Evitar en Egipto lo sucedido en Argelia / Avoiding an ‘Algeria’ in Egypt

El golpe militar que ha derrocado al primer presidente democráticamente elegido de Egipto y ha ido acompañado de las detenciones de dirigentes de los Hermanos Musulmanes en todo el país representa un enorme peligro no sólo para la transición democrática de Egipto, sino también para las esperanzas democráticas de todo el mundo árabe.

El hecho de que el golpe contara con un apoyo popular en masa es una señal de las enormes dificultades afrontadas por los Hermanos Musulmanes durante su primer mandato en el poder. El gobierno del Presidente Mohamed Morsi se esforzó por abordar las heredadas crisis económica y social de Egipto frente a las enormes esperanzas públicas infundidas por la revolución de 2011, cuyos protagonistas aspiraban no sólo a la libertad, sino también al desarrollo económico y a la justicia social.

Naturalmente, los Hermanos Musulmanes fueron también víctimas de sus propios errores, en particular el de que Morsi y su gobierno no tendieran la mano a la oposición laica, algunos de cuyos elementos habían contribuido a su elección. El gobierno de Morsi pareció incapaz de entender que una ligera mayoría electoral no es suficiente, en particular hoy en día.

De hecho, la amplitud de la oposición a Morsi refleja una importante tendencia mundial hacia la emancipación de las clases medias instruidas y conectadas, cuyos miembros suelen desconfiar de los partidos políticos y exigen una participación política más directa. A ese respecto, las dificultades de Egipto difieren sólo por su alcance y no por su clase de las afrontadas por los gobiernos de Turquía, del Brasil e incluso de Europa.

Los Hermanos Musulmanes de Morsi dominaron en el gobierno desde los primeros días en el poder, pero también afrontaron la oposición de otras diversas fuerzas de mentalidad menos democrática, incluidas algunas procedentes del régimen de Hosni Mubarak, que siguen ejerciendo influencia en las instituciones oficiales. La judicatura, por ejemplo, disolvió la primera asamblea legislativa democráticamente elegida. Asimismo, el ministro de Interior se negó a proteger la sede de los Hermanos Musulmanas contra los repetidos ataques que sufrió.

Además, algunos intelectuales laicos demonizaron a los Hermanos Musulmanes. Como sus homólogos argelinos, que en 1992 aprobaron la represión por parte del ejército argelino de una victoria electoral islamista, a consecuencia de lo cual hubo años de combates brutales que dejaron tal vez medio millón de muertos, a muchos egipcios no les importó la represión contra los islamistas.

Morsi y los Hermanos Musulmanes afrontaron también la competencia de los salafistas con respaldo saudí. De hecho, la noche del golpe, esos islamistas ultraconservadores aparecieron junto con dirigentes militares y el dirigente político laico Mohamed El Baradei para anunciar el derrocamiento de Morsi.

Las perspectivas de la transición democrática de Egipto han llegado a ser cada vez más difíciles de predecir, pero una cosa está clara: no se puede ni se debe confiar en el ejército. Durante el período posterior a la caída de Mubarak, en el que el ejército ejerció el poder plenamente, 12.000 civiles fueron juzgados por tribunales militares, se impusieron pruebas de virginidad a mujeres (en particular, las que protestaban contra el ejército), se mató a manifestantes y se cometió un sinfín de violaciones de los derechos humanos con impunidad.

Naturalmente, es posible que los militares garanticen una transición a la democracia, como hicieron hace cuatro decenios en mi país, Portugal, después de que derrocaran la dictadura de Salazar y Caetano, pero la ejecutoria de transiciones dirigidas por los militares en otros países ha sido escasa: se puede proclamar que la democracia es la razón de ser del golpe, pero la transición se detiene ahí. Además, en este caso el ejército egipcio parece mucho más interesado en proteger sus enormes intereses económicos que en asegurar los beneficios de un gobierno civil receptivo ante las necesidades de sus ciudadanos.

