Un contribuyente soltero que obtiene 16.000 euros exclusivamente en rentas de trabajo, menor de 65 años, sin discapacidad, ni hijos, ni con ningún derecho a una deducción, en Madrid paga 864 euros y en la Comunidad Valenciana 911 euros, es decir, un 5,5% más.
Así de sencilla es la comparación fiscal más dramática entre Puig y Ayuso. Es decir, que muchos jóvenes con su primer empleo, y en general, las rentas más bajas tienen penalización en la Comunidad Valenciana.
Una Comunidad que está entre las cuatro con más presión fiscal de España junto con Cataluña, Asturias y Aragón.
Presenta, la Comunitat gobernada por PSOE, Compromís y Podemos un promedio del 21,7% sobre el promedio de la Unión Europea (UE) y 11,7% sobre el promedio de España.
Por contra, Madrid está 22,4 puntos por debajo del promedio de la UE y nada menos que 32,4 por debajo del promedio nacional. Datos del Instituto de Estudios Económicos.
Dicho de otra manera, las Comunidades que menos gravan a las rentas más bajas son Canarias y Madrid, con un tipo mínimo del 9%, frente al 12% de Cataluña o el 10% de la Comunidad Valenciana.
No se sostiene la cantinela de gobiernos sociales frente a los gobiernos del PP para ricos.
Sencillamente, es falaz.
Tampoco se sostiene el pueril intento de magia de humo del presidente Puig del impuesto a la capitalidad madrileña.
Cada capital ejerce obviamente de polo de atracción. Pero también ocurre con las capitales autonómicas y las provinciales en sus respectivos ámbitos.
De la misma manera que la solución no puede ser que Valencia pague un nuevo impuesto a Castellón y a Alicante, no se sostiene el canto al sol de la Tasa Puig a la Comunidad de Madrid.
Sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados (este último parece un impuesto técnico, pero es clave en la toma de decisiones comparativas en la inversión extranjera), y el resto del tramo autonómico, así como el impuesto de patrimonio, no son objeto hoy del análisis. Pero vaya por delante que sólo con su total supresión podremos avanzar en competitividad fiscal, actividad económica y finalmente, en empleo.
Cierto que Sánchez nos niega una financiación mínimamente aceptable, inversiones hídricas o de infraestructuras, y hasta una compensación transitoria.
Pero la culpa no es de los madrileños. Simplemente no lo es.
Gran parte de nuestras soluciones en el aún prometedor territorio mediterráneo, si los socialistas no terminan de hundirlo, está en ejercer nuestra propia competencia fiscal.
¿Qué tal si empezamos por quien más lo necesita?
Por supuesto que una reducción fiscal autonómica general, ayudaría a elevar nuestro maltrecho consumo en las rentas más elevadas, que seguirían pagando más que las bajas. Nadie discute la progresividad.
Pero empecemos, al menos, por las rentas más bajas.
No se puede acusar de competencia o dumping fiscal a Madrid, como si fuéramos una república bananera en busca de su enemigo exterior, mientras, como mínimo no empecemos por una fiscalidad social, la de las rentas más bajas, que son las que más lo necesitan en la Comunidad Valenciana, y en toda España.
Como en tantos otros asuntos (trasvase, financiación, infraestructuras), el avance ya sólo será posible con un gobierno liberal y reformista en España y en la Comunidad Valenciana.
Lo demás, ya empieza a sonar a trucos de feria.
La solidaridad fiscal empieza por uno mismo, señor Puig.
El enemigo del avance, el empleo y la igualdad, no lo tenemos fuera. Lo sufrimos cada día en casa.
Carlos Mazón Guixot es presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y de la Diputación de Alicante.