La educación superior española asiste a tres grandes cambios. En primer lugar, la disminución del número de estudiantes de entre 18 y 25 años y el aumento de estudiantes de mayor edad en formación continua, lo cual implica más demanda y mayor necesidad de financiación. En segundo lugar, la coexistencia de sistemas de financiación pública y privada, que dificulta la percepción de la educación superior como un servicio público, a pesar de que esta característica le es esencial, porque de ello depende que se pueda generalizar entre los ciudadanos el acceso al conocimiento con independencia de su procedencia social o geográfica.
Finalmente, la construcción del espacio europeo de educación superior se desarrolla en un contexto supraestatal que cuestiona el proteccionismo de los estados respecto de sus universidades, plasmado en sistemas públicos educativos protegidos con homologaciones de títulos, financiaciones a fondo perdido y plantillas de personal inamovibles.
Así, las universidades han de competir y cooperar hoy en un entorno mundial de alta flexibilidad y adaptabilidad, liberalizado, globalizado, organizado en redes, lejos de proteccionismos centralistas de corte medieval. La universidad de hoy debe pues flexibilizar su actividad docente, investigadora y de transferencia de tecnología. Flexibilizar la actividad docente es dar a nuestras universidades más autonomía para promover titulaciones que les permitan desarrollar su llamada tercera misión, esto es, contribuir al desarrollo económico de su área de influencia más próxima. Para ello es preciso acabar con la distinción entre títulos oficiales y propios y dotar a nuestras universidades de libertad para contratar a los mejores profesores, con independencia de si son o no funcionarios docentes.
También debemos exigir a nuestras universidades, a los máximos responsables de las mismas, mayor eficiencia y responsabilidad en su gestión presupuestaria, con una mayor implicación de los agentes económicos y sociales en estos centros formativos. Flexibilizar la actividad investigadora de nuestras universidades es garantizar una financiación estable, con objetivos definidos, que permita el trasvase de recursos humanos y de resultados universidad-empresa, que estabilice la carrera profesional de nuestros investigadores y que incremente el volumen de patentes generadas por nuestras universidades, espoleando su mentalidad empresarial para retornar a la sociedad lo que esta invierta en su sistema de investigación.
Estas ideas y no otras son las que han inspirado la tarea del Gobierno de la Generalitat de Catalunya surgido del Pacte del Tinell en el ámbito universitario. Ideas, con sus diarias acciones de gobierno subsiguientes, que, lamentablemente, han quedado sepultadas por el excesivo ruido mediático que ha acompañado al Gobierno tripartito. Ideas que es justo reconocer también como continuistas, en la medida en que se trata de propuestas ya iniciadas con éxito por anteriores gobiernos de Catalunya de otro color político, y porque son estrategias de profundidad, a largo plazo, en las que debe coincidir, no uno o más partidos políticos, sino toda una sociedad, empezando por la propia universidad.
Es justo saludar positivamente también como un avance, limitado, pero, a pesar de todo, avance, la modificación de la ley orgánica de universidades (LOU) impulsada por la ministra Mercedes Cabrera, con mejoras como la mayor capacidad de autorregulación de las universidades o la creación de la conferencia general de política universitaria. Es preciso, sin embargo, ir más lejos: menos intervencionismo, más autonomía, mayor exigencia de responsabilidad a los responsables de nuestras universidades.
Debemos superar esta etapa de arcaico control administrativo basada, por ejemplo, en la distinción absurda entre títulos propios y títulos oficiales, en la existencia de áreas de conocimiento, o en las limitaciones para disponer de profesorado no funcionario. Todo ello procurando, además, que la autonomía universitaria no se resienta por la legítima reivindicación competencial de las comunidades autónomas.
Si no perdemos de vista la urgencia de los cambios parciales que propone la reforma de la LOU, si estos constituyen solamente un primer paso y no una estación de llegada, podremos empezar a situar a nuestras universidades en la línea de una mayor competitividad que les permita trabajar más y mejor.
Y a pesar de que todo ello era deseable, es preciso reclamar, insisto, una mayor flexibilización del sistema, porque flexibilizar hoy nuestra educación superior es mejorar, es abandonar por fin nuestro aislamiento secular para confluir con Europa en la sociedad del conocimiento.
Ramon-Jordi Moles Plaza, Profesor titular de Derecho Administrativo de la UAB y exsecretario general de la Conselleria d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.