Que la vida se parece bien poco a las películas, por si no lo sabíamos, nos lo ha confirmado el menesteroso proceso de distribución de las vacunas. Si fuera como el cine, apenas desarrolladas, veríamos multitudes –en un plano general o en una pantalla subdividida en celdas– vacunándose en los cinco continentes. En apenas una semana, asunto resuelto. Pero no, tampoco esta vez, la vida se parece al cine. Y en Europa aún menos, donde, superadas las primeras horas de autocomplacencia, parece que nos resignamos a verlas venir.
Confieso que me costaba entender la autocomplacencia científico-técnica. Recuerdo recibir burlas sobre la vacuna china… desde un teléfono Huawei y en la misma conversación en la que se daba por supuesto que los chinos estaban en condiciones de implantarnos un chip. Descartadas las hipótesis racistas o nacionalistas, no encuentro explicación para tantas risas. Advertencia para desinformados: no hay «la vacuna china», sino varias vacunas chinas, entre ellas la de Sinovac, una compañía que cotiza en el NASDAQ.
Dejaré las conjeturas para mejor ocasión y me centraré en algunas enseñanzas del penoso proceso de distribución. Lo primero es determinar quién debe recibirlas, precisar el criterio. A la hora de abordar esa cuestión conviene acordarse de la reflexión de uno de los premios Nobel de economía más justificados, Thomas Schelling, cuando hace unos 15 años nos tranquilizaba ante los temores a la proliferación del bio-armamento: cualquier virus lanzado a «los enemigos» acabaría, más temprano que tarde, extendiéndose por el mundo y, por tanto, también entre las propias filas. La enseñanza: las enfermedades infecciosas no atienden a patrias o identidades. La implicación: además de razones de principio, tenemos razones prácticas para vacunar a todos. Las primeras, las de principio, ya las practicamos dentro de las fronteras: asignamos las vacunas según la urgencia o la necesidad, no según la capacidad de compra o la identidad. Nadie es más que nadie. Son las mismas razones que nos llevan a no subastar los órganos para trasplantes. Mejor la cola que el mercado. Las razones prácticas, poco a poco, van calando: de poco sirve prevenirnos nosotros si el virus, despendolado por el mundo, muta y afina sus estrategias de supervivencia.
Lo sorprendente es la naturalidad con la que aceptamos que las buenas razones tienen un radio de acción limitado, que solo cuentan para los nuestros. Al otro lado de las fronteras se imponen la fuerza o el dinero: la vacuna para quien se la puede pagar. Y no hay manera de compatibilizar los dos criterios, los justificados racionalmente, como la igualdad y la universalidad, y los que se sostienen en el dinero.
Por supuesto no ignoro cómo funciona el mundo. Con todo, aunque no está ya uno en edad de tirar de los sortilegios retóricos para resolver los desajustes entre cómo son las cosas y cómo debieran ser, tampoco ha llegado a aquella otra en la que opta por el «que os den». Si acaso, en estos asuntos, sabemos cuál es la mejor manera conocida hasta ahora de mitigar las contradicciones entre los buenos principios y los desnudos intereses: ampliar nuestro círculo de ciudadanía, de justicia; ir reduciendo fronteras en aras de la igualdad y la democracia. Por eso algunos apostamos por Europa y señalamos la miseria del nacionalismo.
Además de los principios, que rigen la asignación de las vacunas, debemos abordar el cómo, las instituciones, la distribución. Para quienes confunden la planificación con el socialismo, las respuestas al virus resultan muy de izquierdas. Nada de orden espontáneo. Lo han sido hasta ahora: rastreos, aislamientos, cierres perimetrales, controles de fronteras. Y lo están siendo también a la hora de distribuir las vacunas. Fuera de piruetas de pizarra, como el sistema de subastas (p.e. el Vickrey-Clarke-Groves), la planificación parece el mejor procedimiento para gestionar la vacunación. Sí, ingeniería social, como lo está demostrando, por ejemplo, Israel. La planificación que también está en el origen de las vacunas, impensables sin equipos de investigación que colaboran, diseñan pruebas, seleccionan poblaciones, vigilan su evolución y controlan el cumplimiento de instrucciones. Y también de instituciones públicas que supervisan la calidad del producto. Ya ven, el maldito Estado: eso que no quieren entender los youtubers y su corte de palmeros. Unos, porque les conviene; otros, porque no dan más de sí.