Se debe seguir confiando en los jóvenes egipcios y sus exigencias de libertad y democracia, que vinculan el movimiento que derrocó a Mubarak con las manifestaciones que provocaron la destitución de Morsi, pero el objetivo predominante debe ser el de apoyar la creación en Egipto de una sociedad pluralista que defienda los derechos de todos a la participación política y a elecciones libres y justas. Para ello, hoy es necesaria la oposición a una represión como la aplicada por Mubarak a los Hermanos Musulmanes.

Inmediatamente después del golpe, la Unión Europea adoptó una posición ambivalente a ese respecto. También eso recuerda a lo sucedido en Argelia en 1992, cuando la mayoría de los gobiernos europeos apoyaron la anulación de la victoria electoral de los islamistas. (Asimismo, la UE se negó a reconocer la victoria electoral de Hamás en Gaza en 2006.)

El constante temor al islam político en gran parte de Occidente explica el apoyo prestado en el pasado a regímenes dictatoriales. Actualmente, la UE y los Estados Unidos deben exigir la liberación de todos los miembros de los Hermanos Musulmanes, incluido Morsi, y su participación en cualquier solución política.

La comunidad internacional debe preocuparse también por las consecuencias regionales del golpe. La cínica declaración de apoyo al golpe por parte del Presidente de Siria, Bashar Al Assad, es una señal de que algunos quieren convertir la lucha actual en el mundo árabe en una contienda sangrienta entre islamistas y laicos.

A largo plazo, cualquier represión violenta contra los Hermanos Musulmanes movería a sus miembros y partidarios, ya amargamente decepcionados con la democracia, a rechazar enteramente las elecciones. Ese resultado tendría repercusiones muy negativas en los movimientos islamistas de otros países. Para muchos, los extremistas que criticaron a los Hermanos Musulmanes y a otros partidos islamistas por optar por una vía democrática al poder han quedado vindicados, con lo que puede comenzar una nueva ola de violencia en esa región.

Sigue habiendo esperanzas de que Egipto no llegue a ser como Argelia en 1992 (o Chile en 1973), pero, para evitar ese destino desalentador, es imprescindible que ahora se protejan los derechos fundamentales de los miembros de los Hermanos Musulmanes.

El Presidente de los EE.UU., Barack Obama, que ha expresado su profunda preocupación por el derrocamiento de Morsi, tal vez sea el único dirigente apto para mediar en semejante situación y procurar conseguir una solución de consenso que impida una guerra civil. Para ello, necesitaría recurrir a toda la influencia de que dispone, incluida la interrupción de la enorme asistencia militar que los EE.UU. prestan a las fuerzas armadas de Egipto, como ha amenazado con hacer. También puede recurrir a la reserva de confianza que logró al tender la mano a los Hermanos Musulmanes durante la presidencia de Morsi.

Pero, ¿tomará la iniciativa Obama? El discurso que pronunció en El Cairo en 2009, en el que hizo un llamamiento en pro de “Un nuevo comienzo” en esa región, sirvió de inspiración para muchos en el mundo árabe. Ha llegado el momento de hacer algo más que pronunciar palabras.

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The military coup that has overthrown Egypt’s first democratically elected president and led to the arrests of Muslim Brotherhood leaders across the country poses an enormous danger not only for Egypt’s democratic transition, but for the democratic hopes of the entire Arab world as well.

The fact that the coup was undertaken with massive popular support is a sign of the enormous difficulties faced by the Muslim Brotherhood during its first turn in power. President Mohamed Morsi’s government struggled to address Egypt’s inherited economic and social crises in the face of the enormous public expectations created by the 2011 revolution, whose protagonists sought not only freedom, but also economic development and social justice.

Of course, the Muslim Brotherhood was also a victim of its own mistakes, particularly the failure of Morsi and his government to reach out to the secular opposition, elements of which had contributed to his election. The Morsi government seemed incapable of understanding that a slim electoral majority is not enough, especially nowadays.

Indeed, the breadth of the opposition to Morsi reflects a major global tendency toward the empowerment of the educated and connected middle classes, whose members tend to be suspicious of political parties and demand more direct political participation. In this sense, Egypt’s difficulties differ only in scope, not in kind, from those faced by governments in Turkey, Brazil, and even Europe.

