Exigencia terrorista y marco constitucional

La voluntad de las víctimas del terrorismo ha estado orientada a obtener la detención, enjuiciamiento y condena a las penas impuestas a los terroristas hallados culpables. Sin embargo, nuestra ubicación involuntaria en el debate político nos ha obligado a desarrollar una capacidad de observación y prospectiva del terrorismo haciendo buena la frase de Churchill: «Si no te ocupas de la política, ésta se ocupará de ti». Aquel desarrollo en mí lo he complementado con una formación en estrategias jurídicas a largo plazo, y en el análisis lógico-jurídico de documentos en su contexto histórico y sociológico. Ello me lleva a hacer esta contribución pública, como ciudadano afectado, de mi análisis jurídico sobre el último hito de la hoja de ruta del actual Gobierno para intentar el fin del terror de ETA.

Me refiero a la última declaración de ETA sobre el cese de la violencia que, producida en pleno periodo preelectoral y con un Gobierno cayendo en las encuestas, ha recibido de éste el aplauso unánime al que se han adherido amplios sectores sociales deseosos de buenas noticias. Mi enfoque contempla un periodo en la lucha antiterrorista coincidente casi con la totalidad del Gobierno de Zapatero y, como referencia fáctica, los hitos conocidos que han jalonado hasta ahora su política.

Pongo el acento en la ideología del presidente, que no se ha recatado en confesar, lo que es lícito, su radicalismo de izquierdas y republicanismo, inspirado en los valores de la II República. Aquella ideología ha influenciado su acción política, a través de la denominada Memoria Histórica, que ha tenido como resultado debilitar las bases de la Transición democrática. Irresponsabilidad, ignorancia histórica, mala fe…, no sé qué ha predominado en su motivación; quizá sea un poco de todo. Lo relevante aquí es que su republicanismo irredento ha inspirado su acción de gobierno y, seguramente, condicionará la acción de su sucesor.

Como objetor de conciencia de la Transición y desapegado de su reflejo constitucional, Zapatero ha encontrado en su andadura otro objetor de conciencia de aquélla también, el nacionalismo y, en particular, el vasco, con ETA como expresión terrorista. Sus fines, que no sus métodos obviamente, son complementarios e interactúan. El PSOE nunca ha negado su preferencia por la República como forma política y nuestro presidente ha sido especialmente devoto al respecto. Ello es compartido por toda la izquierda española -añadiéndole el matiz federal- y por el nacionalismo, por una razón obvia: la consecuencia implícita del reconocimiento del derecho a la separación de los pueblos que integran España.

La declaración de ETA, si bien no fija condiciones en sentido jurídico formal, sí pone exigencias. Solicita, primero, «…el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular…». En segundo lugar, exige un diálogo de igual a igual con los Estados español y francés, para «la resolución de las consecuencias del conflicto», eufemismo éste que encubre la excarcelación de sus presos, pues los muertos no pueden ser resucitados.

¿Qué puede hacer el nuevo Gobierno que surja de las elecciones? De una forma resumida: aceptar o negar las exigencias. Si las rechaza, es plausible una marcha atrás en el abandono de la violencia y la vuelta al sufrimiento de la sociedad. La desproporcionada, por anticipada, alegría de ésta es un reflejo más de su trauma causado por el terror y de su deseo del fin del terrorismo, sin preocuparse de las consecuencias negativas que los Casandras habituales anuncian si se paga el precio exigido por los terroristas. Ese sentimiento, unido al derivado de la crisis económica, pondrá a prueba las cualidades del nuevo Gobierno, ya que el temple de la sociedad no está para mucho más esfuerzo.

Si las acepta, la exigencia más fácil de satisfacer es la de los presos. La potestad de indulto en manos del Gobierno, unida a una aplicación «constructiva» de la progresión de grado de la legislación penitenciaria -si bien la controla el juez en última instancia, los elementos de juicio necesarios para resolver se los dan funcionarios dependientes jerárquicamente del Gobierno (Instituciones Penitenciarias y Fiscalía)- son vías plausibles para satisfacer aquella exigencia. Lo único que hay que eludir formalmente es la prohibición constitucional de amnistías generales violentando su espíritu un poco más que hasta ahora.

Sin embargo, la exigencia del reconocimiento de la singularidad vasca y el respeto a la voluntad popular de su pueblo tropiezan con un escollo legal excepcional. Sólo la incorporación de Navarra a Euskal Herria se solventaría con los procedimientos constitucionales vigentes. El tema del País Vasco francés es completamente ajeno al ámbito de decisión español. Respetar la voluntad del pueblo vasco, si fuera mayoritariamente partidaria de la independencia del resto de España, exigiría un cambio sustancial de la Constitución al ser incompatible con sus principios básicos: el monopolio de la soberanía por el pueblo español (Artículo 1.2) y la indisoluble unidad de la nación española (Artículo 2).

Consecuencia obligada de aquella modificación sería el cambio de la forma política del Estado: la Monarquía Parlamentaria (Artículo 1.3), al quedar vacía de contenido una de las funciones básicas de la Jefatura del Estado, ser «el símbolo de su unidad y permanencia» (Artículo 56.1). La República Federal, con el derecho de separación de sus pueblos, sería el resultado constitucional de los cambios necesarios para satisfacer la exigencia terrorista.

La última palabra la tendría el pueblo español en referéndum (Artículo 168.3). Debería decidir sin la coacción que supone el temor a una represalia terrorista si sus exigencias no son atendidas. Con la declaración actual de ETA, su instrumento coactivo -las armas y quienes las empuñan- queda preservado, siendo, además, su reforzamiento futuro verosímil.

Complicado dilema el planteado al próximo Gobierno, sobre todo si es de creencias sobre el modelo de Estado distintas de las del actual. Una negativa de un futuro Ejecutivo del PP a las exigencias terroristas le acarrearía de la oposición parlamentaria, no sólo del arco nacionalista vasco, sino del propio PSOE, la acusación de ser enemigo de la paz. Aunque el PP adquiriera una holgada mayoría parlamentaria, no hay que minusvalorar la capacidad mediática del PSOE y su incidencia negativa electoral futura para el Partido Popular mayor aun si, además, la sociedad española fuese golpeada de nuevo por el terrorismo. Si, por el contrario, un futuro Gobierno diera los pasos para acceder a las exigencias, el PSOE compartiría el éxito de la consecución de la paz. En ese escenario, la última palabra del pueblo español podría ser más proclive a los necesarios cambios constitucionales bajo coacción.

Que cada uno extraiga sus consecuencias sobre qué piensa que hará ETA respecto al desmantelamiento de su aparato de terror si sus exigencias son reales, que mucho me temo que sí lo sean. Ojalá me equivoque y sólo sea su peculiar canto del cisne.

Por José Mateu Istúriz, hijo y hermano de sendas víctimas del terrorismo. Abogado del Estado excedente. El padre del autor, José Francisco Mateu Cánoves, magistrado del Tribunal Supremo, fue asesinado mediante varios tiros en la nuca por ETA en Madrid el día 16 de noviembre de 1978. Su hermano, Ignacio Luis Mateu Istúriz, teniente de la Guardia Civil, fue asesinado por ETA cuando tenía 27 años mediante una bomba-trampa en Arechabaleta, Guipúzcoa, el día 26 de Julio de 1986.

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