Financiación y solidaridad interterritorial

Por Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la UB (EL PERIÓDICO, 08/05/08):

La propuesta catalana sobre financiación autonómica, que se desprende del Estatut de Catalunya, ha generado una fuerte polémica por cómo debe aplicarse el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas.
La existencia de gobiernos subcentrales con diferentes niveles de renta y/o de necesidades de gasto provoca desequilibrios fiscales interterritoriales que, básicamente, se corrigen con subvenciones de nivelación fiscal que intentan hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial. Se trata de evitar que las regiones con menos renta se vean obligadas a prestar un nivel de servicios inferior, o a pedir un esfuerzo fiscal más elevado a sus ciudadanos para prestar el mismo nivel de servicios. El objetivo de las subvenciones de nivelación es, pues, que las diferentes regiones puedan alcanzar un nivel similar de servicios públicos pidiendo un esfuerzo fiscal similar a sus ciudadanos. A través de estas fórmulas de redistribución de los recursos se reducen las distancias entre los territorios con más y menos renta o capacidad fiscal.

EN LA MAYOR parte de países federales, la nivelación es parcial, o sea, se reducen las diferencias entre territorios, pero no desaparecen del todo. Esto es lo que sucede en países como Canadá y Alemania. También hay que decir que en EEUU ni siquiera existen las subvenciones de nivelación entre los estados, y que en Australia la nivelación es completa: se reducen totalmente las diferencias fiscales entre territorios.
La fórmula de solidaridad que prevé el actual modelo de financiación autonómica conduce a una redistribución de recursos entre las autonomías muy deficitaria. Existe una sobrenivelación: las comunidades inicialmente con más renta acaban disponiendo, después de haber actuado los mecanismos de la solidaridad, de menos recursos por habitante que las comunidades con menos renta. Así pues, Catalunya, con una capacidad fiscal o PIB un 22% por encima de la media del conjunto de comunidades autónomas, acaba situándose en recursos por habitante un 5% por debajo de la media tras haber contribuido a la solidaridad.
En contrapartida, otras comunidades que a priori cuentan con una capacidad fiscal un 33% por debajo de la media acaban disponiendo de unos recursos por habitante un 24% por encima de la media después de que hayan actuado los mecanismos de nivelación. Este cambio de posiciones no tiene lugar en ningún otro país. En los sistemas federales, el criterio de solidaridad o equidad interterritorial que se aplica reduce las distancias entre los territorios con más o menos renta, pero no invierte las posiciones en términos de recursos por habitante en detrimento de los territorios más dinámicos.
Por lo tanto, la solidaridad interterritorial debe tener límites, como los tiene, y se acepta que los tenga, la solidaridad entre personas. La sociedad actual no aceptaría que, tras pagar sus impuestos, las personas con mayor riqueza contaran con menos ingresos que los individuos con renta menor. Se acepta, eso sí, que haya progresividad en la imposición y que los individuos ricos paguen más que los pobres. Ahora bien, provocaría una revolución fiscal el que después de actuar el sistema tributario, las personas ricas pasaran a contar con menos recursos que los pobres. Pues esto es precisamente lo que sucede en España a nivel territorial. Existen unos mecanismos de nivelación que redistribuyen en exceso y que pueden generar desincentivos al crecimiento económico, tanto por parte de los gobiernos financiadores (porque el crecimiento económico incrementa su renta y, por tanto, sus aportaciones a la solidaridad) como por parte de los gobiernos beneficiarios (porque su crecimiento aumentaría su renta y, por lo tanto, se les reducirían las transferencias).

LA LLAMADA propuesta catalana de financiación autonómica intenta corregir las deficiencias del actual sistema de nivelación entre las comunidades autónomas. Es una propuesta en línea con los sistemas de solidaridad que tienen los mencionados países federales. Una propuesta que establece un criterio claro y explícito de solidaridad interterritorial: todas las comunidades autónomas deberán poder prestar un nivel similar en los servicios esenciales del Estado del bienestar (en concreto, educación, sanidad y servicios sociales) si hacen también un esfuerzo fiscal similar. Los recursos destinados a estos servicios, que pueden representar entre el 65% y el 75% del total, se nivelan totalmente. El resto de recursos no se nivela, de modo que cada comunidad autónoma tendrá los recursos que le correspondan de acuerdo con su capacidad fiscal. Por lo tanto, como una parte de los recursos se nivela totalmente y otra no se nivela, el resultado es una nivelación parcial parecida a la existente en Canadá o Alemania.
La propuesta catalana no enfrenta a comunidades ricas y pobres; al contrario, es una propuesta solidaria en la medida que quiere garantizar que todos los ciudadanos del Estado, con independencia de su lugar de residencia, puedan disfrutar de niveles similares en los servicios que se consideran esenciales, como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Es una propuesta que corrige los resultados erráticos y desincentivadores fruto del actual modelo y que avanza hacia unos mecanismos de nivelación más transparentes y equitativos. En definitiva, es una propuesta federal y solidaria.