Falseando la voluntad asesina de ETA

La política antiterrorista del actual gobierno se ha sustentado en una peligrosa manipulación de la realidad en torno a ETA. En primer lugar ha quedado absolutamente demostrado que el diálogo con la banda se inició y se mantuvo a pesar de que jamás se cumplieron los requisitos impuestos por la resolución del Congreso de mayo de 2005 en la que se exigía «una clara voluntad para poner fin a la violencia». En contra de toda la evidencia que confirma que desde 2002 representantes socialistas estaban ya en contacto con la organización terrorista, el propio presidente del gobierno aseguraba en 2004 lo contrario: «El partido socialista no ha mantenido ninguna relación con personas que puedan representar a la extinta Batasuna. No ha habido ni hay relación alguna, ningún diálogo» (El País, 24/4/2004). No obstante, la propaganda gubernamental utilizó esos contactos con la organización terrorista inicialmente negados, pese a su existencia hoy incuestionable, para argumentar después ante la opinión pública la supuesta voluntad de ETA de dejar la violencia. Junto a ese falso argumento de autoridad, otra idea fuerza se ha repetido insistentemente con el fin de conformar una opinión favorable a una negociación con ETA que se ha disfrazado bajo el eufemismo de un «proceso de paz»: la ausencia de víctimas mortales durante tres años. Sin embargo, la ausencia de asesinatos desde mayo de 2003 en absoluto evidenciaba una hipotética voluntad de ETA de no volver a asesinar, tal y como se desprende de la actividad terrorista mantenida en ese periodo que se detalla a continuación.

En febrero de 2005 la detención en Valencia de dos etarras frustró acciones terroristas que perseguían la muerte de varias personas, entre ellas «un cargo de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, bajo cuyo coche iban a situar una bomba lapa» (El País, 19/2/2005). Ese mismo día la prensa informaba de que otro etarra detenido en Basauri poco antes «había recibido la orden de cometer un asesinato y ya disponía de información sobre dos cargos públicos del PP y uno del PSE-PSOE». En octubre de 2006 la Audiencia Nacional condenó a Javier Pérez Aldunate a 41 años de prisión por planear un atentado contra Su Majestad el Rey durante la Semana Santa de 2004, así como por elaborar informaciones con fines terroristas sobre diversas personas. Estas detenciones, y otras informaciones como las que seguidamente se sintetizan, confirman que, al contrario de lo que la propaganda gubernamental ha mantenido, ETA no tomó en 2003 la decisión de dejar de matar.

Así lo corroboraba la documentación de ETA interceptada por las Fuerzas de Seguridad a comienzos de 2005 en la que los dirigentes de la organización terrorista ordenaban a sus subordinados la comisión de asesinatos que finalmente no llegaron a producirse gracias a éxitos policiales. Garikoitz Aspiazu, uno de los líderes de la organización terrorista, exigía en enero de 2005 lo siguiente: «Tenemos que poner muertos encima de la mesa cuanto antes. Teniendo en cuenta la situación política, las hostias que nos han dado y que íbamos a hacer un año sin tirar (matar) a nadie, una ekintza (atentado) vendría mejor que bien. Tendréis que poner patas arriba a un enemigo uniformado. En esta situación quedará de la hostia y nos dará mucha fuerza». Como la reveladora documentación etarra demostraba, la dirección de ETA deseaba cometer asesinatos y con ese fin había ordenado la recopilación de información sobre numerosos objetivos. La intención asesina era corroborada por la decisión de un magistrado de la Audiencia Nacional que en julio de 2006 ordenó la busca y captura internacional del etarra Garikoitz Aspiazu, al que el juez consideraba inductor de dos delitos de asesinato frustrado. En septiembre de 2003 el terrorista había ordenado asesinar a los miembros de una patrulla de la policía autónoma vasca, atentado en el que murió el etarra Arkaitz Otazua (El Correo, 20/7/2006).

