Flexibilidad y autonomía para la Universidad

EL Gobierno ha aprobado un real decreto que permite que las universidades puedan ofertar –con las mismas garantías y procedimientos actualmente vigentes y excluyendo los estudios que dan acceso a profesiones reguladas– grados entre 180 y 240 créditos ECTS, es decir, grados a cursar entre tres y cuatro años.

Se trata de alinear nuestra oferta universitaria con la de los principales países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tales como Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Bélgica o Portugal, que son también aquellos que generan más movilidad con nuestro sistema universitario y en casi todos los cuales prevalece este planteamiento flexible.

Por otra parte, esta flexibilidad en cuanto a la duración de los grados era la que reclamaban, cuando se implantó el sistema, los rectores de las universidades. En un documento de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) fechado poco antes de que se adoptara el sistema rígido de grados de cuatro años por el que optó España (junto a muy pocos de los 48 países del EEES: Turquía, Chipre, Georgia, Kazajstán, Ucrania, Rusia, Grecia y Armenia) se decía que «podría optarse por una posición más flexible en la que existieran grados entre 180 y 240 créditos. No está claro que todos los grados necesiten ni deban tener una misma carga de créditos».

NIETO
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Esta posición más flexible es justamente la que introduce el decreto. Con el añadido de que a la flexibilidad que introduce respecto a los créditos se agrega la flexibilidad –total– que concede a las universidades en cuanto a ofertar (o no) tales grados y en cuanto al momento de ofertarlos (o no).

En este marco, sinceramente cuesta entender algunas objeciones que desde distintos sectores se han planteado.

Así, sorprende la petición de una moratoria que han formulado mayoritariamente los rectores en la CRUE. Porque teniendo en cuenta que la norma no prescribe plazo alguno para ofertar los nuevos grados y másteres, así como que son las propias universidades las que toman las decisiones de ofertarlos o no, lo que las universidades parecen estar solicitando es una moratoria a sí mismas. Nada lo impide, desde luego. Pero nada lo hace necesario.

Argumentan los rectores que el objetivo de dicha moratoria es poder «aplicar esta normativa de una forma prudente, evitando la confusión de la sociedad en su conjunto y preservando de este modo la cohesión del sistema universitario español». Dicho sea con el mayor respeto a este posicionamiento mayoritario de los principales responsables de nuestro sistema universitario, la aplicación prudente no tiene a mi juicio tanto que ver con el tempo cuanto con el modo de aplicarlo.

La prudencia en este supuesto implica ajustar la carga de créditos a la adquisición de los conocimientos y competencias que permitan abordar un primer desempeño profesional satisfactorio en el campo de que se trate. Por eso se ha excluido de la posibilidad de ofertar libremente los grados de 180 créditos a todo el ámbito de las profesiones reguladas. No se trata de embutir en tres años una carga de conocimientos que hasta ahora se distribuía en cuatro. Se trata –allá donde quepa– de seleccionar lo medular para el grado, como hacen en todos los países que tienen implantado el sistema, y reservar al máster una mayor especialización.

En cambio, es razonable plantearse si esto empuja necesariamente a los estudiantes a cursar un máster, como algunos están señalando. Si atendemos a lo que sucede en países que implantaron exclusiva o predominantemente grados de tres años, la tasadetransición (proporción de graduados que continúan sin solución de continuidad estudios de máster) varía considerablemente entre países y áreas de conocimiento, pero en ningún caso supera el nivel del 40%. Parece depender fundamentalmente de las oportunidades del mercado de trabajo y del tipo de cualificación que el mismo requiera. Y en esta segunda dimensión, abrumadoramente, el requisito de titulación en aquellas ofertas que exigen un título superior suele ser el grado.

En todo caso, creo que la reflexión fundamental no puede soslayar la realidad de que, tanto desde el punto de vista de las competencias como desde el de la empleabilidad, la situación de nuestros egresados universitarios presenta un amplísimo margen de mejora. No pretendo afirmar –sería una puerilidad hacerlo– que por sí mismo este cambio opere un cambio radical en ambas dimensiones. Pero sí creo que introducir flexibilidad en la estructura de nuestra oferta universitaria no sólo tiene ventajas, sino que es una condición inexcusable para empujarla en la dirección correcta, pegándola más a la realidad del empleo y haciéndola más transitable internacionalmente.

Dejo para el final las objeciones que se plantean en punto a los efectos sobre la equidad. Aquí parten los críticos de la idea de que los grados de tres años van a expulsar de la Universidad a los estudiantes con menores posibilidades económicas porque tendrán que sufragar los mayores costes que suponen dos años de máster. El punto de partida es doblemente equivocado: ni, como hemos explicado, estos grados comportan necesariamente un máster ni este, en su caso, tiene que ser de dos años.

De hecho, la estructura del máster no se ha tocado: ya tenía en el decreto de 2007 una horquilla entre 60 y 120 créditos, y la va a seguir teniendo. Sólo se añade el requisito de que para entrar en un programa de doctorado se requieren 300 créditos entre grado y máster. Pero esto afecta sólo a la pequeña proporción de estudiantes que se orientan profesionalmente hacia la docencia universitaria o la investigación, y no a quienes abordan el máster como una especialización orientada a la inserción profesional.

De modo que desde el punto de vista del coste para las familias se producirá un ahorro sensible en todos los que opten por grados de tres años y no sigan hacia el máster (la mayoría). También ahorrarán respecto al coste actual quienes sigan grados de tres años y máster de un año respecto al coste actual de cuatro años de grado y uno de máster. Únicamente habría incremento de coste en los pocos casos en que se reemplazara un grado de cuatro años y uno de máster por un grado de tres y un máster de dos. Pero esta situación afectará a pocos estudiantes y se puede abordar de manera flexible mediante un planteamiento ad hoc de las correspondientes tasas.

El caso de Italia es muy ilustrativo. Un estudio de los profesores de la Universidad Católica de Milán L. Cappellari y C. Lucifora muestra cómo la introducción del grado de tres años ha provocado un incremento del 10% en el acceso a la Universidad de estudiantes de extracción socioeconómica desfavorable con buenos expedientes en la educación secundaria. Tras de ello parece estar el hecho de que la reducción del tiempo necesario para graduarse modifica sensiblemente los parámetros de elecciónóptima para esos estudiantes, que ven en los tres años de formación universitaria una inversión razonable de tiempo y dinero en relación con el retorno que esperan de la misma en términos de empleabilidad y salario.

En suma, esta reforma no es ni un capricho ni una improvisación. Llevamos discutiéndola cerca de dos años con los rectores y con las Comunidades, se ha planteado de forma enteramente dispositiva, sin plazos ni obligaciones, y tiene un claro objetivo de racionalización y mejora de nuestro sistema universitario. La Universidad y la sociedad toda se beneficiarán de este cambio.

José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte.

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