El otro reto institucional, previo, es la producción, regida por el sistema de patentes. Ante el cuello de botella, Pablo Iglesias, en su oceánica ignorancia, tiró de una variante del «exprópiense». Con esa propuesta confirmó que, ahora a cargo del presupuesto, sigue instalado en la asamblea universitaria. Como tantas otras veces, con sus tonterías acaba oficiando como aliado objetivo del capital, para decirlo en su jerga. Con su trazo grueso, entre otras cosas, impide una discusión genuina acerca de los límites de la propiedad privada. Esta no es un derecho natural. No es la relación entre una persona y una cosa, sino la relación de varias personas con las cosas: uno (el propietario) está en condiciones de impedir a otros el pleno acceso a la cosa. Resulta inseparable de una trama institucional –de una decisión colectiva– que permite al propietario ciertos usos (aceptables), pero no todos. Uno no puede, en su casa, tapiar el balcón o guardar sustancias peligrosas. Tampoco podría comprar las vacunas y, porque son suyas, tirarlas al mar. O retenerlas, a la espera de que se disparen los precios. La propiedad, salvo para liberales primitivos, que ya quedan pocos, menos en los minutos de economía de las radios, encuentra su mejor justificación en sus resultados; porque, por ejemplo, al garantizar un saludable sistema de incentivos, propicia el bienestar colectivo. Si no puedo obtener un provecho diferencial vinculado a mi esfuerzo, quizá no colabore. Por lo mismo, no es incondicional: si no cumple sus funciones sociales, pierde justificación.
Perdonen la digresión por el mundo de los principios (si quieren un recorrido histórico para confirmar que la propiedad tal como la entendemos es cosa de antes de ayer: R. Blaufarb, The Great Demarcation; si quieren uno conceptual, para comprobar que no es incondicional: P. Crétois, La part commune), pero creo que no está de más el recordatorio una vez se repara en que las limitaciones en la producción no derivan de constricciones técnicas, físicas, insuperables, sino institucionales. El debate sobre el alcance de las patentes de las vacunas, de su disfrute en condiciones de monopolio temporal por parte de las farmacéuticas, que las hace inaccesibles para los países pobres y que frena la disposición a aumentar las instalaciones productivas, tiene bastantes años y no faltan las propuestas que buscan compatibilizar la función última de las vacunas o los tratamientos con los incentivos (que para los investigadores no son fundamentalmente económicas, dicho sea).
El debate tiene matices que, desde luego, no se zanjan invocando los peligros de la inseguridad jurídica, un argumento vacuo porque la excepcionalidad del drama impide hablar de decisiones arbitrarias. Nuestro mundo, ante sus mayores retos, cuando emplaza la prosa de la vida, no ha dudado en resolver por la vía práctica los debates de principios. En estos meses más de una vez he pensado que, pese a lo que se ha abusado de la metáfora bélica de la guerra contra el virus, muy pocos parecen acordarse de cómo funcionaban las economías de guerra. Durante la I Guerra Mundial la planificación (Kriegssozialismus, socialismo de guerra) se impuso a ambos lados de las trincheras (lo que, por cierto, está en el origen de las modernas estadísticas económicas). Y otro tanto 20 años más tarde: en el Reino Unido, la Ley de Poderes de Emergencia del 24 de agosto de 1939 permitía al gobierno «imponer a cualquier persona la prestación de cualquier servicio requerido». Eso quería decir que las empresas, los edificios, las tierras de labor y hasta las menores propiedades quedaban a disposición del gobierno. No la firmaba un gobierno comunista, sino Churchill. Por supuesto, no estamos como entonces. Pero, para lo que importa, para la discusión de principio, da lo mismo. Y, después de todo, nosotros hemos cerrado el Parlamento y Churchill no.
Félix Ovejero es escritor y profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona. Su último libro es Sobrevivir al naufragio (Página indómita).