A pesar de que el gobierno ha pretendido borrar la voluntad asesina de ETA falseando gravemente la realidad sobre sus actos, ninguna duda podía quedar tampoco sobre sus intenciones asesinas cuando en marzo de 2005 la desarticulación del llamado «comando Donosti» reveló que en febrero de 2004 dos terroristas de esa célula recibieron órdenes de matar a un subdirector de la prisión de Martutene y a un ertzaina. Estos atentados mortales no llegaron a materializarse porque los activistas regresaron a Francia tras la masacre del 11-M (La Vanguardia, 29/5/2005). Otros atentados terroristas perpetrados antes del «alto el fuego» de marzo de 2006 reiteraban la voluntad de ETA de asesinar, tal y como aseguró Javier Balza, consejero de Interior del gobierno vasco, tras un atentado perpetrado en enero de 2005 que calificó como «indiscriminado» y «que buscaba causar víctimas». Se refería así a la explosión en Getxo de un coche bomba que los terroristas rellenaron con clavos, junto con una ingente cantidad de explosivos, haciéndolo estallar en una zona urbana tras un aviso que dejó un escaso margen de tiempo para establecer un adecuado dispositivo de seguridad (El Correo, 19/1/2005).

Asimismo, el 1 de julio de 2003 ETA había intentado asesinar a los integrantes de una patrulla de la policía autónoma vasca, como recogía la siguiente información: «La banda terrorista ETA intentó ayer que los artificieros de la Ertzaintza cayesen en una trampa mortal al colocar un coche bomba con una desagradable sorpresa en su interior junto a una subestación de Iberdrola, en el barrio de Larraskitu de Bilbao. El vehículo guardaba en el maletero una olla con más de 15 kilos de titadine con un temporizador que fijaba la hora de la deflagración a las 14.45 horas. Sin embargo, los terroristas no dejaron activado el mecanismo porque su pretensión era otra: bajo la olla habían colocado un cartel con el mensaje: «Esta os la coméis vosotros, cabrones», y bajo el mensaje habían ocultado un sistema de activación formado por una ampolla de mercurio, que hubiera provocado la activación de la bomba cuando los artificieros la hubieran movido para extraerla» (El Mundo 2/7/2003). El 24 de diciembre de ese mismo año de nuevo la acción policial impidió que estallasen los explosivos colocados por ETA en el Intercity Irún-Madrid, atentado por el que Garikoitz Arruarte y Gorka Lorán recibieron 184 penas de 15 años de prisión cada una como autores de 184 homicidios en grado de tentativa.

Por lo tanto es innegable que, entre el asesinato de Bonifacio Martín y Julián Embid, perpetrado el 30 de mayo de 2003 en la localidad navarra de Sangüesa, y el de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, cometido en Barajas el 30 de diciembre de 2006, ETA preparó otros atentados mortales. Aunque ETA sí intentó asesinar en ese periodo, la política antiterrorista de Rodríguez Zapatero se ha sustentado en la negación de un hecho tan significativo como éste con objeto de obtener por parte de la opinión pública su conformidad con la decisión gubernamental de dialogar con la banda. Este factor ha sido utilizado para justificar una «nueva realidad social» con la que se ha llegado a condicionar el comportamiento judicial, actitud que todavía se mantiene a pesar de las acciones terroristas más recientes. En esa distorsión de los hechos se fundamenta tambiénla ficticia separación de intereses entre Batasuna y ETA con la que el gobierno defiende la impunidad hacia el brazo político de la organización terrorista evidenciada en su incuestionable y dañina legalización de hecho y en el condescendiente trato dispensado a sus dirigentes. Así ocurre a pesar de que ETA simplemente ha acomodado sus tácticas a una estrategia que mantiene inalterable. De ese modo la política antiterrorista sigue recurriendo al engaño, agudizándose la polarización política y social al tiempo que se alimenta una razonable falta de confianza en el gobierno.

Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.