Extremadura, 'golondrina sin alambre'

El asunto del tren digno para Extremadura es, en su quintaesencia, la demostración publicitaria del fracaso español del principio constitucional de solidaridad. Ese principio, que allí es considerado más como un floripondio moralista que como una indispensable guía para la formulación de políticas específicas de equilibrios y convergencias, sobre todo económicas, es, hoy por hoy, un valor en función de la capacidad coactiva de quien lo esgrime. Si este sujeto es fuerte, o tiene muchos votos o, por lo que sea, éstos son cualificados tendrá alguna capacidad intimidatoria ante la inevitable indiferencia del poder central, el egoísmo de otras comunidades en competencia, y, sobre todo, ante la inoperancia de sus propios dirigentes. Si no es así, ese sujeto tendrá difícil encontrar el resorte que impulse la aplicación de tan espiritualista principio.

Lo del tren digno es vergonzoso, claro está, pero en Extremadura ocurren, al mismo tiempo que la exhibición de sus vergüenzas, cosas mucho más graves aún, que no son derivadas del ausente principio de solidaridad. Por ejemplo: al justo momento de desatarse el aluvión de críticas sobre las últimas averías de aquél, se hacen públicas dos noticias más sobre aquella comunidad: es la región con la tasa más alta de paro juvenil en España, un 23,5%, frente a un 7,6% en el País Vasco, es decir, más del triple, y más del doble en comparación con Madrid. Pero hay aún otra peor: Extremadura es la región española con más jóvenes que ni estudian ni trabajan, terrible noticia de portada del periódico Hoy de Badajoz de fecha 27 de diciembre pasado. Y eso no es cuestión esencial de solidaridad; eso es fracaso de la gestión autonómica.

Extremadura, 'golondrina sin alambre'Si aportásemos datos, estadísticas y referencias relativas sobre el estado de aquella cuestión regional nos horrorizaríamos de cómo el principio de solidaridad -compañero siamés del de igualdad- es desconocido y marginado, al mismo tiempo que el poder central contribuye, consciente y deliberadamente, a incrementar las desigualdades. El ejemplo último más clamoroso se da en la época de Zapatero, optando el poder central por el Corredor Mediterráneo, en vez de la raya de Portugal.

Es cierto que muchos extremeños nos hemos preguntado, durante siglos, sin encontrar soluciones, el por qué Extremadura es, casi siempre, la última en lo positivo y la primera en lo negativo de los indicadores socioeconómicos. Pero es ahora cuando, definida en nuestra Carta Magna una ingente capacidad operativa, de estricto carácter autonómico, cuando se da un escenario nuevo que define funciones propias y ajenas, tanto operativas como de responsabilidades por ineficacia. Y es ante ese conjunto de distintas operatividades y diferentes responsabilidades donde el poder regional no ha encontrado ni púlpito, ni audiencia, ni fuerza moral o coactiva suficiente para hacerse oír con contundencia y respeto.

El diagnóstico sobre Extremadura, hecho desde fuera de la misma, es bien fácil: una región despoblada y aislada, con una economía elemental, subvencionada, sin presencias nacionales cualificadas y una sociedad civil mínima y sumisa. Pero, curiosamente, dicha cruel valoración, hecha desde dentro, en versión oficial, nos ofrece una comunidad en progreso, con un buen nivel de vida, con fuerte presión identitaria y reivindicativa, donde cualquier dato negativo es culpa de otros o fruto del falseamiento o el desconocimiento interesado de quien lo exponga. El hecho, en sí mismo, es tan relevante que sería el primero a destacar para concretar en un relato fiel la realidad de cuanto ocurre en aquella comunidad. Es asunto derivado de la llamada posverdad.

Para explicar la vergüenza regional que supone la publicidad de lo que ocurre, habría que ir al terreno delicado de la búsqueda de causas y responsabilidades, si las hubiera. Y ese segundo hecho -que nadie se plantea afrontar en serio- supone también obviar y desconocer que un sólo partido político, durante casi 40 años, excepto una sola legislatura, ha dominado toda la política regional desde el advenimiento de la democracia. Pero tal atrevimiento supondría aceptar riesgos individuales y colectivos, bien conocidos en nuestra región.

El que la culpa de todo lo negativo es de los demás es una queja continua de la impotencia extremeña, pero ni la única ni la más importante entre las causas y razones de su pobreza. Pero casi siempre ha sido la principal razón exculpatoria de cualquier propia irresponsabilidad, por negligencia, incapacidad o sectarismo.

El tercer hecho relevante en un planteamiento analítico sobre lo que ocurre en Extremadura para que esté donde está es descifrar el enigma, tan contradictorio en sí mismo, de la incomprensible sumisión caracteriológica del extremeño, cuyo talento intelectual y valentía personal, en todos lo sentidos, están tan acreditados históricamente, pero que no es capaz de solidificar su protesta colectiva eficaz de aspiración de progreso. Ni siquiera ahora, que puede contemplarse un estatus jurídico nuevo: vivimos en democracia y, en pura teoría, la excusa del poder caciquil subyugante ya no es esgrimible. A no ser que ese poder cultural colectivo haya sufrido metamorfosis y se exprese de modo más sibilino.

Alguien buscará, con toda razón, al final de esta descriptiva catarsis, las soluciones propuestas por el firmante. No las encontrará porque no las hay de inmediato. Son muy complejas, aunque posibles a largo plazo. Pero sí puede ofrecerse la exposición de omisiones que evitar, prejuicios que desechar, errores que corregir y, de modo positivo, cimientos que enraizar.

Podríamos, ante la ajena opinión pública española, proponer lo siguiente: 1) Aceptemos que lo del tren digno es sólo la exhibición pública de una evidente falta de solidaridad entre todos los españoles, fácilmente corregible si hubiese el mínimo respeto debido a Extremadura. 2) Es evidente que ese debido respeto ya no es recabable por las vías que ahora recorre la reivindicación oficial extremeña: la paciencia, el tono infantiloide de la protesta (llorando), la blandengue sonrisa de la comprensión y la aceptación insumisa de la burda mentirosa promesa, que había que sustituir por una obligada reacción social, aún ni solicitada ni excitada, en ningún caso subordinada, ni formulada por los cauces institucionales normales, agotados hace mucho tiempo. 3) Esa solidaridad puede exigirse tras un incuestionable análisis de eficacia en la propia gestión política, lo que necesita un exigente ejercicio de autocrítica, inexistente en el poder regional actual. 4) Una reivindicación seria requiere un novedoso talante, sólo aportable en la conjunción de un nuevo empuje juvenil y un sereno aporte intelectual, ajeno al cinturón oficialista que aprisiona la verdadera protesta extremeña. Y 5) La escasa e impotente sociedad civil extremeña debería impulsar la creación de un ente jurídico, a nivel nacional, a semejanza de un Comisariado para la Raya de Portugal, independiente de la Junta de Extremadura, e integrado por expertos en desarrollo regional, libres e independientes de dentro y de fuera de nuestra comunidad.

Todo esto sólo pudiera entenderse bien con explicaciones mucho más amplias, lógicas, realistas y convincentes, siempre difíciles de entender y aceptar. Mientras tanto, el sufrido pueblo extremeño sólo se expresará como hace el poeta pacense, eximio pero triste, que identifica nuestro grito con el trino de "golondrinas sin alambre".

Enrique Sánchez de León Pérez fue ministro de Sanidad y Seguridad Social en el gobierno de Adolfo Suárez tras las elecciones generales de 1977.

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