Falta la reforma del Estado

El otro día, saliendo del acto de entrega del Premio Umbral a Manolo Longares, hice un amago de contarle a Esperanza Aguirre el angustiado comentario que acababa de soltar el presidente de Cantabria ante un grupo de directores de colegios: «Vamos desnudos, no tenemos un euro, no aguantaremos otro año así…». Más en forma que nunca, la lideresa tomó su habitual atajo interruptor -si ya sé lo que me vas a contar, para qué perder el tiempo en escucharlo- y me espetó sonriente: «Mira, yo soy la que mejor está… y estoy de puta pena».

Mientras se zambullía en su coche en una Puerta del Sol repleta de ansiedades, pensé que los hechos están dándoles dramáticamente la razón a quienes como ella, Aznar, Bono, Rosa Díez o Eduardo Serra, a través del Informe Everis, han alertado en los últimos meses de que el modelo de Estado autonómico apenas esbozado en la Constitución del 78 y materializado en la práctica mediante el expansionismo de las propias comunidades, se está convirtiendo en una insoportable rémora para España.

El afloramiento de este último medio punto adicional de déficit autonómico que ha llevado el del conjunto del Estado a un descomunal 8,51% en 2011, debería ser la gota que colmara el vaso. Por un lado, es evidente que Elena Salgado -hoy no merece ni la máscara de Calamity Helen, a ver si se le cae la cara de vergüenza- engañó al PP en el traspaso de poderes. El propio Zapatero se siente muy incómodo y cree que debe una explicación personal a Rajoy, pues avaló que el déficit estaría en todo caso por debajo del 7%.

Pero al margen de esta falta de transparencia que implica una grave quiebra de la responsabilidad del Gobierno anterior, lo esencial es que se ha corroborado la tendencia de los últimos años en los que tanto el déficit como la deuda autonómica están creciendo de forma galopante, a un ritmo superior a los de las Administraciones central o local.

Números cantan. Según la contabilidad nacional, mientras el déficit de la Administración central ha bajado del 9,4% de 2009 al 5,1% de 2011, en ese mismo periodo el autonómico subió del 2% al 2,94%. O sea, que mientras Zapatero recortaba un 56% el desfase fruto de su derroche anterior, las comunidades, insensibles a todas las alarmas disparadas, lo incrementaban un 48%. Y es muy significativo que las autonomías hubieran sido deficitarias incluso en los tres años gloriosos -2005, 2006 y 2007- en los que tanto el conjunto del Estado como la Administración central tuvieron superávit.

En lo que a la deuda pública se refiere, si tomamos como base el inicio de la crisis en aquel último trimestre de 2007 posterior a la caída de Lehman Brothers, vemos que la de la Administración central se ha incrementado un 83% y la de las autonomías nada menos que un 125%. Si tomamos como referencia el último año en que ya braceábamos a la desesperada, la de la Administración central subió un 14% y la de las comunidades autónomas un 22%.

Habiendo sido 2011 un año de elecciones autonómicas, nada tan fácil para los entrantes en junio como echar la culpa a los salientes y a la viceversa. Pero el hecho de que -aunque los gobiernos de los socialistas Montilla y Barreda se han llevado la palma de la irresponsabilidad fiscal- haya sido una comunidad gobernada antes y después por el PP como la valenciana, la primera en ver su deuda degradada al nivel del bono-basura, sugiere que aquí hay problemas transideológicos, inherentes a los vicios del sistema.

Mientras que el Informe Everis ponía el énfasis en la dislocación del mercado interior, el presentado hace un año por Faes anticipaba que el Gobierno central tendría «serias limitaciones para instrumentar la política de estabilización», que ya se preveía inexorable, como consecuencia tanto de la dispersión de los ingresos fiscales, como de la «falta de instrumentos eficaces para disciplinar el gasto» de las autonomías.

Aquel trabajo continúa siendo el mejor vademécum de cómo los efectos bautizados como fly paper (expansión continua del gasto), spillover (derramas colaterales o fronterizas) o soft budget (laxitud presupuestaria) han encontrado terreno abonado en unas comunidades autónomas que basan gran parte de su financiación no en el respectivo esfuerzo fiscal, sino en el maná de las transferencias pactadas cada cinco años con el Gobierno central de turno.

Consecuencia de todo ello ha sido que así como desde el comienzo de la crisis el número de funcionarios de la Administración central -militares y policías incluidos- ha subido en 33.000, hasta totalizar 533.000, el de las autonomías ha crecido en 201.000 hasta sumar la desorbitada cifra de 1.769.000, sin que en la mayoría de los casos se ofrecieran nuevos servicios a los ciudadanos.

La verdad última es aún peor: mientras que las comunidades destinaban de manera desafiante estos recursos materiales y humanos a la abierta «clonación de entidades u organismos para replicar la planta del Estado», al mismo tiempo iban gestando un sector público autonómico sumergido a base de miles de empresas, fundaciones y unidades de todo tipo cuyo agujero adicional se calcula en unos 60.000 millones.

El que buena parte de las comunidades destine más de un tercio de su presupuesto a gastos de personal es bastante elocuente de la ineficiencia de un modelo excesivamente descentralizado. No en vano España es con diferencia el país de la UE en el que el gasto público regional tiene más peso en el PIB, superando en casi cinco puntos a un Estado federal clásico como Alemania. En cambio, el gasto público de los ayuntamientos, una instancia menos impregnada de fantasías identitarias y más en contacto con los problemas reales de los ciudadanos, es el más bajo de los 25, junto a los de Portugal y Grecia.

Los signos externos de este disparate insostenible están bien a la vista. En España hay 77 universidades -algunas de ellas con campus múltiples porque, claro, no es cuestión que los chicos de Tudela tengan que desplazarse 70 kilómetros para estudiar en la remota Pamplona- donde en 1975 había 28 y hoy bastarían 40. En España hay 13 televisiones autonómicas que cuestan 2.800 millones al año y que sumados a los 1.200 de RTVE suponen nada menos que 4.000 millones en mucha propaganda y poco servicio público. En España hay 12 defensores del pueblo autonómicos sin utilidad alguna, consejos consultivos, tribunales de la competencia que no vienen sino a entorpecerla y, por supuesto, una voraz clase política encabezada por los 1.228 diputados de los 17 parlamentos autonómicos que, según un informe de nuestro colega ABC, gastarán este año 400 millones para «legislar diarreicamente» -Eduardo Serra dixit-, produciendo seis leyes por semana.

Que hasta ahora la única gobernante que haya tenido la valentía de cerrar una televisión pública haya sido la presidenta del Consell de Mallorca Maria Salom, o que los defensores del pueblo autonómicos tuvieran los bemoles de reunirse recientemente para sellar el acuerdo de defenderse a sí mismos con los sillones bien pegados al culo, son dos elocuentes indicios de lo estéril que es esperar que el sistema se autorregule de forma significativa, ni siquiera en una situación desesperada para las finanzas públicas como ésta.

El Gobierno de Rajoy parece fiarlo todo a la Ley de Estabilidad con sus límites y sus mecanismos sancionadores para las comunidades que los vulneren. Pero al margen de que sólo en 2020 está previsto imponer algo parecido al equilibrio presupuestario, ya hemos visto a escala europea la inutilidad de tratar de intervenir cuando lo irremediable ya ha sucedido. Sería lamentable que mientras en la UE se camina hacia una armonización de las políticas económicas de los estados miembros, en España se permitiera a las comunidades seguir jugando a la ficción de la soberanía financiera.

Como bien dijo Aznar al presentar el informe de Faes, «pensar que basta con seguir haciendo política de vuelo corto con el modelo autonómico, sería sencillamente dar la espalda a los problemas». El punto crítico de las previsiones económicas que acaba de presentar Rajoy bajo la mirada recelosa de Bruselas es el recorte del déficit autonómico en unos 15.000 millones. Si los mercados nos castigan a partir de mañana, será por el escepticismo que produce ese empeño. Es verdad que el Gobierno central tiene la llave del endeudamiento, pero las comunidades han desarrollado todo tipo de trucos para mantener su glotonería estando oficialmente a dieta; y en el mejor de los casos nos encontraríamos con el súbito adelgazamiento de quien, conservando el mismo traje, no espera sino a que el endocrino se dé la vuelta para recuperar peso.

No basta adelgazar. Hay que cambiar de traje. Por eso urge que Rajoy modifique sus planes, mueva ficha y lance al ruedo el toro de la reforma del Estado. Es decir, que además de reformarnos a los ciudadanos en tanto que contribuyentes (arrebatándonos hasta un 12% de nuestra renta disponible), asalariados (reduciendo notablemente los derechos por despido y facilitando la rebaja de sueldos) y consumidores de servicios públicos (recortando prestaciones a diestro y siniestro), los políticos se reformen también a sí mismos, podando drásticamente el frondoso entramado que alberga los nidos de su poder.

Esto implica que el PP desempolve su programa de 2008 y promueva otra vez la reforma de la Constitución, invitando al PSOE a retomar su propia posición de 2004. En algún cajón de Moncloa debe seguir esperándoles a ambos el dictamen encargado por Zapatero al Consejo de Estado en el que se propone «la superación de la apertura del modelo autonómico».

Es cierto que introduciendo en el actual modelo «más evaluación, transparencia y rendición de cuentas» podrían ahorrarse a medio plazo hasta 24.000 millones como sostiene un solvente informe de UPyD. Pero ha pasado la hora de las medias tintas. ¿Por qué no promover listados excluyentes de competencias, leyes armonizadoras en la línea de lo que intentó hacer la LOAPA, eliminación de duplicidades a través de la llamada Administración única, fusiones entre comunidades autónomas, supresión de diputaciones, agrupación de municipios, mecanismos de corresponsabilidad fiscal y control presupuestario previo sobre todas las administraciones, sometidas en definitiva al arbitrio de la soberanía nacional?

Sólo una reforma constitucional de esa envergadura nos cargaría de razón a la hora de pedir a la UE más tiempo para proceder a un ajuste escalonado del déficit y sólo una reforma constitucional de esa índole proporcionaría a Rubalcaba el suficiente protagonismo como hombre de Estado para no fiarlo todo a la desestabilización callejera del Gobierno. Si la jugada salió redonda en Alemania, ¿por qué no en España?

Rajoy está demostrando coraje personal y determinación política. Nadie duda ya que es un hombre de una pieza. Pero esta semana ha quedado claro, y se le ha notado hasta en la impotencia del timbre de voz, que a su proyecto le faltan envergadura y ambición para responder a la dimensión del desafío que encara. El déficit oculto de un Estado desmesurado y fuera de control ha comenzado a emerger ante él igual que Moby Dick surgió ante el bote de remos del capitán Acab. ¿Qué podían sus frágiles arpones contra la imponente inmensidad de aquella pared blanca?

Presentando a la ballena como reencarnación del monstruo marino Leviatán, Herman Melville quería hacer suya la prevención de Thomas Hobbes frente a la imparable tendencia expansiva del Estado. Para dejar constancia de la escala de la amenaza incluyó en su novela la siguiente descripción de la Teología Natural de Paley: «La aorta de la ballena es mayor de diámetro que la tubería principal de la instalación hidráulica del Puente de Londres, y el agua que ruge al pasar por esa tubería es inferior, en impulso y velocidad, a la sangre que brota del corazón de la ballena».

Pretender domesticar a la fiera, arponeándola con leyes superficiales es como tratar de detener a flechazos el avance por la pradera del gran caballo de hierro. Rajoy no tiene otra que sedar a la ballena, llevarla a la mesa de operaciones y cambiar por completo ese sistema hidráulico. Ojalá la próxima conmemoración del bicentenario de La Pepa le ayude a entender cómo la resistencia a reformar una constitución inadecuada para su momento histórico, es el camino más seguro hacia el desastre.

Por Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

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