Están a punto de cumplirse casi tres lustros de vigencia de la llamada ley de «memoria histórica». He seguido con enorme interés, ya desde su misma tramitación parlamentaria, esta ley que ha tratado de imponer una única verdad del complejo pasado de la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Ahora, cuando nos encontramos a las puertas del debate en las Cortes de una nueva vuelta de tuerca de esta tentación totalitaria, parecería lógico hacer balance de los resultados de dicha norma directamente vinculados con el dinero público destinado a la ejecución de sus políticas.
Con ese propósito, en julio pasado me dirigí al Portal de Transparencia para conocer estos datos y también otros que me parecían de interés como saber, por ejemplo, el número de españoles que combatieron en la Guerra Civil que aún sobreviven hoy. Por eso, una de mis preguntas al Gobierno fue el número de beneficiarios de las pensiones aprobadas al inicio de nuestra democracia para los que lucharon en las filas del bando republicano.
Así supe que en 2020 habían recibido sus pensiones un total de 125 compatriotas que durante la contienda formaron parte del ejército y de las fuerzas de orden público y de carabineros de la República. Si estimamos que puedan vivir aún un número similar de los que lucharon en el ejército franquista entre 1936-1939, los «últimos de la Guerra Civil» rondarían los dos centenares, la mayoría de ellos con un siglo de vida, tal y como he venido calculando a ojo de buen cubero en los últimos tiempos.
También quiero compartir con el lector otros datos interesantes para que sepa que siguen existiendo españoles que aún viven las heridas de la Guerra Civil en sus propias carnes. Me refiero al número de personas que recibieron pensión el año pasado por mutilaciones de guerra, bien por ser militares considerados mutilados útiles o bien por ser mutilados civiles. Los primeros suman 663 y los segundos, 1.078. No menos interesante es conocer que en 2020 hubo aún 6.068 personas beneficiarias de pensión por ser familiares de fallecidos como consecuencia de la contienda.
En cuanto a cifras relacionadas con las políticas establecidas por la ley de 2007, la secretaría de Estado de Memoria Democrática, vía Portal de Transparencia, me contestó que se habían expedido en estos trece años un total de 3.144 declaraciones de reparación. También me respondió que los antiguos combatientes de las Brigadas Internacionales a los que se les ha concedido la nacionalidad española suman un total de 23.
Y esto es todo lo que pude sacar de mis solicitudes de información al Gobierno, pues en lo que es el resultado, por número de víctimas exhumadas, identificadas o no, de las ayudas públicas libradas por el Ejecutivo para la exhumación de fosas, me encontré con una respuesta insólita. Han pasado nada menos que 44 años de democracia y tres lustros de la ley de «memoria histórica» para que al preguntar por las fosas de la Guerra y el franquismo te contesten desde Moncloa que hay cosas sobre las que no se puede preguntar...
Pero puedo entender que el Gobierno se sintiera incómodo con mi pregunta. Hace unos meses, calculadora en mano, llegué a la conclusión de que solo 7,1 millones de los 22,9 millones desembolsados entre 2006 y 2011 en subvenciones sobre «memoria histórica» fueron destinados a la búsqueda y exhumación de víctimas de la guerra y la dictadura. Es decir, solo una tercera parte de las ayudas fue para localizar y abrir fosas. Además, de la parte destinada a otras finalidades, nada menos que 4,8 millones de euros fueron destinados a regar con dinero público a fundaciones y asociaciones vinculadas al PSOE, IU, PCE, ERC, UGT o CCOO, proporcionándolas una financiación extra para sus actividades.
Lo que faltaba por conocer es que Moncloa no sabe cuántas víctimas han sido exhumadas desde 2006 con esas ayudas estatales. Así lo reconoció para rechazar mi solicitud de información, pretextando que para saberlo había que mirar uno a uno los expedientes, y que eso suponía «una acción previa de reelaboración», causa legal de inadmisión de la solicitud. Asimismo, me respondieron que mi petición tenía «carácter abusivo» porque había solicitado anteriormente información sobre la justificación -no sobre el resultado, que es muy distinto- de dichas subvenciones.
En definitiva, el Gobierno admite que ni sabe ni se preocupa por saber el número de víctimas exhumadas. Para colmo, me remiten al mapa de fosas del Ministerio de Justicia, del que no solo reconoce que está sin actualizar, sino que incluye también las fosas que exhumó Franco para trasladar los restos al Valle de los Caídos. Es difícil llegar a tanto bochorno.
Y ahora pretende convencernos Pedro Sánchez de que el asunto de las fosas va a ser una política de Estado con la reforma de la ley. Pues lo básico es que el Estado sepa los resultados de su política. ¿Cómo va a proponer ahora el objetivo de exhumar 20.000 víctimas -las que restan en las fosas, según el reconocido forense Francisco Etxeberría- si tampoco estamos seguros de que las vaya a contar?
Hace tiempo que se deshizo la monumental falsedad de que somos el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya. Lo que ahora somos de verdad, lamentablemente, es el único país del mundo donde el Gobierno te dice que, si quieres saber el número de víctimas exhumadas de las fosas gracias al dinero de los contribuyentes, las cuentes tú.
He excavado una fosa y he ayudado a la búsqueda documental de varias. Siempre he sido partidario de una política de Estado en relación con las fosas, y me remito a mi artículo en estas mismas páginas titulado Un memorial español. Por eso no me esperaba una respuesta a la defensiva por parte del Gobierno. Parece como si no entendiera la cuestión de las fosas como una asignatura pendiente del conjunto de la sociedad española, como lo ha venido asumiendo una creciente mayoría de los españoles, de izquierdas y de derechas. Pedro Sánchez ve toda la trágica historia de las dos Españas como su particular coto vedado donde seguir alimentando su uso sectario del pasado, en ese intento delirante de deslegitimación de sus rivales políticos en el sistema de la alternancia democrática.
Por fin hemos descubierto que el «nos interesa que haya tensión» equivale a un «nos interesa que haya ignorancia». Una declaración de principios que retrata fielmente, al fin y al cabo, la pulsión esencial del sanchismo.
Pedro Corral, periodista y escritor, es diputado del PP en la Asamblea de Madrid.