Evo pone en peligro a la Pachamama… y a la democracia

El presidente de Bolivia Evo Morales ofrece un discurso durante una ceremonia en Potosí, el 23 de agosto de 2017. Credit NYTCREDIT: Reuters
El presidente de Bolivia Evo Morales ofrece un discurso durante una ceremonia en Potosí, el 23 de agosto de 2017. Credit NYTCREDIT: Reuters

En septiembre de 2011, cientos de indígenas marchistas de tierras bajas que descansaban en la localidad amazónica de Chaparina y que se oponían a la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, o Tipnis, fueron repentinamente reprimidos por policías, que usaron gases lacrimógenos y laques para forzarlos a abordar a buses. Las escenas de televisión, que mostraban a niños aterrorizados corriendo hacia la selva, dirigentes esposados y amordazados y mujeres heridas, en el marco de una nube de gases y del fuego cruzado de balines, indignó a la opinión pública boliviana. Una parte de la ciudadanía no podía entender cómo un presidente indígena, supuestamente defensor de la pachamama, podía ordenar reprimir a sus antiguos aliados, primero, y hacerlo además para ejecutar una obra que afecta al medioambiente.

Los marchistas lograron reagruparse y, ya sin interferencias del oficialismo, llegaron a La Paz al mes siguiente, cuando cientos de miles de personas se volcaron a las calles a darles una bienvenida de héroes. La presión fue tan grande que Morales aceptó no construir la ruta.

Seis años después el presidente lo intenta de nuevo, en una acción polémica debido al empeño que pone en hacer que la ruta atraviese el parque de norte a sur, en un camino de 306 kilómetros de largo, en vez de rodearlo por el este, como piden los indígenas y ambientalistas. Los indígenas afectados, de las etnias yuracaré, t’simán y yuqui, además de sectores urbanos y opositores, han anunciado la realización de manifestaciones y movilizaciones contra la vía.

Un camino por el corazón del bosque afectaría el Tipnis, este exuberante pero frágil paraje de 10.910 kilómetros cuadrados –más grande que la isla de Puerto Rico– que es la segunda fuente de agua dulce más importante y vasta de Sudamérica. Un tercio o más de todas las especies de flora y fauna bolivianas, país que se caracteriza por una gran biodiversidad, se encuentran en este rincón anegadizo y pródigo, incluidas 470 especies de aves, casi tantas como todas las existentes en Europa.

Los indígenas del territorio, además de activistas por el medioambiente y dirigentes opositores, creen que Morales impulsa la construcción de la carretera para permitir que los campesinos cocaleros ubicados en la frontera sur del mismo, en una región denominada Chapare, puedan expandirse y, de paso, iniciar la explotación ilegal de madera.

En una demostración de la capacidad de presión que tiene este grupo y supuestamente como parte del mismo plan de expansión, el poder ejecutivo promulgó una reciente ley que permite plantar 7700 hectáreas adicionales de coca legales en el Chapare, que se sumarían a las actuales entre 20.000 y 36.000 hectáreas producidas de manera ilegal en esa zona y que se destinan casi en su totalidad al narcotráfico. Otras 14.300 hectáreas se producen de manera legal en otra región subtropical boliviana, sobre todo para la fabricación de infusiones.

La oposición cree detrás del esfuerzo de Morales para complacer a su núcleo más fiel, precisamente los cocaleros, está su deseo de presentarse nuevamente a las elecciones, pese a la que la Constitución lo prohíbe, y empezar un cuarto mandato en 2020.

Morales primero prometió que no se presentaría a un tercer periodo, el que cumple actualmente hasta 2019, pero luego le pidió al Tribunal Constitucional, que tiene bajo su control, que “interpretara” el texto constitucional. Ese tribunal, por supuesto, autorizó su tercer mandato. Morales luego aseguró que no buscaría un cuarto periodo. Pero el año pasado organizó un referéndum para consultar a la población si lo aceptaba. Sin embargo, después de asegurar que respetaría el resultado adverso de las urnas, cambió de opinión y aseguró que será candidato de todos modos. Por eso, no solo el medioambiente está en peligro en Bolivia. Lo está también la democracia.

La vía a través del Tipnis cuesta 415 millones de dólares y sería la carretera más cara de la historia boliviana si se calcula su costo por kilómetro.
Pero el Tipnis, que, según ley, es propiedad de los 14.000 indígenas que lo habitan, es sobre todo una de las más importantes reservas boscosas del país, con una riqueza forestal de 3000 especies de árboles.

Como en Bolivia los ríos corren de oeste a este para formar los afluentes del Amazonas, la carretera cortaría ese flujo, anegando la parte este y desertificando el lado oriental. Sería una verdadera tragedia que rompería, según los expertos, los ciclos de lluvia de buena parte de Bolivia.

Además, el posible influjo de campesinos y madereros destruiría el 65 por ciento del bosque del parque, o más de 600.000 hectáreas, según cálculos del Programa de Investigación Estratégica de Bolivia que hizo mediante modelos de computadora.

Las autoridades niegan que la decisión de construir la carretera responda a presiones de estos campesinos, sector que sigue teniendo como líder máximo a Morales, un excocalero, o que esta infraestructura afecte al medioambiente y permita la invasión de cultivadores que los indígenas del Parque Nacional Isiboro Sécure temen. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo repetidamente que la carretera llevará “progreso y bienestar” a los indígenas, mediante la construcción de centros de salud y escuelas. Pero no explicó por qué no se podría hacer lo mismo si la vía tuviera otro trazo.

Que las autoridades no están especialmente interesadas en la “madre tierra” lo demuestra el hecho de que, mediante decretos supremos, en 2015 se eliminara la protección a los parques nacionales, incluido el Tipnis, para permitir allí tareas de exploración y explotación de petróleo y minerales. En este parque se presume que existen campos de gas natural.
Las presiones de ambientalistas e indígenas se concentran ahora en convencer al gobierno de hacer la carretera rodeando el territorio indígena por el este. El impacto negativo de ese trazo sería mucho menor a cortar el parque directamente por su núcleo. Hay quienes creen que el gobierno escuchará esta opinión.

Ante el creciente rechazo a la construcción de la carretera, es posible se puede prever que el gobierno negocie esa posibilidad. Pedirle a Morales que proteja la democracia abandonando el poder al final de su actual mandato puede resultar vano. Pero quizá no tanto demandarle que proteja parcialmente el Tipnis.

Raúl Peñaranda U.

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