Era previsible que la financiación autonómica provocara escaramuzas entre dirigentes de comunidades autónomas. La desaparición del conflicto social del debate público ha convertido el conflicto territorial en el gran eje, y en ocasiones el único, de la política española. Pero la falta de referentes sociales está superando todas las previsiones. Y es el momento de recordar que en fiscalidad y financiación tenemos no uno, sino tres problemas interrelacionados. Un sector público con unos ingresos fiscales en relación al PIB de los más bajos de la zona euro. Una financiación autonómica construida a golpe de tacticismo y resistente a asumir la autonomía y la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, que son portadoras de intereses colectivos (balanzas fiscales). Y una financiación de las administraciones locales que depende en buena parte del uso intensivo y abusivo del territorio.
La base de la reforma de la financiación autonómica pasa por asumir que el actual sistema hace una asignación ineficiente e injusta de recursos entre comunidades autónomas y que ello tiene importantes consecuencias sociales. En las últimas décadas, mientras el diferencial de renta entre territorios se ha ido reduciendo sustancialmente, el diferencial de renta entre personas no ha seguido el mismo camino. Es la prueba que nuestro sistema fiscal y de financiación no juegan el papel de redistribución social que le encarga la Constitución.
Ése es el enfoque que deberían hacer las izquierdas sociales y políticas. En el caso de Cataluña, existe un amplio acuerdo en reclamar más recursos, pero no todos decimos lo mismo. Mientras algunos piden mejor financiación y menos impuestos al mismo tiempo, otros planteamos un modelo de financiación y unas políticas fiscales más justas y suficientes.
Cuando CC OO de Cataluña plantea un nuevo modelo de financiación lo hace porque la situación actual deteriora gravemente el autogobierno de Cataluña y provoca una clara injusticia en términos sociales. La ciudadanía de Cataluña aporta como media el 122% de lo que aporta como media el conjunto de los españoles. Y esas mismas personas reciben para cubrir los servicios públicos que son responsabilidad de la Generalitat una cantidad que es el 96% de la media que recibe la ciudadanía española. En una u otra proporción eso mismo sucede con los ciudadanos de otras comunidades.
Ello no es sólo una consecuencia de la mayor riqueza relativa de los catalanes. Basta con analizar la distribución territorial de las recaudaciones de cada impuesto para ver que hay otras razones. El actual modelo de financiación rompe con el principio básico de "a cada cual según sus necesidades, a cada cual según su esfuerzo". Y hay que destacar que las consecuencias de este perverso modelo no afectan por igual a todos los ciudadanos de las comunidades autónomas castigadas por la ineficiente e injusta distribución de recursos. Los más afectados son las personas con rentas bajas, que como consecuencia de un sistema fiscal poco progresivo, que grava más los salarios y el consumo que el capital, se ven obligadas a hacer un mayor esfuerzo fiscal relativo. Mientras, como consecuencia del modelo de financiación autonómica, reciben menos recursos per cápita para cubrir servicios públicos básicos, como educación, sanidad o servicios sociales.
La falta de financiación de Cataluña impacta negativamente en la calidad de estos servicios, que revientan por las costuras, especialmente después de un incremento de la población de un millón de personas, que, además, no se tiene en cuenta para el cálculo en la distribución de los recursos.
Estas carencias afectan sobre todo a aquellos sectores sociales que más dependen de los servicios públicos, pues los que disponen de mayor capacidad económica pueden sortear el colapso acudiendo al sector privado, aunque eso signifique pagar dos veces. Hay pues muchas razones sociales y económicas de profundo calado social para abordar la reforma de la financiación autonómica de manera urgente.
El cambio de ciclo está provocando un incremento de las necesidades sociales y si no hay recursos públicos para cubrirlas aumentarán las tensiones sociales y los conflictos de convivencia, que, además, pueden adquirir forma de brotes xenófobos. Y la falta de financiación también lleva a las administraciones a adjudicar a terceros la prestación de servicios públicos en unas condiciones que propician una precariedad laboral extrema.
Es hora de dejar claro que el actual modelo de financiación no sólo provoca un conflicto territorial, sino que genera fuertes desigualdades sociales. Y como no es creíble que, para resolver una injusticia, deban mermarse los recursos a otras comunidades autónomas o reducirse la capacidad de la Administración central, ha llegado el momento de decirle claro a la ciudadanía que la solución a medio plazo pasa por garantizar la suficiencia fiscal del Estado en su conjunto y no por bajar impuestos.
Ése es el verdadero dilema. Y si se aborda no habrá solución a la financiación de las administraciones públicas y el conflicto social permanecerá latente, aunque en ocasiones aparezca en forma de conflicto territorial entre comunidades autónomas.
Joan Coscubiela, secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña.