nueva victimización al ver a los asesinos de sus familiares, o a sus propios agresores, tratados como héroes, calificando de "bochornosa y lamentable, carente de la más mínima ética moral" su reiteración.
Es más, nuestro legislador, tanto estatal como autonómico, pareció entenderlo así cuando tipificó el delito de exaltación del terrorismo o garantizó la protección al honor de las víctimas del terrorismo. En efecto, tanto la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, como la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas de Terrorismo del País Vasco, contienen preceptos que obligan a las administraciones públicas a preservar el honor de las víctimas del terrorismo evitando ultrajes como los ongi etorris.
Concretamente, el artículo 61 de la Ley estatal, dedicado a la defensa del honor y la dignidad de las víctimas, exige a las Administraciones Públicas que prevengan y eviten "la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas"."
También el artículo 4 de la Ley autonómica precisa "que se adoptarán las medidas apropiadas (...), para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas...".
Es más, el propio Parlamento Europeo, en su resolución de 12 de diciembre de 2018, sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo, solicita a sus Estados miembros, y cito literalmente las recomendaciones 213 y 214, que "las instituciones pertinentes proporcionen las salvaguardias necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor", a la vez que "pide a los Estados miembros que prohíban los homenajes a las personas declaradas culpables de llevar a cabo actividades terroristas mediante sentencia firme".
Y también parecía entenderlo así la Audiencia Nacional cuando hasta hace pocas fechas aplicaba el artículo 578 de nuestro Código Penal por hechos similares, incluso con condenas firmes a significados dirigentes de la izquierda abertzale por homenajear a miembros de ETA en la vía pública. Ahora parece ser que debe primar el "derecho a la libertad de expresión", incluso cuando la humillación a las víctimas del terrorismo es palmaria.
Conclusión. Hoy, septiembre de 2021, nadie asume su responsabilidad, la de impedir que el Estado se limite a reaccionar tras la comisión de un delito en lugar de evitar que llegue a producirse. La humillación a las víctimas, el ultraje a la memoria de los fallecidos, la propaganda terrorista, la normalización de ese tipo de actos y el blanqueo de imagen, son objetivos cumplidos con la celebración del acto, y de nada servirá la actuación posterior de búsqueda de responsables. El daño, el profundo daño a las víctimas y al conjunto de la sociedad, ya estará hecho.
No me he cansado de reiterar a las diferentes instituciones del Estado que es necesario evitar que las víctimas del terrorismo que son víctimas de violación de derechos humanos, sigan siendo victimizadas impunemente por quienes hicieron estallar las bombas y descerrajaron tiros en la nuca. Desde aquí, una vez más reclamo una actuación conjunta y responsable que ponga fin, de una vez por todas, a los ongi etorris. Si es preciso, modificando nuestra Ley, si no lo es, aplicándola en sus actuales términos, pero asumiendo desde cada uno de los Poderes del Estado la responsabilidad que les corresponda.
Tal y como señala la exposición de motivos de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, "la dignidad de la sociedad se mide también por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido víctimas de las acciones del terrorismo". Para ello, es preciso que todos entendamos que es inasumible que se celebre un solo acto más de homenaje a los asesinos. Es preciso que defendamos nuestra dignidad. Se lo debemos a todas las víctimas. Nos lo debemos como sociedad que durante décadas ha plantado cara a la barbarie..
Tomás Caballero Martínez es presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo.