No sé si España dispone de tiempo suficiente para inquietarse todo lo que debiera con las palabras de Pedro Sánchez respecto del modelo de Quebec para el caso catalán. La dependencia del presidente de la representación independentista en el Congreso, su afán por distinguirse de los cánones en cuestiones de Estado y la escasa solidez de su dirección política en estos meses de Gobierno debieran de hacernos temer decisiones que condicionen no sólo el futuro de Cataluña sino el de toda España.
Los nacionalistas han hecho creer a una parte de los españoles, entre los que podría estar el señor Sánchez, que el derecho de autodeterminación es un ejercicio básico de democracia y que la negativa al mismo es una muestra de la inmadurez del sistema de libertades vigente en España. Poco importa que apenas haya casos alternativos a un modelo de Estado como el español en el que, como es natural, la estabilidad de fronteras es una premisa constitucional que evita los permanentes conflictos, las pugnas y los enfrentamientos que siempre han ocasionado las disputas en los ámbitos territoriales.
Pero los errores de Quebec y Escocia, donde los independentistas no han sido disuadidos sino que esperan una mejor ocasión para ejercer el «derecho a dividir», son, desde luego, una inspiración para los secesionistas. Una inspiración que no se basa en un modelo democrático sino que, por el contrario, se establece sobre una base de supremacía de la decisión de una parte del país sobre la opinión del conjunto de los ciudadanos de ese territorio. Este es el argumento más sólido y desde luego el más sensato.
Decía un amigo mío que discutir con los nacionalistas te acaba llevando a tener que justificar y dar explicaciones sobre la igualdad de todos los seres humanos en derechos, deberes y libertades. Es verdad, pero como aquí la hipótesis pasa por que sea el PSOE quien llegara a promover un referéndum de auto determinación que rompería la igualdad, voy a proponer otra opción que también se basa en la expresión popular y que tiene, a mi juicio, más alcance y menos contra indicaciones que el referéndum con el que se nos está amenazando.
Como ya expresé en otro artículo que firmé en ABC hace unos años, el derecho de auto determinación planteado por los nacionalistas adoleced el re verso necesario en cualquier derecho como sería el derecho de extra determinación. Es decir, que si una parte de España tiene el derecho a separarse del resto, también el resto debe de tener derecho a separarse de esa parte. Es lo democrático.
Sin embargo, aquellos nacionalistas a los que les digo que si realmente creyeran que es un déficit democrático que una parte de España no pueda lograr libremente su independencia, con igual énfasis debieran de exigir que la mayoría de los españoles pudiera expulsar a una parte de ese país, pero me dicen que eso sería una imposición externa.
Pero lo proporcional es que si alguien cree que una parte de los «Països Catalans», en este caso los territorios de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, pueden ejercer su derecho de auto determinación, habrá de arbitrarse la fórmula para que también el resto de España pueda decidir sobre su relación con esas cuatro provincias o con alguna de ellas, por qué no.
Yo apunto, con el exclusivo propósito de polemizar, que sería menos traumático para España y para una mayoría de catalanes que, antes de promover la separación de cuatro provincias catalanas, se procediera a la expulsión de una sola de ellas del Reino de España. Por ejemplo, a Gerona. Sería una forma democrática de auto determinación que apartaría aun territorio de mayoría independentista y que daría como resultado que el resto de Cataluña tuviera una mayoría favorable a respetar la solidaridad de España.
Desde luego no sería menos democrático, lo sería más, aunque también fuera muy injusto y, posiblemente, tanto o más disparatado.
Por ello, y siguiendo la recomendación respecto de entrar en la dialéctica nacionalista, creo que es mejor quedarse al margen de sus divagaciones porque nos llevan a pensar y decir sandeces de semejante dimensión a las que nos proponen, eso sí, tanto o más democráticas.
Javier de Andrés, exdelegado del Gobierno en el País Vasco.