Los países nórdicos tienen una cultura de la experimentación social que nuestras naciones latinas no practican. En Escandinavia se ensayan modelos económicos y sociales, y si al ponerlos en práctica no funcionan, se renuncia a ellos. Así, después de haberse dedicado al socialismo de Estado en la década de 1960 y haber constatado su fracaso en la década de 1980, el norte de Europa trata ahora de combinar el liberalismo económico con la solidaridad social. Las ideologías a priori cuentan poco en estos cambios, que son ante todo pragmáticos, mientras que en el sur de Europa no se acepta tan fácilmente un modelo económico y social que no coincida con un compromiso partidista.
Hoy en día en toda Europa se da casi por sentado que la empresa privada, la competencia y el libre intercambio constituyen la única fórmula conocida para producir crecimiento; pero la forma de redistribuir algo este crecimiento sigue siendo un tema de discusión o de ignorancia. Es cierto que la solidaridad social es necesaria para hacer que la mayoría, si no todos, considere más aceptable el capitalismo y es aún más necesaria por razones morales. Es un error pensar que el crecimiento o el mercado garantizan por sí mismos la igualdad de oportunidades; hay que ser un fundamentalista del capitalismo para decir semejantes disparates.
El azar del nacimiento y los avatares de la vida y del mercado recompensan a unos más que a otros. La suerte cuenta en esta aventura colectiva tanto como el mérito, si no más. Si se me permite un ejemplo personal, en mi generación, en la universidad, los mejores querían ser periodistas, y los últimos de la clase eran reclutados por los bancos. Los banqueros han hecho fortuna, mientras que los periodistas se han visto diezmados por la aparición de internet.
¿Pero cómo redistribuir sin frenar el impulso empresarial, sin hacer que el no trabajo sea tan lucrativo como el trabajo? En la Europa latina, tanto en la derecha como en la izquierda, recurrimos a un supuesto Estado benevolente y garante de la solidaridad nacional. Pero esta mecánica que se remonta al crecimiento fuerte de los años anteriores a la globalización gasta mucho dinero público en una enorme burocracia y no mide los resultados. La izquierda aumenta el gasto, como si una mayor intervención llevara necesariamente a una mayor equidad; la derecha hace lo contrario, y también en la sombra. Y aquí es donde Finlandia se vuelve interesante.
El Gobierno finlandés, al comprobar que la redistribución encerraba a los beneficiarios en una nueva dependencia y los alejaba del mercado de trabajo, lanzó hace tres años un nuevo experimento: la distribución de una renta mensual sin condiciones a una muestra de 2.000 parados sin ingresos. Durante este periodo, se siguió y se estudió su comportamiento, y se comparó con el de una población equivalente que seguía recibiendo ayudas para cosas concretas, como el alojamiento o los alimentos. Los destinatarios de este subsidio sin condiciones tenían garantizada durante tres años una renta de 650 euros, encontraran o no trabajo. Este último punto es fundamental, pues en todos los países europeos muchos parados desisten de trabajar, ya que su nuevo sueldo es a veces menor que el subsidio de desempleo.
Al término de estos tres años, conocemos las conclusiones del experimento. En primer lugar, una decepción: el número de receptores del subsidio que siguen en el paro es igual en las dos poblaciones comparadas. Parece difícil, por lo tanto, afirmar que el subsidio de paro perpetúa el paro; este, en nuestras economías sofisticadas, obedece a otras consideraciones, como por ejemplo la falta de conocimientos básicos y de experiencia.
Pero hay otros resultados más alentadores, y que responden a las expectativas. Los beneficiarios del nuevo sistema se consideran satisfechos, porque ya no dependen de la buena voluntad, a veces arbitraria, de la burocracia social. La garantía de los tres años se ha visto como una liberación, y ha llevado a algunos a someterse a cuidados médicos a largo plazo que con el antiguo sistema dudaban en emprender. Por tanto, el nuevo grupo tiene mejor salud que el antiguo. Gracias a la garantía de tres años, algunos han creado empresas, sobre todo en restauración, con cierto éxito. La sensación general, compartida en Finlandia por todos los partidos, es que la renta mínima garantizada constituye un avance que debe medirse en términos de bienestar y libertad, aunque sus efectos sobre el mercado laboral no sean concluyentes.
Sin duda, conviene distinguir entre solidaridad y empleo. La renta garantizada constituye un avance de la solidaridad, mientras que el mercado de trabajo exige una reforma de la educación, que debe comenzar desde la infancia. ¿Es compatible la renta mínima con las finanzas públicas de Finlandia y de otros lugares? Probablemente sí, a condición de que se supriman los otros subsidios sociales que conceden los gobiernos y gestionan las administraciones en función de las necesidades estimadas por los que dan, y no por los que reciben. La renta mínima garantizada supone que quienes la reciben saben mejor qué hacer con ella que los que la dan, lo que constituye una revolución filosófica. En toda Europa, la auténtica elección no es entre la solidaridad o la falta de ella, sino una elección de poder: ¿quién decide lo que es bueno para mí? Pocos gobiernos en Europa parecen dispuestos a renunciar a su poder discrecional. Ahí reside el verdadero desafío finlandés.
Guy Sorman