Morsi’s Muslim Brotherhood dominated government from its first days in power. But it also faced opposition from a variety of other, far less democratically minded, forces, including holdovers from Hosni Mubarak’s regime, who continue to wield influence in official institutions. The judiciary, for example, dissolved the first elected legislative assembly. Likewise, the interior minister refused to protect the Brotherhood’s headquarters from repeated attack.

Moreover, some secular intellectuals demonized the Brotherhood. Like their Algerian counterparts — who in 1992 approved of the Algerian army’s suppression of an Islamist electoral victory, leading to years of brutal fighting that left perhaps a half-million dead — many Egyptians didn’t mind repressing Islamists.

Morsi and the Brotherhood also faced competition from Saudi-backed Salafists. Indeed, on the night of the coup, these ultra-conservative Islamists appeared together with military leaders and the secular political leader Mohamed ElBaradei to announce Morsi’s overthrow.

The prospects for Egypt’s democratic transition have become increasingly difficult to predict, but one thing is clear: The military cannot and must not be trusted. During the period after the fall of Mubarak, when the army exercised full power, 12,000 civilians were charged in military courts, virginity tests were imposed on women (particularly those protesting against the military), demonstrators were killed and myriad human-rights violations were committed with impunity.

Of course, it is possible for soldiers to assure a transition to democracy, as they did four decades ago in my homeland, Portugal, following their overthrow of the Salazar/Caetano dictatorship. But the record of military-led transitions elsewhere has been poor: democracy may be proclaimed to be the coup’s raison d’etre, but the transition stops there. Moreover, in this case, the Egyptian Army appears far more interested in protecting its enormous economic interests than it is in securing the benefits of a civilian government responsive to its citizens.

Trust should still be put in young Egyptians and their demands for freedom and democracy — demands that link the movement that overthrew Mubarak to the demonstrations that led to Morsi’s removal. But the predominant goal should be to support the creation in Egypt of a pluralistic society that defends the rights of all to political participation and free and fair elections. Today, this requires opposition to any Mubarak-style repression of the Muslim Brotherhood.

Immediately following the coup, the European Union adopted an ambivalent position toward it. This, too, is reminiscent of Algeria in 1992, when most European governments supported the annulment of the Islamists’ electoral victory. (Likewise, the EU refused to recognize Hamas’ electoral victory in Gaza in 2006.)

Continuing fear of political Islam in much of the West explains past support for dictatorial regimes. Today, the EU and the U.S. should demand the liberation of all members of the Muslim Brotherhood, including Morsi, and the integration of the Brotherhood into any political solution.

The international community should also be concerned with the coup’s regional implications. Syrian President Bashar Assad’s cynical declaration of support for the coup is a sign that some want to turn today’s struggle in the Arab world into a bloody contest between Islamists and secularists.

In the long term, any crackdown on the Brotherhood would lead its members and supporters — already bitterly disappointed in democracy — to reject elections entirely. That outcome could have a very negative impact on Islamist movements elsewhere. For many, the extremists who criticized the Brotherhood and other Islamist parties for choosing a democratic route to power will have been vindicated, and a new wave of violence in the region may begin.

Hope remains that Egypt will not become Algeria in 1992 (or Chile in 1973). But to avoid that grim fate, it is imperative that Muslim Brotherhood members’ fundamental rights now be protected.

U.S. President Barack Obama, who has expressed deep concern about the overthrow of Morsi, is perhaps the only leader able to mediate in such a situation and work for a consensus solution that prevents a civil war. To achieve this, he would need to use all of the leverage at his disposal, including cutting off the massive military assistance that the U.S. provides to Egypt’s armed forces, as he has threatened to do. He can also use the reserve of trust that he established by reaching out to the Brotherhood during Morsi’s presidency.

But will Obama take the initiative? His speech in Cairo in 2009 — which called for “A New Beginning” in the region — inspired many in the Arab world. Now it is time for more than words.

Álvaro de Vasconcelos is Director of Projects for the Arab Reform Initiative (ARI), a consortium of 16 think tanks in the Arab world and the West, and coordinator of the Global Governance Group (GG 10). He was formerly Director of the European Union Institute for Security Studies, Paris, and the Institute of Strategic and International Studies (IEEI) in Lisbon. Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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