Felizmente inconformista

Por Imma Mayol, tercera teniente de alcalde de Barcelona y vicepresidenta de ICV (EL PERIÓDICO, 27/01/07):

No sin cierta sorpresa observo cómo en poco más de 48 horas se me ha transformado la vida. De pronto, leo y escucho por todas partes que procedo de familia terrateniente, que vivo en el paseo de Gràcia y que tengo incontables propiedades por media geografía española, incluida mi querida Mallorca. ¡Una semana más y podré competir en fortuna con Bill Gates! Y todo por haber expresado, en el contexto distendido de una entrevista televisiva, opiniones que han levantado un revuelo que solo puedo atribuir a la proximidad de unas elecciones y a la voluntad de algunos partidos de instrumentalizar mis palabras para intentar situarme en el terreno de la frivolidad o la incoherencia. Solo las buenas perspectivas con que ICV-EUiA afronta esos comicios explican el ensañamiento con el que la derecha política y mediática se ha apresurado a desplegar sus ataques, a menudo descalificaciones y mentiras, contra mí.
Soy consciente de que las distintas acepciones del término antisistema, contaminado por las connotaciones de quienes lo han vinculado a actitudes o actuaciones vandálicas, han podido generar equívocos. Pero también estoy convencida de que quien haya escuchado mis afirmaciones sin malicia o sin la intención de sacarles partido habrá entendido perfectamente lo que dije.

Y LO QUE DIJE no es diferente de lo que he defendido siempre. Con 30 años de militancia en el PSUC y en ICV, me enorgullezco de pertenecer a una fuerza política que se ha reivindicado de lucha y de gobierno, que no está en las instituciones para acomodarse, sino para transformar la realidad, una pretensión tan legítima como la de los que prefieren conservarla. Junto con quienes en estos días han participado en el Foro Social, en Nairobi, yo me sitúo en el inconformismo frente un mundo que aún tiene mucho de injusto e insostenible, un mundo donde no todos pueden definir y realizar su proyecto de vida, y es esto lo que rechazo del denominado sistema. Trabajar para transformarlo es mi razón de ser política, desde el partido, desde las instituciones, desde mi militancia feminista, en contra de un sistema sustentado sobre los pilares de los valores patriarcales. Pero siempre desde el escrupuloso respeto a la legalidad vigente; no me imagino que alguien pueda cuestionar mi condición de demócrata. Desde la abolición de la esclavitud hasta la regulación del matrimonio homosexual, los grandes avances sociales son deudores de quienes un día se rebelaron contra el sistema vigente y lucharon por conseguir que lo que entonces era transgresión hoy sea norma.
Tampoco es ninguna novedad decir que estamos a favor de despenalizar la ocupación. Así lo defendimos en el Congreso de los Diputados en 1998 –justo es decir que con el apoyo de ERC y PNV–, y así lo hemos reiterado coherentemente en todos los ámbitos donde se ha debatido esta cuestión. Creo que no se puede tratar como delincuentes ni castigar con penas de prisión a las personas que por vía pacífica ocupan espacios abandonados o largamente deshabitados, a veces con fines especulativos, y les dan una función social. Algo que no tiene nada que ver con la usurpación del domicilio de un ciudadano que hemos conocido estos días y que he calificado públicamente de inaceptable injusticia.
El intento de afrontar los problemas sociales a través del Código Penal se ha evidenciado como algo erróneo en reiteradas ocasiones, y así lo fue también con la inclusión de la ocupación en el año 1995 que, lejos de tener un efecto disuasorio, contribuyó a criminalizar al colectivo. Creo que, como se ha demostrado en Francia, Inglaterra o Holanda, el diálogo y las políticas de proximidad son instrumentos necesarios para abordar un fenómeno tan complejo y diversificado, y creo que la legislación civil ofrece los suficientes mecanismos para resolver las situaciones que requieren intervención judicial. Solo el uso de la violencia, que repruebo rotundamente, justifica a mi parecer la utilización de la vía penal ante del fenó- meno okupa. No hablo de legalizarlo, sino de utilizar el Derecho Civil –como en la práctica hace la justicia en la inmensa mayoría de casos– como un instrumento suficiente y proporcionado para la protección del derecho constitucional a la propiedad privada.

NO HAY QUE olvidar que la misma Constitución contempla la función social de esta propiedad, y recoge también el derecho a una vivienda digna, desgraciadamente no tan sacralizada como el primero. A fin de que el cumplimiento de este derecho no sea una mera ilusión, al margen de las políticas paliativas que impulsamos desde las administraciones locales, se necesitan reformas estructurales dirigidas a resolver la que hoy es una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad.
En esta dirección se inscriben las propuestas de reforma de la fiscalidad, que incomprensiblemente todavía prima la propiedad por encima del alquiler, o las políticas de alquiler forzoso y de desincentivar las propiedades vacías que plantean los gobiernos vasco y catalán. Si de verdad defendemos el derecho a la vivienda, no podemos permitir que en el conjunto del Estado español más de un 14% de las viviendas –y no cuento las segundas residencias– estén deshabitadas mientras se sigue construyendo desaforadamente y los esfuerzos económicos de la población por acceder a un piso crecen ilimitadamente.