Extremadura y Cataluña

Salvo que estemos todos prevenidos y tengamos las ideas bien estructuradas, la facilidad y la frivolidad con las que se cruzan argumentos fraudulentos desde hace 30 años entre autonomías cuando se trata de abordar el complejo asunto de la financiación, puede llevar a que algunos en España pierdan la perspectiva mínima necesaria para un diagnóstico sensato y con sentido constitucional, de Estado, de nación y de país. Un diagnóstico sobre el que hoy, si me permiten, quisiera reflexionar.

Se trata de ser serios y despolitizar el dinero de todos los españoles. Y de recordar que la solidaridad entre regiones en nuestro país no es una función ejercida por los territorios entre sí, sino que corresponde al Estado que no se primen a unos sobre otros, porque es el responsable de garantizar que un ciudadano pueda recibir como español un mismo nivel de servicios fundamentales en cualquier región de España.

Desde este enfoque, la convergencia entre regiones no puede tener límites, como defienden parte de un sector de la izquierda y de la derecha que abrazan la ordinalidad, porque si así fuera se impediría que cualquier ciudadano pudiera recibir un nivel mínimo de servicios públicos fundamentales en cualquier lugar del territorio nacional. Al mismo tiempo, se obstaculizaría el principio constitucional de que todos los españoles tienen los mismos derechos en cualquier parte del país y, a lo que añadimos desde Extremadura, también las mismas obligaciones.

No me importa por ello que el concepto solidaridad, tan adulterado por el nacionalismo hasta casi convertirlo en un indeseable sinónimo de caridad, pueda ceder el relevo en el debate público al de convergencia. No en vano, la convergencia es el fin que persiguen las políticas europeas en materia de fondos. Convendrán conmigo en que si para Berlín o La Haya es deseable que Extremadura o Andalucía converjan en renta per capita con Renania o Frisia, más todavía debería de serlo para Cataluña.

No se trata en ningún caso, añado, de que todas las regiones consigan exactamente y al milímetro los mismos estándares materiales, como sostienen algunos en la Comunidad Valenciana. Se trata de modular las inversiones y el reparto de recursos para que los que han carecido de medios industriales históricamente, como Extremadura o Andalucía, podamos avanzar a ritmos superiores que nos vayan aproximando a aquellos que sí dispusieron en el pasado de los privilegios de políticas estatales favorables.

Técnicamente es una cuestión de suficiencia. El sistema de financiación tiene que garantizar la equidad en la prestación de los servicios fundamentales en todos los territorios, al margen de su desarrollo económico, y esa equidad solo se puede conseguir mediante la dotación de los recursos suficientes. Y se lo dice la comunidad con uno de los presupuestos autonómicos más bajos de España.

La LOFCA establece además que la actividad financiera de las comunidades se ejercerá en coordinación con la Hacienda del Estado, con arreglo a una serie de principios entre los que están: primero, la garantía de un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales, independientemente de la comunidad autónoma de residencia; segundo, la solidaridad entre las diversas nacionalidades y regiones, que consagran el artículo segundo y los apartados uno y dos del 138 de la Constitución; y, tercero, la suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de las comunidades autónomas. No puedo estar más de acuerdo.

En contrapartida, creo que es importante añadirlo, las autonomías en España debemos garantizar unas cuentas saneadas e impulsar las medidas necesarias que estimulen nuestra economía a la vez que garanticen la cohesión social dentro de nuestros territorios impulsando políticas sociales financiables para los que realmente lo necesitan. Porque las autonomías no solo tenemos derechos constitucionales con todos, también tenemos obligaciones con todos.

Conscientes de ello, en Extremadura, como saben, hemos sido rigurosos en estos dos primeros años de Gobierno. Y no ha sido nada fácil. Terminamos 2012 como la región con el déficit más bajo de España, tras recibir el segundo más alto del país en 2011. Fuimos los primeros en bajar los impuestos en 2013 tras estabilizar nuestras cuentas públicas, volveremos a hacerlo en 2014 si cumplimos los objetivos de crecimiento económico que nos hemos marcado y desde esa seriedad no es extraño que el BBVA asegure que en 2014 nuestra economía va a crecer un 0,9% y Standard & Poor’s anuncie ayer que Extremadura deja de ser bono basura para entrar en grado de inversión, al mismo nivel que la Comunidad de Madrid; para Fitch además ya somos la única región en el sur con atractivo para invertir.

El debate sobre financiación autonómica no termina en los números. Forma parte de un proceso de convergencia, porque se trata en realidad de un debate político de primer orden sobre las políticas que queremos impulsar. Un debate sobre qué regiones queremos y sobre en qué España creemos. Una España independiente y plural o una España dependiente y centralista. Ha llegado el momento en el que la derecha debe dejar de ser menos derecha, la izquierda menos izquierda y el nacionalismo, menos nacionalista. Llegó el momento en el que entre Extremadura y Cataluña prime la igualdad de derechos y obligaciones.

José Antonio Monago es presidente de la Junta de Extremadura.

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