Nos rasgamos las vestiduras —algunos, espero que no demasiado pocos— después de ver los resultados de las elecciones andaluzas. Se achaca el resultado a una enorme abstención de los desganados por ver que se habla mucho de Andalucía y poco de los andaluces de a pie. También se atribuye a los desengañados de tanta promesa incumplida, a muchos de los cuales su desesperación les ha llevado con engaños y mixtificaciones a la boca del lobo. Y sí, ahí está parte de la clave del resultado. Nadie se acuerda de que podría haber habido un antídoto para contrarrestar el efecto de la irrupción de esta extrema derecha que ha enarbolado a manera de espantajo al inmigrante, convertido en chivo expiatorio de la crisis y en el culpable del malestar de los andaluces sin trabajo. Me refiero al voto inmigrante.
Nuestra Constitución, en el artículo 13.2, permite, mediante tratado o ley, el sufragio activo en las elecciones municipales y autonómicas de los extranjeros cuyos países reconozcan la reciprocidad en sus comicios para los españoles allí residentes. Marruecos, desde su Constitución de 2011, admite en su artículo 30 el voto para los extranjeros que allí residen “en virtud de la ley, de la aplicación de acuerdos internacionales o de prácticas de reciprocidad”.
¿Qué se ha hecho para incorporar en las reuniones de alto nivel entre España y Marruecos este tema? ¿No fueron los años de Rajoy, cuando España destacó como el primer exportador a Marruecos? ¿Por qué nunca se suscitó este tema? ¿A nadie se le ha ocurrido que tal vez en Cataluña otro hubiera sido el signo del Parlament con un voto de los más de 200.000 inmigrantes marroquíes? ¿Y ahora en Andalucía, donde residen 263.309 marroquíes?
No. No creo que haya sido olvido. Tal vez se haya calculado lo que no convenía, porque los marroquíes residentes en España tienen olfato para conocer de cerca las políticas de cara a la inmigración que han puesto en práctica unos y otros partidos.
Lo importante no es la instrumentalización de este voto inmigrante para contrarrestar radicalidades nacionalistas o/y xenófobas, sino que el voto convierte al inmigrante en uno más de aquí, en ciudadano con derechos, y convierte al electo municipal o autonómico en alguien que ya no puede utilizar al inmigrante como objeto al que criminalizar y del que servirse para atraer el voto del miedo, sino como sujeto al que tiene también que atender para satisfacer sus derechos.
Por supuesto que con los 131.000 marroquíes empadronados en Andalucía, o el porcentaje de ellos que hubieran decidido ir a las urnas, no se hubieran disminuido los casi 400.000 que Vox logró rebañar de tanto desmoralizado, pero también desorientado que hay en la región. Pero el sistema electoral hubiera producido otros reajustes que tal vez hubieran ayudado a conformar mayorías más libres de hipotecas que las que hoy van a producirse.
Las elecciones que vienen van a ser municipales y autonómicas. Sería insensato e injusto dejar por excluidos a los más de 700.000 marroquíes residentes en España de los que medio millón tendrían derecho al voto. ¿Qué impacto causarían sobre el próximo mapa autonómico español si votasen, pongamos, 40.000 o 50.000 marroquíes en Madrid, 50.000 o 60.000 en Murcia o Valencia?
Desde luego, a escala municipal, otro gallo podría cantar en muchos municipios de España. El efecto podría ser notable en no pocas localidades de Cataluña, la región con mayor número de marroquíes del país, o de Murcia, o Madrid, o de la misma Andalucía. Quizá el ejemplo reciente de El Ejido no sea el más apropiado por su carácter excepcional, pero puede servir para reflexión: el padrón municipal del municipio cuenta con 17.600 marroquíes, y los votos de Vox, el partido vencedor, fueron 7.377, 6.726 para el Partido Popular, 4.044 para Ciudadanos, 3.949 para el PSOE y 1.942 para Adelante Andalucía. ¿Qué impacto sobre este resultado hubiera tenido si, por ejemplo, hubiese tenido derecho al voto pongamos que el 60 % de los marroquíes empadronados? En la liza electoral el tema “inmigración” cobraría más peso aún.
No sé si a las alturas que estamos, con el panorama político tan crispado en nuestro país, es el momento de plantear esto que lleva ya siete años de retraso. En la coyuntura de las relaciones con Marruecos, en que parece que se reclaman por parte de este país ventajas para sus ciudadanos a cambio de su mayor implicación en hacer de barrera a la inmigración ilegal, no se debería dejar de lado este aspecto, aunque Marruecos, que no deja votar a sus expatriados en sus propios comicios, no se sabe si mostraría demasiado interés en que se reconociera este derecho a sus emigrados en España.
Desde nuestro país, con una medida así, permitiéndoles votar, se dejaría de excluir a quienes no serían ya meros comparsas, espectadores de un asunto entre españoles, sino una parte del nosotros de hoy y de mañana.
Bernabé López García es catedrático honorario de Historia del Islam Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid.