Felipe VI en el Parlamento de Cataluña

Poco ha tardado el Parlamento de Cataluña en mostrar que el gesto de Artur Mas al negarse a aplaudir el discurso de Felipe VI no era una simple cuestión de protocolo o un asunto de mala educación. Con la abstención de los socialistas, los seguidores de Albert Rivera y el grupo de Convergència i Unió, la propuesta de consultar al pueblo español sobre la forma de Estado fue aprobada con el lógico respaldo de los proponentes, Iniciativa per Catalunya , y el apoyo de ERC y la CUP, y el solitario voto en contra del PP.

Resulta conmovedora, para empezar, la preocupación que tienen los separatistas catalanes acerca de la opinión de los manchegos, los asturianos o los extremeños sobre la monarquía o la república. No debería sorprendernos tamaña impertinencia, cuando los secesionistas llevan años –mucho antes de que CiU se inclinara por esta posición– votando en las Cortes los presupuestos del Estado y las leyes que afectan a personas a las que ni siquiera consideran compatriotas, en un acto vergonzoso de usurpación de soberanía. Vergüenza para los separatistas pero humillación para los afectados y despropósito del sistema, que quizás debería considerar que quien no se siente español no pueda estar en unas Cortes que constituyen la representación de la soberanía nacional.

Dejemos ahora en el campo gravitatorio de la perplejidad, la confusión permanente y otras formas de ir por el mundo a tientas que implica la abstención de Ciutadans y el Partido Socialista. La asfixia intelectual que sufre Cataluña ni siquiera permite evitar que algunas personas a las que respetamos acaben cayendo en el ridículo. Porque una fuerza que ha crecido y conseguido simpatías y representación parlamentaria saliendo en defensa del orden constitucional, como Ciutadans, se saca ahora de la manga una abstención ante la demanda de una consulta, que afecta a la modificación radical de nuestra Carta Magna. Y que en el marco en que se realiza la propuesta no es más que un torpedo lanzado a la línea de flotación, no de la institución monárquica, sino de lo que la Jefatura del Estado encarna en este momento: la unidad de España. No se estaba dirimiendo una cuestión de procedimiento, sino de la sustancia misma de nuestra democracia, de nuestra continuidad como nación .Y la respuesta no debía haber sido otra que la denuncia de todo el engranaje político, de todo él en su conjunto, que Iniciativa ponía en marcha en el Parlamento catalán.

Por su parte, los socialistas, en su esfuerzo por salir de la ambigüedad que los sepulta bajo olas de saliva demagógica han decepcionado de nuevo a quienes seguimos creyendo que su partido es indispensable para que España, incluyendo a Cataluña, recupere la pura y simple normalidad política. Es deplorable la falta de energía que han mostrado ambos grupos parlamentarios para dejar bien sentado que no se va a entrar al trapo de ninguna provocación secesionista. Como es de lamentar que ni unos ni otros hayan salido al paso de lo que es, por parte de los herederos de aquel PCE-PSUC responsable y sabio, sin complejo alguno de identidad, no solo un insulto a la inteligencia de la inmensa mayoría de los españoles, sino un desprecio a su propia tradición política. Dejemos, por fin, a CiU con su voluntad de no molestar demasiado a su base de clase media, conservadora, y, hasta no hace mucho, pragmática, a la que se le han inoculado dosis de infantilización y radicalismo que los antiguos pujolistas se empeñan en confundir con el rejuvenecimiento y la modernización. Tratar de definir la extraña trayectoria de esta fuerza política conduce a lo mismo que lleva el trabajo inútil: a la melancolía.

Resulta difícil creer que quienes han participado en esta votación inaudita no se han dado cuenta de que la cosa no iba de la soberanía del pueblo para decidir sobre la monarquía o la república, sino que constituía un eslabón más en la cadena de deslegitimación de cualquier institución española. Cuando se trata de esto, la abstención es una impostura, porque el coraje político no se columpia en la discusión sobre las formas, sino que toma tierra en el debate sobre los fundamentos. Quienes están en contra de la secesión en Cataluña tenían la oportunidad de ir al fondo del asunto y decir no, un no rotundo y elocuente, a ese indeseable cántico al desbarajuste institucional y a la quiebra de la legalidad que se ha convertido en la música ambiental de la política catalana. Aquí no estamos ante una demanda de impulso democrático, sobre el tipo de Jefatura del Estado deseable, sino ante la obscena impugnación de un andamiaje institucional construido por los españoles con tanto esfuerzo como voluntad de perduración y perfeccionamiento.

No en vano, la proposición de Iniciativa per Catalunya lo mezclaba todo: la ruptura de la legalidad por el agotamiento del modelo constitucional vigente, el derecho a la autodeterminación de Cataluña, la propuesta de un referéndum sobre la monarquía. Y lo que ha acabado por expresarse es una demanda que solo cobra sentido en el momento en que se impugna la unidad de España y las bases de nuestra convivencia nacional. En cualquier otra circunstancia, una votación de este tipo en el Parlament habría resultado inconcebible. De poco sirve la reflexión cuando nos movemos en el campo de la exhibición estética. De poco sirve la necesaria relativización de unas elecciones europeas que, de ser tan significativas –aparte de inquietantes– habrían supuesto la disolución de la Asamblea Nacional francesa y la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales, ya que uno de cada cuatro votantes galos ha elegido el Frente Nacional de Marine Le Pen.

¿Qué habría ocurrido en España si el primer partido hubiera sido el que encabeza el señor Pablo Iglesias? No es que los políticos franceses tengan nervios de acero o apego al cargo: es que tienen un envidiable sentido de Estado que procede directamente de una larga tradición democrática. Llevan, y habrá que recordarlo, casi sesenta años con la misma Constitución, nacida en las turbulencias de la guerra de Argelia y el golpe del general De Gaulle, sin que a nadie se le haya pasado por la cabeza proponer su caducidad.

Pero España se empeña en mantener una absurda excepcionalidad que en poco nos beneficia. Se empeña en convertir la inmensa madurez de los ciudadanos que hicieron una Transición ejemplar en la demencia infantil que ha prendido en personas a las que se ha confiado nada menos que el futuro de nuestras pensiones, la eficacia de nuestro sistema sanitario o la calidad de nuestro régimen educativo. Esas mismas personas deberían poner todo su ánimo en devolver a los españoles su autoestima como nación, que ha quedado gravemente mermada por una crisis espantosa, cuya responsabilidad puede achacarse a una izquierda socialista lo bastante ingenua como para tratar de hacerle trampas al diablo antisistema.

Una parte de nuestra clase política está perdiendo a grandes zancadas su autoridad y su legitimidad, en efecto. Pero no es la que defiende nuestras instituciones. Es la que ha instalado a los impugnadores de España, a través del secesionismo, de la ultraizquierda o de ambas cosas a la vez, en el espacio de una respetabilidad que se les niega en toda Europa. En Occidente, tales fuerzas y tales individuos no son más que el precipicio junto al que discurre el camino de la democracia. Son el abismo que la pericia del conductor y la serenidad de los viajeros sufren como un molesto accidente del paisaje, como una severa llamada a la prudencia, como un grave recordatorio del cumplimiento del deber.

Fernando García de Cortázar, director de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad.

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