¿Fiscalidad? No frivolicemos con lo permanente

En el terreno económico, en esencia, a lo que estamos asistiendo, de nuevo, es a la particular incapacidad y mayor dificultad de España, o del conjunto desigual de sus autonomías, para bregar con un shock externo de gran envergadura. O incluso con la acumulación acelerada de dos de ellos, la covid y las consecuencias de la invasión de Ucrania.

Por supuesto, muchos otros países de la familia de las democracias occidentales padecen lo mismo. Pero el aspecto diferencial de España es que sus desequilibrios fundamentales (paro, tasa de inflación, crecimiento de deuda, productividad…) se deterioran más, y más rápidamente, cuando vienen mal dadas. Eso se debe, esencialmente, a que las estructuras e instituciones españolas, frágiles, inadecuadas o directamente suicidas no han aprovechado los momentos de bonanza para operar grandes reformas estructurales indispensables para acercarnos al funcionamiento de las democracias fuertes y sólidas, básicamente por razones políticas.

En estos momentos de azote desde el exterior, el debate urgente se centra en enfrentarse a la piramidal subida de los precios energéticos y, curiosamente, en nuestro ineficiente sistema tributario. Y aquí, a nivel de opinión pública y de lucha partidista, se hace un batiburrillo, se mezcla todo y nos encanta rasgarnos las vestiduras panfletariamente, sin saber muy bien cómo recoserlas. Proponemos aclarar algunas ideas básicas lejos del pánico y de la manipulación interesada.

En primer lugar, la subida vertiginosa de los precios de la energía es un doble problema urgente, urgentísimo, a lo que no se puede responder con propuestas de medidas estructurales. Uno, tiene el efecto de empobrecer súbitamente a sectores muy frágiles de la sociedad, consumidores de la energía y electricidad indispensable, y dos, resta competitividad y supervivencia a varios sectores clave de nuestro tejido productivo, es decir, amenaza con quiebras y más desempleo a corto plazo. Eso podría ser coyuntural, o no, pero ya sea para contrarrestarlo o ya sea para hacer soportable una transición hasta otra situación en que familias y empresas se hayan adaptado a un conjunto estable de altos precios energéticos, solo caben dos tipos de medidas perentorias: ayudas sociales a los vulnerables para evitar caer en la gran pobreza (energética y otras), por una parte, y medidas coyunturales de apoyo a determinados sectores empresariales muy energético-dependientes, por otra. Y conviene no mezclar las dos cosas ni los dos problemas a la hora de aplicar soluciones urgentes y momentáneas.

Hecho eso, será el momento de plantear la grave irresponsabilidad que ha supuesto no haber tenido un plan energético nacional sensato desde hace decenios, paliando el error «¿bienintencionado?» que supuso el parón nuclear de los 80 y adecuando la transición hacia la «economía verde» a los ritmos, posibilidades, tejido productivo, geolocalización y recursos propios que tiene España. No sirve para nada ser el cementerio social más ecologista del mundo mundial. En ese sentido, una Ministra que no da seguridad en cuanto a la prolongación de vida de las nucleares, que ¡prohíbe el fracking y la prospección de nuestros recursos mineros! Y que no impulsa intensamente, sino que obstaculiza, la conexión gasística con Francia y resto de Europa significa peligro. Esperemos que revise nuestras prioridades ante la nueva situación creada.

Pero volvamos a las medidas urgentes por el shock externo. Bajo el enfoque de paliar el brusco sobrecoste energético en sectores de actividad sensibles, la acción más inmediata, y se requiere inmediatez, es descargar el coste de combustibles y energía de todas las cosas que le gravan y no tienen nada que ver con la subida de la materia prima: tasas, impuestos, costes de emisión, déficit de tarifa, apoyo a renovables y lo que se les ocurra. Es técnicamente complejo, pero realizable a corto plazo. Marear la perdiz con cambios de sistema y medidas estructurales en la fijación de precios, a cambio de tardar en decidir lo obvio, no nos parece muy honrado intelectualmente.

Pero hete aquí que hablar de esa ayuda de emergencia fiscal se ha mezclado con otro de distinta envergadura y oportunidad, porque a río revuelto… Resulta que esas medidas de alivio temporal ante el azote externo serían indisociables de una rebaja general de impuestos ahora mismo. Y eso tampoco es muy honrado intelectualmente. Si no se puede acudir a la reforma profunda de nuestro modelo energético y eléctrico, pendiente y reivindicado desde hace lustros, ni siquiera a la reforma estructural de la formación de precios europea de la energía, para afrontar el tsunami que ya se ha desatado, tampoco es momento de proponer que la solución a nuestros males sea una reforma, orientada a la baja, de nuestro sistema tributario. Porque una rebaja general de la presión, o del esfuerzo, fiscal, en una Nación del euro coqueteando con la intervención, con una deuda ya descomunal y creciendo, con grandes desigualdades sociales, nunca puede consistir en bajar globalmente unos tipos impositivos. Necesita de otra reforma estructural pendiente, la reforma del sistema tributario global… y de las cotizaciones sociales… Y ello es aún más delicado y complejo que la reforma del sector energético, porque acarrea prejuicios ideológicos, cambios en la indispensable política redistributiva, considerar el desguace territorial de España y, a fin de cuenta, un modelo de sociedad detrás. Es mucho más delicado y complejo que adorar la equívoca curva de Laffer o trasladar una política regional exitosa a otras regiones muy distintas y más «necesitadas».

Paliemos inmediatamente el ataque brutal a la competitividad/ supervivencia de nuestros sectores afectados, pero, invitemos a la Sra. Montero o a las fuerzas conservadoras con prisa, a tomarse con calma otro tsunami como sería un vuelco inmediato de nuestro sistema tributario. En tiempos de tribulación no hacer mudanza… Dentro de quince días abusaremos de su paciencia hablando de Laffer y los diecisiete sistemas tributarios españoles.

Por Enrique Calvet, ex europarlamentario y Presidente de ULIS.

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