La cadena de suministro mundial de alimentos corre peligro. Esa fue la fuerte advertencia de un informe reciente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) acerca de la agricultura y el cambio climático. Ya abundan las señales. Cientos de millones de personas padecen hambre y desnutrición en todo el planeta, lo que su vez está causando las migraciones más masivas de la historia. Para que las personas se queden donde están, antes que nada es necesario el fortalecimiento de su derecho a estar allí.
El IPCC concluye que para mejorar la seguridad alimentaria en medio de un cambio climático en aumento será necesaria una revolución en el uso de la tierra. Entre otras medidas, los agricultores deberán implementar prácticas agrícolas (como una mejor irrigación, uso de terrazas y agrosilvicultura) que mejoren la resistencia a las condiciones climáticas, permitan conservar el suelo y los bosques, y eleven la producción.
Y, sin embargo, millones de habitantes rurales carecen de la estabilidad o las oportunidades para invertir en una transformación de este tipo, en gran medida debido a la inseguridad de sus derechos sobre la tierra. A medida que se intensifica el cambio climático, sus vidas se han vuelto cada vez menos sostenibles y su cadena alimentaria, cada vez más limitada. Muchas familias rurales apenas pueden sobrevivir, por no hablar de escapar de la pobreza.
Este problema es particularmente agudo en América Latina, la región del mundo con una distribución más desigual de los derechos de la tierra. Más de la mitad de los terrenos productivos del subcontinente está en manos de apenas un 1% de las fincas, y es muy poco probable que los campesinos e indígenas se beneficien de derechos más seguros a la tierra. Así, se quedan sin la posibilidad de aprovechar el que sería su recurso más productivo, o siquiera contar con seguir poseyéndolo.
En particular, América Central se ve asolada por la desigualdad de los derechos de la tierra y el hambre causada por el cambio climático. En el “Corredor Seco”, que pasa por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y representa la mitad de los pequeños agricultores de cereales básicos, cinco años de sequía persistente han acelerado la degradación del suelo, afectando gravemente las cosechas y la seguridad económica.
Se estima que en la actualidad 1,4 millones de personas necesitan ayuda alimentaria en el Corredor Seco, pero solamente 160.000 la han recibido. A menudo migrar, ya sea a áreas urbanas dentro de sus países o cruzando fronteras a ambientes donde haya mayor seguridad alimenticia, parece la única opción. No es casualidad que la mayoría de los miles de migrantes desesperados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos procedan de América Central.
Una migración de estas dimensiones tiene implicancias para los derechos agrarios y las áreas urbanas y rurales. Quienes migran a las ciudades suelen acabar viviendo en chabolas, sin acceso a una vivienda adecuada, por no hablar de servicios básicos, como transporte público, agua potable e higienización, escuelas y centros de atención de salud. Los chabolistas se enfrentan a altos riesgos de volver a ser desplazados, no en menor medida porque muy pocos pueden documentar sus derechos a la tierra.
A menudo, no tienen la opción de volver a las áreas rurales de donde vinieron, porque carecen de derechos legales y aplicables a las tierras que dejaron atrás. Quienes siguen en ellas se convierten en blancos de despojamiento por parte de propietarios más adinerados y poderosos, lo que deja a las familias sin más remedio que migrar. A medida que el cambio climático reduce la cantidad total de tierras cultivables, en América Latina y en todo el mundo se va intensificando el conflicto sobre las que quedan.
El problema es de gran alcance, pero las soluciones son claras: reformas legales que fortalezcan los derechos agrarios para las comunidades rurales. Con títulos seguros de propiedad de sus tierras, los campesinos tendrían la motivación y los medios para elevar la resistencia climática y la productividad, mejorando así la seguridad alimentaria para sus comunidades y países. Por supuesto, el apoyo enfocado en tales inversiones aceleraría este proceso.
Iniciativas así, impulsadas por muchos donantes, instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales (como Landesa, a la que pertenezco), podrían además romper el ciclo de la pobreza y llevar a mejores resultados económicos y de desarrollo. La reforma agraria fue el “ingrediente secreto” tras las economías “tigre” de Asia. El milagro económico chino se basó en títulos de propiedad individuales para los campesinos. Medidas similares han ayudado mucho a impulsar los ingresos rurales en todo el planeta, en regiones tan diversas como India, Ruanda y Kirguistán.
El Presidente estadounidense Donald Trump ha declarado como una “crisis de seguridad” el aumento de la migración desde América Central, señalando que su gobierno lo planea abordar mediante la detención de migrantes desesperados y la separación de padres y niños.
En realidad, lo que enfrenta Estados Unidos en su frontera sur es una crisis humanitaria que exige un abordaje positivo. En lugar de centrarse en la disuasión, el gobierno estadounidense y otros donantes de ayuda deben dar respuesta a las causas de origen de la migración, invirtiendo en programa de desarrollo que fortalezcan la seguridad económica y alimentaria, y eliminen la carga invisible que impone la falta de seguridad de los derechos de propiedad de la tierra a millones de desposeídos del mundo.
Chris Jochnick, CEO and President of Landesa, is the co-founder and former director of the Center for Economic and Social Rights and the Ecuador-based Centros De Derechos Economicos y Sociales. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.